En la primera parte de este artículo decía que las razones para una reforma fiscal son múltiples, pero que la más importante, a mi juicio, es la necesidad de dotar al Estado Dominicano de capacidad para proveer bienes públicos a los ciudadanos y a las empresas, con miras a construir una sociedad más justa y una economía más sostenible.
Pero indicaba que no es la única razón ni que haya consenso entre economicistas de que esa sea la principal, pues mucha gente entiende que la urgencia se relaciona con la sostenibilidad de la deuda pública, y otros con la necesidad de racionalizar el gasto fiscal.
El tema de la deuda no es menor, aunque insisto, el gran problema dominicano no es propiamente la deuda sino el endeudamiento. Es que la deuda no para de crecer y con la situación fiscal vigente no hay forma de ponerle freno.
Este año, por ejemplo, entre el tesoro público y el Banco Central van a pagar más de 400 mil millones de pesos en intereses, lo cual equivale a más de un tercio de los ingresos corrientes del gobierno y un cinco y medio por ciento del PIB.
La deuda pública consolidada dominicana suma en torno al 60% del PIB, lo cual no es tanto si se considera que el promedio de América Latina y el Caribe ronda el 70%, y en los países desarrollados supera el 100%, incluyendo algunos, como Japón, en que supera el 200%.
La magnitud del problema reside en que, dado el bajo nivel de ingresos fiscales y consecuente riesgo país, el costo en intereses de esa deuda absorbe una porción muy grande del presupuesto, dejando al fisco muy limitado para el gasto primario, que es el que sirve para suministrar bienes públicos a la población. Y esto que el Ministerio de Hacienda ha sido exitoso realizando una serie de operaciones de manejo de pasivos, con las cuales ha logrado posponer amortizaciones para el futuro, limitando en gran medida el compromiso presupuestario corriente al pago de los intereses.
Aun si el único propósito del gobierno fuera la sostenibilidad de la deuda, la cuantía de ingresos adicionales requerida no sería nada despreciable. Es importante reconocerlo en virtud de que se viven proponiendo reformas de uno o dos por ciento del PIB, que apenas constituirían un alivio temporal.
Hagamos algunos escenarios:
Un primer escenario es que el único propósito fuera parar el crecimiento de la deuda, al tiempo de usar la carga tributaria vigente para proveer servicios e infraestructura a la sociedad. En ese caso, la reforma tendría que rendir lo suficiente para cubrir el costo de los intereses. La deuda permanecería en el mismo monto actual, sin crecer ni disminuir, aunque el coeficiente de deuda bajaría con el crecimiento del PIB.
Pero una reforma así no es poca cosa. Este año, por ejemplo, entre el tesoro público y el Banco Central van a pagar más de 400 mil millones de pesos en intereses, lo cual equivale a más de un tercio de los ingresos corrientes del gobierno y un cinco y medio por ciento del PIB.
Muchos se sorprenderán de que yo meta en el paquete los intereses que paga el Banco Central; es que dejarlos fuera es como engañarnos a nosotros mismos, pero no al FMI ni a las agencias de ratings. La razón es la siguiente: cuando el BC paga intereses, los paga emitiendo dinero inorgánico, pero no los deja circulando, para evitar presiones sobre el tipo de cambio y la inflación.
Recoge el dinero emitiendo bonos y los vende a los bancos comerciales, a las AFP y al público en general, pero cuando el Banco Central incurre en un pasivo frente a terceros lo registra a su vez como activo frente al gobierno, por lo que lo anota en su contabilidad como una cuenta por cobrar al Gobierno.
Si el Gobierno no lo paga en lo inmediato lo pagará después pero irremediablemente tendrá que pagarlo, pues lo que el Gobierno debe al Banco Central, este lo debe a las AFP y a los bancos (que a su vez lo deben a las AFP), entidades que lo deben a los afiliados y depositantes y estos al Gobierno, pues al final, es de los impuestos que tendrá que sacarlos.
En definitiva, el tema de la deuda cuasifiscal es el mismo que el del resto de la deuda pública. No es que necesariamente haya que resolverlo ahora, pues se puede seguir posponiendo y rogarle a Dios que nunca haya una corrida, que a nadie se le ocurra reclamar de golpe la devolución de esa deuda.
Un segundo escenario sería que la reforma no persiguiera parar el endeudamiento, sino solo bajarlo como proporción del PIB, propósito explícito en el proyecto de ley de responsabilidad fiscal que reposa en el Congreso Nacional. Pero ya eso lo abordaremos en la siguiente entrega.
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