El señor presidente de la República, Luis Abinader, expresó hace varias semanas en un programa de radio que en su gestión de gobierno el único escándalo de corrupción de su gestión gubernamental que ha afectado el patrimonio del país ha sido el que se llevó a cabo en la Lotería Nacional. Según las auditorías realizadas y publicadas por la propia Contraloría General de la República a unas 19 instituciones públicas, se advierten una serie de irregularidades, vicios y violaciones a los controles internos, a la Ley 340-06, de compras, contrataciones y licitaciones públicas; actos de corrupción administrativa, de colusión, distracción y malversación de fondos públicos, entre otras, ascendentes a cientos de millones de pesos y hasta ahora no se observa la aplicación de un régimen de consecuencias a los implicados. Es bueno señalar que la Contraloría tiene una unidad de auditoría interna en las principales instituciones públicas.
Ha sido la propia Contraloría General de la Republica, la que usted tanto ha utilizado para promover la supuesta transparencia y persecución a la corrupción, la que ha denunciado la distracción y mal uso de los recursos públicos, los cuales forman parte del patrimonio del país, por lo que señor presidente, no ha sido el escándalo de corrupción de la Lotería Nacional el único que ha afectado dicho patrimonio, hay muchos otros escándalos de corrupción que lo han afectado pero que han sido subestimados, como la aberración expresada por el vocero de la presidencia de la República, señor Homero Figueroa y de todos los que como él han opinado, de que “las irregularidades y violaciones encontradas en dichas auditorías son simplemente administrativas, procedimentales y subsanables, que la mayoría de ellas ya han sido corregidas y otras están en proceso de hacerlo”, tratando con ello, querer tapar el sol con un dedo.
En dichas auditorías no se incluyen el escándalo de los semáforos del Intrant por más 1,300 millones de pesos, los escándalos en el Ministerio de Educación, los aumentos desconsiderados de los sueldos de los Directores de las EDES (Norte, Sur y Este); las constantes adendas a los contratos del Ministerio de Obras Publicas sin ningún tipo de pudor; las violaciones a la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones públicas, los cientos de miles de visas ilegales otorgadas a nacionales haitianos, cuyos recursos se quedan en los bolsillos de los “cónsules”; las mafias que operan en la frontera, que trafican con miles de mujeres haitianas embarazadas para que vengan a parir a nuestras maternidades y hospitales, consumiendo gran parte del presupuesto de salud, entre otras tantas. Todos estos casos también afectan al patrimonio del país.
El hecho de que los incumbentes de estas instituciones no hayan sido sometidos ni investigados por el ministerio público, no significa que todas las irregularidades, violaciones, distracciones y manejo incorrecto de los recursos públicos comprobados, no hayan afectado el patrimonio del país.
De define el Patrimonio del Estado como el conjunto de bienes, recursos o inversiones, que como elementos constitutivos de su estructura social o como resultado de su actividad normal, ha acumulado el Estado y posee un título de dueño o propietario para destinarlos o afectarlos en forma permanente, a la prestación directa o indirecta de los servicios públicos, a su cuidado, a la realización de sus objetivos o finalidad de policía social y económica.