En la República Dominicana el envejecimiento viene acompañado de múltiples desafíos, especialmente para aquellos que viven en condiciones de pobreza.
Ya he cumplido 84 años, soy un adulto mayor de clase media-alta que goza de lucidez. Sufro de los achaques propios de mi edad, por lo que debo tomar medicamentos de manera regular. Cada vez que me toca pagarlos, me pregunto: ¿cómo sobrevive un envejeciente pobre en nuestro país? Es cierto que según estadísticas oficiales el 98% de la población en el país tiene cobertura de seguro, sea del régimen contributivo o del subsidiado, pero los copagos y las limitaciones de la cobertura de medicina -de 12 mil pesos por año- son un dolor de cabeza para los envejecientes que padecen enfermedades crónicas.
En mis actividades sociales he escuchado con frecuencia mencionar los derechos de los envejecientes: protección física y social, respeto a la integridad física y emocional, el derecho a un trato digno, etc. Conozco de la existencia de la Ley número 352-98 del 11 de diciembre de 1998 sobre protección de la persona envejeciente.
Sin embargo, poco se habla de un derecho crucial: tener una pensión digna que permita cubrir las necesidades básicas, sobre todo, en un país donde cerca del 60% de la fuerza laboral está compuesta por trabajadores informales y, por tanto, no contribuyen en ningún sistema que pueda permitirle acceso a una pensión.
Según la Oficina Nacional de Estadística (ONE), en la República Dominicana hay alrededor de un millón cincuenta y ocho mil adultos mayores, cifra que se proyecta aumentará en un 20% para 2050.
La esperanza de vida al nacer en nuestro país promedia los 74.47 años (77.15 para las mujeres y 71.81 para los hombres). Para 2030 se espera que este indicador aumente en aproximadamente dos años.
No obstante, estas cifras reflejan promedios que no capturan la dura realidad de los pobres, quienes muchas veces viven menos, incluso por las mismas privaciones propias de un país desigual.
Los envejecientes pobres enfrentan problemas más allá de la pobreza misma. Además de sus condiciones de vida precarias, sufren múltiples formas de maltrato: conflictos familiares, maltrato económico, psicológico y físico, e incluso violaciones del derecho de propiedad. Aunque esto suele ocurrir también en menor grado en estratos sociales más favorecidos.
Se estima que el 45% de los envejecientes son pobres y entre el 32% y el 33% son muy pobres, con muy pocos recibiendo una pensión adecuada. Y, aunque la ley 87-01, de 2001, establece un sistema de pensiones solidarias para evitar que envejecientes llegaran a pobreza extrema, no fue hasta 2019 cuando empezaron a entregarse. Según autoridades, se han otorgado unas 50 mil pensiones solidarias.
El abandono es una realidad dolorosa para muchos adultos mayores. Aparte de la precariedad económica y las limitaciones en el acceso a la medicina, la falta de afecto y cuidado son problemas cotidianos.
Si bien existen iniciativas como el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) que buscan proteger a los adultos mayores, la triste realidad es que envejecer siendo pobre en la República Dominicana sigue siendo una tragedia.
Es imperativo que como sociedad abordemos estas injusticias. Necesitamos políticas públicas efectivas que garanticen acceso a pensiones justas a cada vez más envejecientes, que les permitan tener acceso a servicios de salud y a medicamentos y un entorno que los respete y valore. Solo así podremos cambiar el destino de los adultos mayores pobres en nuestro país y brindarles una vida digna y respetuosa hasta el final de sus días.