El título de este artículo es una pregunta frecuente en los pasillos de los tribunales de la República. Después del esfuerzo extraordinario que agotó el mismísimo Poder Judicial encabezado por la Suprema Corte de Justicia para la aprobación por parte del Congreso Nacional de la ley núm. 339-22, que habilita los medios digitales para los procesos judiciales, los frutos no se han podido recoger ni ver.
De hecho, los reglamentos que dispone la ley núm. 339-22 fueron aprobados con presteza y luego de una discusión a nivel nacional con los distintos sectores de la clase jurídica y por tanto se trata de una ley cuya aplicación debería ya estar en plena capacidad más allá de la firma digital de los documentos.
Ahora, prontamente, en julio de los corrientes tendremos dos años con una ley aprobada que debería estar en total operación en provecho de todos los usuarios del Poder Judicial, donde se incluyen a sus servidores, quienes también se ven afectados por una doble carga de trabajo atendiendo a los nuevos protocolos internos que se han implementado en la “preparación” de la digitalización judicial.
Hay algunas partes de la política pública de digitalización cuya demora puede ser comprensible, tal como sería la habilitación plena de la plataforma Acceso Judicial para hacer solicitudes en línea e incluso depósito de documentos o el plan todavía más ambicioso: la visualización en tiempo real de los expedientes a cargo de cada tribunal en los que los abogados sean partes del proceso.
Lo que no se justifica a estas alturas es el elevado nivel de ineficiencia en las gestiones propiamente administrativas y cotidianas que, desde la salida del anterior servicio judicial digital, hemos venido indicando en diversos artículos pasados su paulatino y persistente deterioro. Tampoco tiene sentido que en prepandemia, en los palacios de justicia de las principales urbes se comenzaran procesos de digitalización y facilidades a sus usuarios tan sencillas pero útiles como la visualización del rol de audiencias o de las lecturas de sentencias en pantallas dispersas en los palacios de justicia. Eso ya no existe.
Tampoco se entiende que con la pandemia se pusiera en marcha todo un sistema urgente de digitalización que permitía el depósito de documentos en línea e incluso una gran innovación como fue el depósito desatendido, herramienta que con algunos remiendos puede descongestionar los centros de atención al usuario. En la pandemia, sin una base legal robusta y aprendiendo a utilizar sobre la marcha la plataforma puesta a disposición, estos servicios funcionaban, mientras que ahora con ley, con reglamento y con experiencia acumulada de los usuarios estamos peor que antes del COVID-19.
Todo ello se refleja en el mantenimiento de medidas de la pandemia; pero sin estar en ella, como: escasez de espacios dignos donde los usuarios puedan sentarse, limitación de los aforos, enorme retardo en la respuesta de solicitudes necesarias para el apoderamiento de los tribunales, dificultades para acceder a los expedientes físicos y centralización de la atención a los usuarios, un modelo totalmente fallido y que ha terminado usurpando las funciones de las secretarías.
A esto le sumamos que estando habilitada la plataforma de servicio judicial, no se ha fomentado ni incentivado ni tampoco implementado la celebración de audiencias virtuales. Simplemente los tribunales no las están fijando ni pareciera que lo tienen en planes. Y si bien para que estas sucedan tiene que existir el consentimiento de todas las partes, no se ha podido optar por la obtención de ese acuerdo inter partes.
Entonces, desde la cúpula del Poder Judicial se habla de la Cumbre Judicial 2025, intentando proyectar lo que no existe en la cotidianidad de nuestros tribunales pues los problemas básicos persisten con mayor profundidad y mantenemos infraestructuras precarizadas al tiempo que el servicio del sistema judicial sufre una de sus peores épocas.
Es tiempo de tomar acciones decididas y definidas para aumentar la calidad del servicio y volver a un sistema de justicia digital que incorpore las luces que tuvimos al final de la pandemia, amplie el acceso a la justicia y eficientice los procesos.