La sociedad dominicana muestra cambios que favorecen su desarrollo y su participación en procesos regionales y mundiales esperanzadores para el país. En este orden cabe nombrar su incidencia para movilizar la atención de líderes políticos y de gobernantes del continente hacia la situación de Haití. De otra parte, cabe destacar su participación en intervenciones y comisiones en la ONU en favor de los derechos de las personas y del impulso al patrimonio cultural de los pueblos. Estos son hechos loables que merecen reconocimiento y continuidad. La República Dominicana debe fortalecer y ampliar estas prácticas por el bien que suponen para el país.
Esta proactividad de nuestra nación en escenarios internacionales ha de volcarse hacia el interior de la República Dominicana. Debe hacerlo para intervenir, antes de que sea más tarde, en la situación que viven los adultos mayores en el país. Se observa, con pavor, la ola creciente de maltrato físico y sicológico a los adultos mayores, así como maltrato económico y social. A esta situación ha de añadirse la cantidad y la diversidad de agresiones verbales y de burla que los adultos mayores han de soportar en la calle y en el seno de la familia. Esta institución se ha convertido en un escenario insoportable para los adultos mayores. Por ello este problema se ha de asumir como prioridad nacional.
El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) está abrumado por la cantidad de denuncias de abusos y de agresiones contra las personas de estas edades. Ha de ser objeto de estudio por qué en el seno familiar se incrementa la violencia contra los adultos mayores. Se espera que este sea el lugar más seguro para estas personas. Por el contrario, hijos, nietos, sobrinos y otros parientes, se ensañan contra las personas envejecientes. ¿Por qué las personas envejecientes forman parte de la cultura del descarte en el país? ¿Por qué el maltrato a los envejecientes se recrudece en la calle y en instituciones y organizaciones? ¿Por qué no se revisan las políticas que deben protegerlos?
La Ley No. 352-98 sobre Protección de la Persona Envejeciente requiere una revisión profunda. Es necesario que se aplique la ley con el rigor que amerita. Ya la sociedad está cansada de una práctica y de un lenguaje propios de simuladores. Se requiere una acción sostenida y abierta en contra de los abusos que se están cometiendo en contra de los adultos mayores. Es un acto de justicia anticiparse a un trato cada vez más denigrante contra las personas de este sector. Este problema está vinculado al déficit educativo de la sociedad dominicana, a la precaria calidad de la educación del país. Pero, además, responde a una imitación irracional del comportamiento de otros países.
De los escenarios comprometidos con la violencia contra los adultos mayores, ha de ser objeto de seguimiento sistemático el entorno familiar. Es un problema grave que los envejecientes vivan en el seno de la familia como si estuvieran en el infierno. No hay derecho a que estas personas no encuentren sitio donde liberarse del acoso, del odio, del trato irónico y despectivo. No es justo que los adultos mayores tengan que luchar cotidianamente contra actitudes y prácticas hostiles, que los reducen a una mera cosa. Tampoco es humano que estén a merced de lo que buscan aprovecharse de lo que le es propio. La persona envejeciente necesita con urgencia otro trato en nuestro país.
El gobierno actual ha de proceder con más diligencia y oportunidad. Los adultos mayores constituyen una reserva importante para la sociedad. Aportan sabiduría, su saber histórico, su cultura. Por tal motivo, no pueden asumirse como una carga de la que hay que liberarse rápidamente. No pueden considerarse como personas que ponen en peligro la reserva económica. Mucho menos se han de considerar como sujetos que ponen en riesgo la sostenibilidad de la sociedad, de la familia y de las instituciones. Sus derechos no pueden ser conculcados por ningún poder, por ninguna persona. Es necesario que cuenten con respaldo. Nadie puede apagar su voz; sus derechos se deben ampliar y respetar.
La protección y el respeto para los adultos mayores no puede banalizarse. Hacerlo, tiene consecuencias humanas, éticas y culturales de alto significado. Hemos de parar el desprecio por estas personas merecedoras de afecto, de gratitud y de apoyo, por sus aportes a la sociedad, a la humanidad. El sistema educativo dominicano no puede continuar de espalda a problemas de esta naturaleza. Tiene que despertar y ponerle atención a las dificultades que afectan la integridad y la madurez de la sociedad dominicana. Este sistema no puede bordear los problemas que tienen potencialidades para convertir las relaciones de los dominicanos en experiencias monstruosas. Es inadmisible que los adultos mayores tengan que huir del contexto familiar y de organizaciones, simplemente por negligencia del Estado dominicano.
Los adultos mayores, sí. La cultura de odio contra ellos, no. Considerarlos como recurso residual, NO.