“La historia no se puede comprender sin tener en cuenta la economía y las estructuras sociales que la definen”. (Eric Hobsbawm).
Indicadores muy fehacientes nos señalan que se está produciendo una erosión y crisis de gobernanza en la democracia en muchos países del mundo y, particularmente, en la región de Latinoamérica. Estamos en presencia de múltiples modalidades de la crisis: acceso al poder por la vía normal, institucional de la democracia y, una vez en el poder, trastocan y subvierten las instituciones que validan y soportan la base democrática.
Acusan una legitimidad de origen a la llegada al poder, pues participaron en una competencia electoral, sin embargo, expresan una deslegitimación en el ejercicio del poder. Sus decisiones guardan un abismo estratosférico entre los gobernantes y gobernados. Hay una ausencia entre la agenda de los gobernantes y la agenda de la sociedad. La democracia no encuentra cauce porque el liderazgo se hace cada vez más vertical y menos auténtico, cuando el desafío es la antorcha de un liderazgo horizontal, honrado y humilde.
Cuando hablamos de gobernanza nos encontramos con el grado en el cual los actores sociales y los actores políticos gobernantes expresan y dibujan su nivel de articulación, de participación, de interacción e integración. La gobernanza es un concepto dinámico y disruptivo, pues ruptura la mera concepción del poder desde la óptica de ellos allá arriba y los mortales en la tierra. La gobernanza es evolutiva, pues se aboca a comprender la manera de abordar el direccionamiento, esto es, como se dirige y regula las distintas dimensiones de la vida en sociedad.
La gobernanza es el grado de empatía que dibujan los gobernantes con sus gobernados. Es una construcción social que valida, por tanto, no solo la empatía, sino la sinergia, pues involucra a los actores sociales para encausar las decisiones con el mayor grado de efectividad, pues sus ejes son:
- Participación.
- Integración.
- Interacción.
- Liderazgo horizontal.
- Control-regulación, como mecanismo de contrapoder, entre gobernantes y gobernados.
- Progreso económico y progreso social.
- Fortalecimiento de las instituciones de manera sostenible.
- Tiene como misión las transformaciones, validando el contexto y la adaptabilidad.
Nathan Garders y Nicolás Berggruen señalan que la democracia y el mercado no son suficientes para resolver los problemas globales del Siglo XXI como el cambio climático, la pobreza o las pandemias. Por eso, abordan la gobernanza como un concepto que se refiere “a la forma en que se organizan y gestionan los asuntos públicos de una sociedad”. La gobernanza tiene que ver en gran medida, como brindamos una democracia más efectiva, más al fundamento vital y trascendental de la vida humana, en su bienestar y calidad de vida, en su razón de existencia, en sus derechos.
La gobernanza, en la democracia dominicana, aterriza por verificar el Artículo 7 de la Constitución y su grado de validación. Dice “Estado Social y Democrático de Derecho. La República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de República unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos”. En su libro Renovar la Democracia, Nathan Garders y Nicolás Berggruen nos dicen que la gobernanza “es la forma en que las comunidades conciben y dan forma a su destino, y determinan si una sociedad avanza o retrocede”. Gobernanza es pues, sinónimo de gobierno eficaz. Validando en la praxis y en el desafío de su época.
En la gobernanza se alinean los distintos actores, los distintos intereses y con visión nos adentramos con la linterna y el bisturí para construir un tejido productivo, social, institucional, que encuentre la conexión entre el bienestar individual, el interés común y el bienestar colectivo. La sociedad dominicana tiene casi 57 años de estabilidad política, una paz social aparente, ha logrado un crecimiento económico sostenido. El sector privado genera el 85% del PIB, en cambio, en otros países como:
- Costa Rica: 75% del PIB.
- Uruguay: 67% del PIB.
- Venezuela: 16.9% del PIB.
- Colombia: 63.8% del PIB.
- Panamá: 72.9% del PIB.
- Argentina: 64.3% del PIB.
- Chile: 63.1% del PIB.
Ello implica un plus, un canon para nuestro país, pues el sector llamado a crear riqueza juega un rol pujante en el tamaño del crecimiento. Aquí, lo medular es el rol de la elite política, para la construcción de una gobernanza más efectiva. Es la clase política la llamada a controlar y regular las normas y el cumplimiento de las mismas, en el equilibrio cierto del bien común. Descansa la gobernanza en que tenemos que trillar el camino de la innovación de un modelo económico que genere salarios más competitivos. En una asunción real de parte de la partitocracia dominicana, de que la educación “es fundamental para el desarrollo de sociedades justas y equitativas”.
