El 26 de agosto del año 2020 a pocos días de Luis Abinader asumir el gobierno, el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, participó en el acostumbrado desayuno de un medio de circulación nacional. En este encuentro el actual ministro Administrativo de la Presidencia vertió un comentario que en el aquel momento muchos pasamos por alto, pero que hoy cobra todo sentido.

“El Estado es mucho más grande al que habíamos pensado o pronosticado”, decía Paliza en un extremo de aquella brillante mesa adornada con manteles blancos y dos cactus alineados en la posición central.

En 2024, cuatro años y algunos meses es innegable la vigencia y razón de este verso de 12 palabras.

De manera superficial o por “arribita” como solemos decir los dominicanos cuando no queremos entrar en análisis profundos, estaba claro que el PRM no conocía a qué país era al que le pretendía dirigir y peor aún que las políticas públicas planteadas en su programa de gobierno desmenuzado en campaña estaban muy por debajo de la estructura del Estado dominicano.

Si bien en aquel momento Paliza centró su participación en el supuesto abultamiento de la nómina pública en anteriores gobiernos esta frase parecía una premonición del accionar de su gobierno, marcado por dar marcha atrás en varias decisiones sobre todo aquellas de corte económico.

El más reciente “recule” hasta ahora del gobierno fue el retiro de la propuesta de Ley de Modernización Fiscal ante la oleada de críticas de la oposición, de empresarios, industriales y un amplio sector de la clase media se hizo sentir con los famosos “cacerolazos” aquellos que según Abinader eran un “bello concierto” cuando se los aplicaron a Danilo Median y al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para el año 2016.

Este proyecto, que según todos los expertos era necesario para el avance del país, no contó con la legitimidad o apoyo de ningún sector; pues pretendía grabar con más impuestos áreas o artículos sensibles de nuestra economía.

Evidentemente no fue fruto de un consenso tal y como lo manda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo en su Artículo 36.:

“Reforma Fiscal. Se consigna la necesidad de que las fuerzas políticas, económicas y sociales arriben a un pacto fiscal orientado a financiar el desarrollo sostenible y garantizar, la sostenibilidad fiscal a largo plazo, mediante el apoyo sostenido a un proceso de reestructuración fiscal integral y el marco de una ley de responsabilidad fiscal que establezca normas y penalidades para garantizar su cumplimiento”.

Escuche a un reputado comentarista sugerir que este proyecto de reforma había sido generado utilizando la muy de moda Inteligencia Artificial (IA), por el alto grado de deshumanización que sugerían la mayoría de sus ítems.

Presenciamos otro intento fallido de Luis Abinader por cargar con nuevos impuestos a la población, en 2020 planteó gravar incluso el salario de navidad o regalías.

En ese mismo año la Presidencia se vio forzada a retirar del Congreso Nacional el proyecto de Presupuesto del 2021 ante las críticas porque la pieza incluía impuestos a diversos servicios.

Con estos “recule” está claro que estamos ante un gobierno que prefiere ser empático con la población y mantener “sus niveles” de popularidad o no analiza con el detenimiento que amerita las decisiones que toma.

Alcaldía de La Vega

Expertos coinciden en que el presidente de la República buscó un problema sin necesidad al nombrar como ministro de Deportes a Kelvin Cruz quien meses antes había sido reelecto por un tercer periodo como alcalde del municipio de La Vega con un 70% de los votos emitidos en esa demarcación.

Era normal que ante la salida del también presidente de la Asociación Dominicana de Municipio (FEDOMU), la vicealcaldesa Amparo Custodio del partido Frente Amplio asumiera la Alcaldía, pero ella renunció por las presiones de los dirigentes locales del oficialista PRM.

El partido de gobierno tendría todo amarrado para sacar de la Cámara Baja al diputado Agustín Burgos y designar alcalde en el referido municipio, pero ni en la Constitución está claro la fórmula para resolver el vacío que se ha producido.

Aunque algunos constitucionalistas indican que se deben realizar nuevas elecciones en la demarcación y han frenado al ejecutivo.

Estamos ante algo sin precedentes y que mantiene al Ayuntamiento de La Vega en un limbo jurídico, por no analizar en que desencadenaría la decisión de aparentemente utilizar a Cruz para retener la Alcaldía en las elecciones municipales y luego llevarlo al Ministerio de Deportes.

Personal ejerciendo doble funciones en el gobierno

Gran revuelo causó el decreto 614-24 que nombraba a Carlos Pimentel como director de Alianzas Público-Privada la institución que tiene entre otras funciones promover el esquema de alianzas público privadas como un instrumento adecuado para la provisión, gestión y operación de bienes o servicios de interés social, entre potenciales financiadores, inversionistas nacionales e internacionales, y comunidad en general.

Lo que no indicaba esta designación era la derogación del Decreto 329-20 con que se nombraba a Pimentel en la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP); más bien citaba que este desempeña las dos funciones aunque sólo devengará un salario ya que las funciones de esta última pasarían a ser realizadas de manera honorífica.

Una vez más la olla de grillos estaba abierta y las opiniones sobre el particular dominaron la opinión pública nacional por varios días y el dominio fue mayor cuando se conoció que el propio consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta alertó sobre un conflicto de interés con dicha designación.

Finalmente, Pimentel que días antes aparecía en un video defendiendo su nombramiento terminó renunciando como director de la Alianza Público-Privada.

Algunos especulan que le habían pedido su renuncia para evitar otro “recule” público del presidente Abinader.

De esta manera la Dirección General de Alianzas Público-Privada sigue en manos de Sigmund Freund que también es ministro de Administración Pública (MAP).

Y es que al parecer, hay escasez de personal calificado en las filas del PRM, pues también ocupan doble rol en el gobierno Juan Manuel Méndez, Bartolomé Pujals, Celso Marranzini, Quico Tabar y la más designada, la vicepresidenta Raquel Peña.