Para mí es una decepción enorme tener que siempre volver sobre el tema de este artículo; pero es que a la fecha no termino de entender las ejecutorias del Poder Judicial en lo que respecta a la puesta en marcha de la Ley núm. 339-22, sobre uso de medios digitales para los procesos judiciales y procedimientos administrativos. Yo creo que son pocos los entendidos en esto; pero ya ha pasado lo que siempre sucede cuando las cosas no funcionan correctamente o existen deficiencias estructurales en los servicios públicos: la gente se apaña y le busca la vuelta.
En abril de este año escribí sobre las situaciones que vivimos los abogados y usuarios de los servicios del Poder Judicial luego de que desapareciera la plataforma de “Servicio Judicial” y que, a pesar de contar con una ley y un reglamento de aplicación sobre uso medios digitales, esto no se refleja en la práctica y ni en una mejora en el servicio, lo que necesariamente se traduce en una afectación al derecho de acceso a la justicia.
Varios párrafos de dicho artículo aún siguen vigentes y penosamente intactos:
“Lo que no se justifica a estas alturas es el elevado nivel de ineficiencia en las gestiones propiamente administrativas y cotidianas que, desde la salida del anterior servicio judicial digital, hemos venido indicando en diversos artículos pasados su paulatino y persistente deterioro. Tampoco tiene sentido que, en prepandemia, en los palacios de justicia de las principales urbes se comenzaran procesos de digitalización y facilidades a sus usuarios tan sencillas pero útiles como la visualización del rol de audiencias o de las lecturas de sentencias en pantallas dispersas en los palacios de justicia. Eso ya no existe.
Tampoco se entiende que con la pandemia se pusiera en marcha todo un sistema urgente de digitalización que permitía el depósito de documentos en línea e incluso una gran innovación como fue el depósito desatendido, herramienta que con algunos remiendos puede descongestionar los centros de atención al usuario. En la pandemia, sin una base legal robusta y aprendiendo a utilizar sobre la marcha la plataforma puesta a disposición, estos servicios funcionaban, mientras que ahora con ley, con reglamento y con experiencia acumulada de los usuarios estamos peor que antes del COVID-19.”
A la fecha no se comprende cómo la plataforma Acceso Judicial funciona con serias deficiencias y, a pesar de ello, se extiende su servicio a más tribunales de la geografía nacional. Pocos abogados están utilizando la plataforma y no por desconocimiento, sino porque no funciona, al menos en mi experiencia.
Parece que los números de tickets e incidencias resueltas en las estadísticas crean la ilusión de que todo marcha bien con la justicia digital; pero realmente seguimos tan estancados como cuando escribí en abril de este año.
Desde el equipo de comunicaciones del Poder Judicial se dice que se ha avanzado en el área administrativa con la firma digital; pero esto no se corresponde ni se refleja en la experiencia del usuario que solicita una sentencia, un acta de audiencia o una simple certificación y debe esperar días y a veces semanas para recibir el documento, lo que antes de la firma digital era instantáneo o no tardaba más de tres días laborables. Parecería que este es el único país donde la implementación y el uso de las tecnologías provoca mayor ineficiencia del servicio.
Es inadmisible que todavía a final de este año no exista una política clara y difundida respecto de las audiencias judicial ni sobre el acceso a los expedientes físicos ni sobre el rol fundamental que juegan las secretarías de los tribunales, que han sido despojadas de funciones esenciales por la gestión de los “Centro de Contacto”, cuyo personal se abroga atribuciones que son propias de los secretarios y por demás, hasta disponen de horario de recepción de documentos diferenciados del ordinariamente establecido.
A lo anterior hay que sumarle la imposición de un sistema de centralización de la recepción de documentos en todos los tribunales que lo único que ha provocado es ralentizar el servicio, además de que fueran más eficientes si finalmente pudiéramos hacer un uso real y correcto de Acceso Digital, como sucedía durante la pandemia: depósitos de documentos vía la plataforma, audiencias virtuales y solicitudes en línea.
Desde fuera lo que se ve son los congresos, conferencias y la excelente comunicación corporativa del Poder Judicial, anunciando mejoras y planes que contradicen la realidad y la cotidianidad del sistema de justicia. Para comprender esto último no hay que ir muy lejos, basta ir al Palacio de las Cortes en el Centro de los Héroes y comprobar las carencias de la infraestructura, la decepción de los usuarios y las largas colas para cualquier trámite.
Parece que los números de tickets e incidencias resueltas en las estadísticas crean la ilusión de que todo marcha bien con la justicia digital; pero realmente seguimos tan estancados como cuando escribí en abril de este año.
Es urgente revisar el proceso actual de implementación de la justicia digital, recabar la experiencia de los usuarios más allá de grupo focales y volver a soluciones que ya teníamos al final de la pandemia; pero con la experiencia acumulada de esos años.