En medio de las discusiones sobre la Reforma Fiscal, el tema de la eliminación de incentivos y subsidios es recurrente. En otras oportunidades, he planteado mi opinión al respecto. No obstante, ahora quiero referirme específicamente al subsidio de la tarifa eléctrica y a la pobreza eléctrica.
Supongamos que el país logra estándares de eficiencia en el sector a nivel mundial, donde la distribución, la transmisión y la generación funcionen con niveles de eficacia iguales a los de las empresas mejor gestionadas, lo que permitiría crear las condiciones para aplicar la tarifa técnica y eliminar los subsidios.
Sin embargo, aun en este escenario ideal, un sector de la población, debido a su pobreza, no tendría la capacidad de pagar el costo de la electricidad. Por tanto, debería establecerse un programa de subsidios directos, bien reglamentado y supervisado, con un régimen de consecuencias para quienes lo violen.
Es cierto que nuestro país ha experimentado una ligera disminución en la tasa de pobreza en los últimos años, aunque sigue siendo un desafío muy significativo disminuirla aún más. Según datos del Banco Mundial, en 2022 la tasa de pobreza se situaba en aproximadamente 21% y el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad del ingreso, era de 0.42, lo que refleja una considerable disparidad en la distribución del ingreso.
Esto confirma la necesidad de implementar políticas desarrollistas que hagan posible el incremento del ingreso de la familia dominicana y, por tanto, la capacidad de pago de los sectores más vulnerables. Se trata de una condición básica para el desmonte del subsidio eléctrico tal como lo establece el Pacto para la Reforma del Sector Eléctrico.
En el Pacto se acordaron varias medidas cruciales para alcanzar la tarifa técnica y sus implicaciones. Estas incluyen mejorar la gestión administrativa, implementar estrategias para reducir las pérdidas técnicas y no técnicas, mejorar la cobranza y optimizar la operación de las plantas generadoras, entre otras. Y, por supuesto, establecer subsidios focalizados para los sectores más vulnerables, asegurando que estos subsidios sean directos y no distorsionen el mercado eléctrico.
Se entiende por tarifa técnica aquella que cubre el costo de abastecimiento de las distribuidoras, más las pérdidas técnicas entre el punto de inyección de las generadoras y el punto de retiro de las distribuidoras. El logro de la tarifa técnica implica eliminar las distorsiones en los precios de la electricidad causadas por subsidios indiscriminados y la ineficiencia de las empresas eléctricas, sobre todo en el área de distribución.
Sin embargo, sería difícil conseguir esto si no se aborda desde una perspectiva integral, tal como está planteado en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Este enfoque integral busca no solo la eficiencia económica, sino también la equidad social y el desarrollo sostenible del país.
La lucha por disminuir la pobreza y la desigualdad es fundamental para cualquier esfuerzo de reforma en el sector eléctrico. No se puede ver el tema eléctrico de manera aislada, sino como parte de un todo interconectado que incluye la salud, la educación y otros aspectos del bienestar social. A su vez, los cuantiosos recursos que se destinan a subsidiar la ineficiencia del sector eléctrico podrían invertirse en el desarrollo de esos sectores, creando así una sinergia positiva con un efecto multiplicador en las tasas de crecimiento y desarrollo humano.
En conclusión, la solución a la pobreza eléctrica no se limita a la aplicación de la tarifa técnica o la eliminación de subsidios indiscriminados. Requiere un enfoque integral que aborde las causas subyacentes de la pobreza y la desigualdad, promueva el desarrollo económico y social, y garantice que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios esenciales como la electricidad.