Hace varios meses el Presidente de la República, Luis Abinader, informó al país con bombos y platillos que su gobierno iba a repatriar hacia Haití a 10 mil haitianos indocumentados semanales, 40 mil mensuales, en cumplimiento con lo que establece nuestra Constitución y la ley de Migración, lo que representa una exageración, pues nuestro país no cuenta con la capacidad logística disponible para tales fines.
Todo parece indicar que dicho anuncio fue más bien para tratar de buscar apoyo para el proyecto de Modernización Fiscal (reforma fiscal), que en esos momentos fue sometido al Congreso Nacional. En ese sentido, designó al vicealmirante Lee Ballester como el nuevo incumbente de la Dirección General de Migración (DGM).
Al principio se observó un dinamismo y un gran operativo en el traslado de dichos indocumentados hacia la frontera con Haití. Se pudo observar en ese momento a algunos funcionarios en desacuerdo con la política migratoria enarbolada por el Presidente de la República, entre ellos al ministro de Agricultura, Ing. Limber Cruz quien expresó que él tenía en su finca de plátanos en La Yerba, La Vega, a cientos de haitianos indocumentados desde hace muchos años y que si estos eran repatriados, la agricultura iba a desaparecer.
Retirado el proyecto de reforma del Congreso Nacional por no contar con el consenso y el respaldo de todos los sectores económicos, políticos y sociales del país, los operativos de repatriación prácticamente ya han desaparecido, observándose a miles de haitianos indocumentados, deambulando, tanto en la ciudad como en la zona rural.
En cambio, ha aumentado la entrada masiva de estos al país por todos los puntos fronterizos, con lo que se ha demostrado que a pesar del muro fronterizo que estaba construyendo el gobierno y que ya fue inaugurado con apenas unos escasos kilómetros; de haber anunciado que la frontera estaba totalmente blindada en sus más de 350 kilómetros; a pesar de la parafernalia de equipos y armamentos sofisticados de guerra, seguridad, tanques, camiones, tanquetas, helicópteros sobrevolando, drones, vehículos blindados, miles de soldados fuertemente armados, carros de combates, etc., a pesar de la gran cantidad de puestos de chequeos por doquier.
Según lo declarado por los propios inmigrantes indocumentados, para permitir su entrada al país y no ser detenido, se les cobra entre 10 y 15 mil pesos por cada uno.
La mayoría de los que verdaderamente son repatriados, al día siguiente ya están de regreso, lo único que ahora, según ellos, el boato es más costoso, pues ahora los miembros de la Policía Nacional, por órdenes superiores, está persiguiendo y deteniendo a los indocumentados, pero no para repatriarlos, que es una función que le corresponde a la DGM, sino, para cobrarles la suma de 10 mil pesos para ponerlos en libertad.
Estos son de los resultados que se están obteniendo de la cacareada Reforma Policial, en la cual se han gastado miles de millones de pesos. Ni hablar de las parturientas haitianas que están acaparando todas las maternidades del país a base de grandes sumas de dinero.
Muchos de los inmigrantes haitianos poseen pasaportes ya vencidos y alegan que cuando quieren renovarlos en la Dirección General de Pasaportes les informan que no tienen libretas disponibles.
Ha quedado demostrado que los problemas migratorios de nuestras fronteras y de nuestro país son fundamentalmente humanos, pues los responsables de custodiarlas, desde los mandos superiores hasta los de abajo, han sido permeados por la corrupción imperante.
Para su erradicación no vale la construcción de un enorme muro de contención, soldados fuertemente armados, equipos ni tecnologías de alta generación.
Lo que se requiere es educación, formación ciudadana, conciencia patriótica y la aplicación de un férreo régimen de consecuencia en todos los aspectos, que evite el enriquecimiento ilícito prevaleciente.