Independientemente de las distintas visiones que tengan los constitucionalistas sobre la propuesta de reforma a la Constitución recién presentada por el presidente Abinader, y del debate que seguramente surgirá respecto de distintos aspectos de esta, es innegable que estamos frente a un escenario distinto al habitual en el que desde el poder se está buscando poner límites a este, y eso en es un caso de excepción no solo en nuestra historia, sino en la de nuestra región.
El tema de la elección del presidente y su posibilidad de reelegirse no solo ha estado archipresente en las 39 reformas realizadas a nuestra Carta Magna, sino que desde el año 1963 que se estableció efímeramente la no reelección, y luego de que la omisión de esa prohibición en la Constitución de 1966 diera pie a la reelección indefinida, hemos deambulado entre la oposición total, a la posibilidad de reelección por un periodo consecutivo o separado, y los hechos comprueban que los ex presidentes intentaron realizar una reforma para poder buscar otro mandato.
Por tanto, que el presidente Abinader haya decidido poner fin a la continua zozobra que representa el término de los mandatos presidenciales, muchas veces alentada por quienes velando por sus intereses particulares llevan a sus líderes a pensar que son insustituibles, estableciendo disposiciones que den estabilidad al sistema de elección de dos mandatos y nunca más, impidiendo su modificación al igual que está impedido en al artículo 268 de nuestra Constitución modificar la forma de gobierno que debe ser siempre civil, republicano, democrático y representativo, es un hecho que marca una diferencia entre su accionar y el de los presidentes que nos han gobernado desde el 1966.
La separación de los poderes del Estado en democracias débiles como la nuestra es un proceso en construcción, y también en cuanto a este aspecto hemos experimentado un vaivén desde 1994 año en que producto de la crisis electoral se impulsó una reforma constitucional con el fin político de recortar el período del entonces presidente Balaguer cuya reelección se cuestionaba, la cual fue aprovechada por su contendor José Francisco Peña Gómez para hacer que se fortaleciera la independencia del poder judicial poniendo fin a la cuestionada elección de los jueces por el Senado y creando a estos fines el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)¸ independencia que fue recortada en la reforma constitucional de 2010, hechura del ex presidente Leonel Fernández, en la que también se aumentó el control de dicho órgano por el presidente, mediante la inclusión del procurador general de la República.
La reforma presentada no solo busca revertir la inclusión del procurador general en el CNM, sino eliminar el voto preponderante del presidente en este, y fortalecer la independencia del procurador pasando de una designación y remoción mediante simple decreto del presidente, a una elección por el CNM con carácter inamovible por un periodo de 4 años, y estableciendo expresamente que no puede tratarse de una persona que haya ocupado cargo directivo en un partido o realizado proselitismo político notorio durante los 5 años anteriores a su designación.
A pesar de que el tema de la unificación de las elecciones por popular que parezca sería un retroceso democrático, y lo que debería es decidirse cómo fortalecer esa separación y si se debería volver a la celebración separada de las presidenciales y las congresuales, y de que pudieran incluirse otros aspectos que deberían ser reformados en nuestra Constitución, como el párrafo del artículo 20 que limita la posibilidad de ser electos como presidentes y vicepresidentes a quienes hayan adquirido otra nacionalidad, lo que no hace sentido en un país que tiene una comunidad en el exterior cada vez más activa e importante que contribuye enormemente con nuestro país, debiendo bastar la renuncia a la otra nacionalidad para poder hacerlo sin sujetarla a un plazo previo de diez años que en la práctica se vuelve un impedimento, debemos admitir que el presidente Abinader, aunque ha escogido hacer una reforma puntual, tiene un objetivo noble que busca solidificar nuestra democracia, la cual de ser aprobada como se espera suceda debido a la mayoría congresual de su partido, se constituiría en su legado para la historia.