La familia es una institución que, como todas las demás, participa de las transformaciones que se producen en el siglo XXI. Son cambios vertiginosos que no ofrecen mucho tiempo ni espacio para entenderlos y, sobre todo, para apropiarse de su sentido y efectividad. Es un escenario que responde a las demandas de la sociedad del conocimiento y de las lógicas de un mercado insaciable y voraz. El mayor porcentaje de los miembros de la familia dominicana, por la escasa o ninguna formación, vive a expensa de estos cambios sin una determinación propia ni mucho menos con un plan que permita la discriminación consciente de lo que ofrecen estos cambios.
Estamos absortos con las novedades que ofrecen las transformaciones del siglo XXI. También, estamos preocupados por los efectos que generan en una institución familiar cada vez más vulnerable. La fragilidad se acentúa por la carencia de políticas públicas que protejan la vida, la participación social y el desarrollo integral de la familia. No importa el tipo de familia, todas tienen derecho a condiciones más humanas y justas. No es posible hablar de diversidad y luego restringir los derechos con argumentos contrarios al discurso de la igualdad y de la democracia. El Estado dominicano debe despertar y comprometerse con la dignificación y estabilidad de la familia.
La paz de la familia dominicana presenta signos de alteración continuos. Las disfunciones de la familia alteran con severidad el desarrollo y la armonía del tejido social dominicano. Los indicadores de los problemas familiares se incrementan y se desvanecen sin acciones eficaces que contrarresten los resultados degradantes que se producen en la cotidianidad. Por ello se ha de tomar conciencia de que todos hemos de colaborar para que la familia supere las situaciones críticas que la abaten. La paz de la familia ha de ir más allá de disposiciones coyunturales. El trabajo en esta dirección ha de tener un carácter sistémico y un horizonte transformacional.
Avanzar en esta dirección supone la creación de un movimiento a favor de la dignificación y pacificación de la familia. Este movimiento ha de tener como horizonte una familia más educada y consciente de su rol en la sociedad; una institución comprometida, en primer lugar, con los valores que les sirven de sostén y con su propio desarrollo. Ha de ser un movimiento con pensamiento y enfoques abiertos, para descartar exclusiones y tener como estandarte una paz integral e integradora por encima de las diferentes concepciones y tipologías de familias. Esta unión es necesaria para detener la pulverización del entorno familiar y social en el país.
l trabajo en esta dirección incidirá en la reducción del incesto, del embarazo precoz, del feminicidio y de la violencia en todas sus manifestaciones. Si no se actúa con mayor celeridad, estas prácticas pueden normalizarse. La normalización de cualquier hecho que degrade más a la institución familiar conduce a la República Dominicana a la anarquía personal y social. No somos abanderados del pesimismo. En nuestra nación, todavía existen núcleos familiares heterogéneos que viven y cuidan valores centrales a favor de la unión, de la comunión y del afecto expansivo. Pero, observamos con pavor el incremento de la violencia en el seno de la familia.
Los programas educativos sistemáticos y la organización de las familias urgen en nuestro contexto. La dispersión y la falta de ejes rectores que las unan, para aprender y crecer juntas, reducen su potencial humano y social. Por ello, tejer redes de familias que piensan, analizan y proponen para mejorar sus condiciones humanas, educativas y económicas constituye una necesidad. Asimismo, el impulso de comunidades familiares de aprendizaje personal-social fortalece su conciencia crítica y su compromiso permanente con la defensa de los derechos políticos, educativo-culturales y económicos. La acción en pro de derechos reconocidos y ejercidos implica respeto y atención de la familia a sus deberes en la sociedad y en su propio seno.
De otra parte, la formulación y ejecución de políticas públicas socioeconómicas y educativas en favor de la familia en toda su diversidad no resiste más demoras. Las arengas políticas y la variedad de modalidades de funditas balagueristas deben desaparecer en este siglo XXI. Se requieren leyes justas y humanas, aplicadas para superar la pobreza espiritual, educativa y económica de la familia dominicana. El Estado puede reducir su inversión en la autopromoción de sus ejecutorias, en sensibilización proselitista; e invertir más en seguridad alimentaria, trabajo decente y educación crítica de la familia. El Estado no debe, ni puede, eludir su responsabilidad ante la crisis que atraviesa la familia de nuestra nación.
La crisis de la institución familiar no es exclusiva de nuestro país. Es una situación que afecta a las diferentes regiones del mundo. Por ello la necesidad de decisiones de calidad y de acciones eficaces desde un trabajo interinstitucional e interministerial con planificaciones que no se agoten en lo inmediato, con una planificación integral y coherente con los reclamos de los tiempos actuales y futuros. Actuemos contra el ocaso de la familia. Aportemos para recuperar el lado más humano y esperanzador de la familia en todas sus modalidades y biografías. Trabajar en este sentido augura un desarrollo de la sociedad dominicana congruente con las demandas de este siglo XXI.