En el contexto actual, las razones son múltiples, pero, por hoy, me voy a concentrar en la que es más importante, a mi juicio: la necesidad de dotar al Estado Dominicano de capacidad para proveer bienes públicos a los ciudadanos y a las empresas. No significa que sea la única ni que haya consenso entre economicistas de que esa sea la principal. De hecho, una fuerte corriente entiende que es la sostenibilidad de la deuda, y otra que la racionalización del gasto.
Es señal de hay muchas las razones, y mi insistencia es para que no perdamos de vista lo principal por lo más visible.
Alguna gente cree que el problema fiscal dominicano es que el Gobierno gasta mucho, cuando es todo lo contrario. Veamos el siguiente gráfico.
Para ayudar a los lectores tengo que hacer algunas precisiones. La primera es que muchos se sorprenderán de que haya dos datos diferentes para América Latina, uno del FMI y otro de la CEPAL. La razón es que el FMI considera parte del gasto público a la seguridad social, mientras que en el dato de la CEPAL ésta está fuera.
Por eso la estadística del Fondo publica un coeficiente de gasto a nivel regional de 35.5%, en tanto que la CEPAL dice que es 30%, pero preferí exponer la discrepancia para facilitar la comparación con el de RD, en que la SS también está fuera. Es decir, en nuestro país hay una oficina, la Tesorería de la Seguridad Social, que recauda y asigna gastos sin que eso se consolide con los datos de gastos públicos, aunque si se hiciera, cambiaría relativamente poco el panorama.
La segunda precisión es la gran diferencia que acusa la información de República Dominicana con la media de América Latina y el resto del mundo. Es habitual ver datos indicando que el gasto público dominicano es casi igual al promedio regional, pero es engañoso. La razón es que se suelen usar estadísticas del Gobierno Central, sin tomar en cuenta los otros gobiernos. Efectivamente, si comparamos solo Gobierno Central, el gasto público dominicano no es mucho más bajo que la media regional y de otras partes.
Pero resulta que en casi todos los países hay varios gobiernos: nacional, estatales, provinciales, cantonales o locales, y una gran parte de los bienes públicos (servicios e infraestructura), y por tanto del gasto, son provistos por gobiernos intermedios y locales, lo cual se queda fuera cuando se hacen comparaciones que incluyen solo el gobierno de la Nación.
Empero, ocurre que en nuestro país hay un solo gobierno que centraliza el gasto. Es verdad que existe la figura del municipio, pero eso no es más que una caricatura, sin atribuciones ni recursos, excepto para fines jurídicos y de clientelismo político. Y lo poco que usa no se puede sumar, o habría que quitarlo del dato del Gobierno Central, que fue quien le transfirió los fondos.
Eso nos lleva a dos aspectos sin los cuales ninguna reforma fiscal sería completa: la de la seguridad social y la municipal. Primero, la reforma de la SS tiene que ser parte intrínseca, pues ella debe aportar los recursos para cubrir la mayor parte de las necesidades públicas en materia de salud y pensiones, dos de los sectores que más demandan.
Y segundo, la municipal para dotar a estos gobiernos, los que están más cerca y conocen mejor las demandas de los ciudadanos, de recursos para que puedan proveer una serie de servicios e infraestructura que ahora recaen sobre el gobierno nacional, sin que este sea el mejor calificado para producirlos.
Esas dos patas de la reforma no pueden ocultar la imperiosa necesidad de incrementar el porcentaje del PIB que se destina a la provisión de bienes públicos, que en nuestro país es anormalmente bajo. Con ese gasto de 18 por ciento, que al descontar el pago de intereses se convierte en 15% de gasto primario, que es lo que efectivamente produce bienes públicos, es impensable tener un Estado funcional, del cual los dominicanos podamos sentirnos orgullosos. Sea que se administren bien o mal, con eso es imposible producir buenos servicios de salud, policía, justicia, educación, agua, limpieza ambiental e infraestructura básica para el crecimiento y los estragos atmosféricos.
Vivimos en uno de los países más privatizados del mundo; como decía hace unos días, el 85 por ciento de todo el consumo y el 90 % de la inversión que se lleva a cabo en la República Dominicana lo hace el sector privado, en un caso extremo de desequilibrio entre lo público y lo privado. Por eso hay más jeepetas que calles, y transitan entre basurales.
Eso no es bueno, ni racional ni justo. Termina afectando la competitividad de la economía y, particularmente, es profundamente injusto contra la población más vulnerable y pobre, que es la que más requiere de los bienes públicos.