Todo gobierno, en cualquier país del mundo, sobre todo, los que están en vías de desarrollo, debe velar para que los recursos públicos que provienen de las recaudaciones de impuestos en sentido general, sean administrados con eficiencia, transparencia y pulcritud, para poder atender las demandas de obras y servicios de la ciudadanía, más cuando se tiene una gran deuda social acumulada de tantos años, como es el caso de la República Dominicana.
Cuando se le roba vulgarmente esos recursos públicos al Estado, cuando se evaden los impuestos que se retienen y que hay que pagar obligatoriamente al fisco, se comete un crimen de "lesa Patria", pues se le quita el derecho y la oportunidad a millones de personas de poder contar con los servicios de agua potable, energía eléctrica, educación, salud, seguridad social y ciudadana, viviendas, fuentes de empleos, recreación, carreteras, caminos vecinales, etc. Muchos mueren de hambre y por la falta de un medicamento esencial.
De ahí la importancia y la necesidad de que se castigue la corrupción público-privada y se persiga la evasión, pues así no habrá necesidad de aplicar una reforma fiscal. En países con regímenes de fuerza, muchos funcionarios y empresarios que incurren en este grave error, son fusilados públicamente para poner un ejemplo a los demás.
Si en medio de este desastre, un gobierno, en vez de crear un plan de austeridad, mantiene el derroche de los recursos públicos en publicidad, francachelas, aumento del gasto corriente, acude al endeudamiento externo para el pago de capital e intereses de dicha deuda, se ve obligado a presentar una reforma para tratar de hacerle frente al gran déficit fiscal que lo envuelve.
Este es el caso por el que está atravesando nuestro pais en estos precisos momentos, cuyo presidente se ha visto en la obligación de someter al Congreso Nacional una reforma fiscal no integral, totalmente improcedente, incoherente, injusta, desproporcionada y desigual, pues en cualquier pais del mundo la misma resulta lesiva y traumática para los sectores de clase media y de bajos ingresos, por lo que tuvo que retirarla casi de inmediato, pues la misma estaba creando un clima de inestabilidad económica, política, social que iba a afectar la gobernanza democrática.
Si se castiga la corrupción publico-privada y se persigue la evasión de impuestos, no habrá necesidad de someter una reforma fiscal, que para un gobierno de cualquier país del mundo, tendrá un costo político, pues la misma resulta traumática para la ciudadanía.
Por eso fue que gran parte de la ciudadanía dominicana se indignó al observar tantos escándalos de corrupción públicos y privados sin ningún tipo de castigo judicial ni devolución de los recursos distraídos, así como la gran evasión de los impuestos pagados; en cambio, mientras a esos sectores poderosos se les protege, a la clase media y de bajos ingresos se les quiere castigar con más impuestos, en un momento en que el costo de vida y la canasta básica están por las nubes, obligándolos a pagar los platos que otros rompieron.
Los partidos de la oposición y sus líderes políticos deben asimilar este ejemplo y comprender que estamos viviendo otros tiempos, que ya la impunidad y la permisividad con la corrupción pública y privada ya no tienen espacio en nuestros países; ya no hay que lanzar una piedra o hacer un disparo de arma de fuego para poner de rodillas a un gobierno y a su mandatario, no importa la mayoría calificada que se tenga en el Congreso Nacional.
El retiro del proyecto de reforma fiscal del Congreso Nacional fue una decisión atinada del Presidente Luis Abinader, pues le evitó al país un clima de inestabilidad económica, política, social y de gobernanza democrática. Fijémonos en el espejo de nuestro vecino país de Haití, que cayó en la ingobernabilidad. Hasta la próxima si Dios quiere, dominicanos.