El problema permanente de la frontera con Haití representa un gran reto para la República Dominicana, tanto desde el punto diplomático, económico, social, así como de tráfico ilegal de haitianos, armas y mercancías de todo tipo.
Pero la situación anteriormente descrita se agranda aún cada vez que se presenta crisis política en el vecino país se acrecienta la entrada sobre todo ilegal desde la parte occidental de la isla de Santo Domingo.
La inmigración ilegal es un jugoso negocio tanto de personas y grupos que se dedican a ayudar a cruzar haitianos desde la frontera hacía el interior de nuestro país, así como de militares y policías que cobran peajes para dejar cruzar a los ilegales.
Es más, nos hemos enterado por boca de los mismos haitianos ilegales, que para dejarlos libres y que se queden en territorio nacional, los uniformados al servicio de Emigración les cobran entre tres mil y cinco mil pesos; eso sin contar con los que ingresan legalmente y que los cónsules, sobre todo en Puerto Príncipe y Juana Méndez, de Haití reciben jugosos ingresos por las visas que emiten a ciudadanos haitianos.
Conversando con un amigo abogado, que siempre se mantiene inquieto planteando el problema haitiano y su posible solución, este señala una alternativa que por años ha sido dilucidada por profesionales de la economía y la diplomacia, periodistas, políticos, empresarios, entre otros, los cuales han hecho propuestas con relación a que se establezca lo que se puede denominar un muro industrial.
El muro industrial consiste en que a partir de incentivos por parte del Estado, se instalen empresas industriales tanto por inversionistas locales como extranjeros en la modalidad de zona franca industrial, en las provincias dominicanas que hacen frontera con Haití, para de esa manera gran parte de los haitianos que cruzan la frontera, que vienen huyendo de la miseria y la violencia que se vive en su país, encuentren una fuente de ingresos a pocos kilómetros de distancia de su país; además se señala como una solución al problema del desempleo de dominicanos en dichas poblaciones.
Resulta que una de las debilidades que habría que superar es la falta de infraestructura, tanto de vivienda, así como de servicios de salud, agua potable, electricidad, vías de acceso y otras necesidades para que los equipos administrativos y técnicos de las empresas que se instalen en dichos complejos industriales se sientan animados a decidir instalarse en esas poblaciones fronterizas.
Por otro lado, se deben establecer cláusulas bien claras para que la mano de obra haitiana con respecto a su estatus en territorio dominicano, en donde se establezca con claridad, que estos no pueden desplazarse hacia otras zonas fuera de los pueblos donde se encuentren instalados los complejos industriales y para estos fines se deben establecer estancias para que dichos trabajadores puedan vivir dignamente.
Un proyecto de este tipo debe desarrollarse al unísono con una campaña a nivel internacional sobre el desarrollo del proyecto y sus reglamentaciones con respecto a los inmigrantes haitianos, por parte de la diplomacia dominicana, para evitar futuras críticas y sanciones al país, cuando haya que tomar medidas sobre aquellos inmigrantes que violenten las reglamentaciones que se establezcan, como condición para acogerlos en los complejos industriales en la zona fronteriza.
Las cláusulas sobre estadías de trabajadores haitianos en territorio nacional, también debe extenderse y con un criterio de temporalidad hacia las actividades de las empresas construcción y agrícolas en grandes plantaciones, ya sea de arroz, cacao, piña y otros frutos menores, con sanciones para los empresarios que no cumplan con las estipulaciones, para que informen a las autoridades el final de cada cosecha y así los trabajadores que hayan venido desde Haití, retornen a dicho país.
Todo lo planteado anteriormente, implica grandes inversiones por parte del Estado, combinando recursos del presupuesto nacional y con préstamos de organismos financieros internacionales multilaterales, en los cuales se gestionen también aportes, a título de donación, por parte de éstas y otras instituciones de cooperación internacional, para desarrollar componentes de capacitación del personal local y emigrante, que trabajará en las empresas que se instalen en dichos complejos industriales.