Empujar a una gobernanza efectiva significa realizar con urgencia una reforma a la seguridad social, sobre todo, una reingeniería a todo lo atinente a la problemática de las pensiones. Lo mismo sucede con el Código de Trabajo. Un instrumento normativo que data de 1992 cuando no teníamos la economía de servicios que tenemos hoy, cuando el tamaño de la economía llegaba en 1992 a US$11,610 millones de dólares y para 1996, era de US$18,240 millones de dólares. Encontrándonos hoy con un PIB nominal en dólares de US$114,000 millones de dólares, con un ingreso per cápita de US$10,400 dólares, representando un país de renta media.
Una gobernanza que conduzca a una democracia con contenido tiene que construir un mejor capital humano. No podemos seguir con una inversión en salud de 1.8% del PIB, equivalente al 9.6% del Presupuesto Nacional de 2024, que significan apenas RDS131,660.8 millones de pesos. El golpe de timón de la necesaria gobernanza efectiva tiene que entender que el Estado no puede transitar teniendo dos instituciones que son fraguas de paraguas de las deudas y al mismo tiempo, pueden emitir certificados de bonos (Banco Central y Hacienda). Deudas dispersas, generan distorsiones y, con ello, opacidad, falencia en la lucidez de la transparencia.
Desde 2008 hasta hoy, 2023, el déficit promedio a lo largo de estos últimos 15 años, ha sido de 3.1 del PIB. Todo esto ha implicado un endeudamiento que ha devenido en un problema estructural de la economía y por ende, de la sociedad. Para 2024 los intereses de la deuda significarán RDS294,634.0 millones de pesos, equivalente al 21.5% del Presupuesto de 2024 y el 4% del PIB. Esta sangría de recursos de los ingresos tributarios son los que carcomen la fragilidad en que descansa nuestro cuerpo social. De allí derivan las pocas inversiones en actividades deportivas, recreativas y culturales, con el pírrico presupuesto de RDS9,252.6 millones, esto es, 0.7% del presupuesto y 0.1% del PIB. Es lo que indica que solamente inviertan en protección social 2.1% del PIB y el 11.3% del presupuesto (RDS155,470.1).
Desde el punto de vista sociológico, político, antropológico, esto es, humano, la gobernanza de nuestra formación social viene descansando en una olla, en una caldera, con muchos poros abiertos que en los próximos años puede estallar. Porque esa falta de recursos afecta al conjunto de los habitantes del país: 65% de la población. Los disturbios de la naturaleza visibilizan cada cierto tiempo el cuerpo desnudo, por completo, en que nos encontramos y ha de avergonzar a cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad. Más de 29 años con una profunda deuda social acumulada, acelerándose en el torbellino de la desigualdad más abyecta. Como nos dice Thomas Piketty en su libro La Economía de Las Desigualdades “la sociedad justa debe maximizar las mínimas oportunidades y condiciones de vida ofrecidas por el sistema social”. Tenemos que objetivizar, para el camino de una gobernanza más eficaz, entre la redistribución pura y la redistribución eficaz, como apunta el célebre economista francés.
Recientemente acaba de salir el Índice de Paz Global donde la República Dominicana obtiene un ranking de 83 entre 163 países. Mejoramos 5 puntos. El Índice de Paz Global “es un indicador que mide el nivel de paz y la ausencia de violencia de un país o región”. Tiene 23 indicadores. Esbozan que “La paz de una Región tiene correlación con el nivel educativo y de integración regional”. Resaltan que “los países pacíficos tienen altos niveles de transparencia y bajos niveles de corrupción”.
En el 2023 el país logró estar en el 83/163, sin embargo, este Índice Mundial está desde 2007. Para los años:
- 2009 sacamos 91/163.
- 2011 obtuvimos 102 de 163 países.
- 2015 ranking 97/163.
- 2018 ranking 96/163 países.
- 2023 ranking 83/163 países.
Mientras más lejos del 1 peor es el índice de paz. En la región, por países, es así:
- Bolivia 78.
- Brasil 132.
- Canadá 11.
- Chile 58.
- Colombia 140.
- Costa Rica 33.
- Ecuador 97.
- Cuba 99.
- Honduras 120
- Haití 129.
- Jamaica 77.
- Nicaragua 123.
- Panamá 68.
- Perú 103.
- El Salvador 122.
- Paraguay 68.
- Trinidad y Tobago 70.
- Uruguay 50.
- Venezuela 140.
Esto coadyuva a la gobernanza efectiva en la pertinencia de la institucionalidad. Soliviantarnos como país significa más y mejor gobernanza, que es corolario y axioma de ahondar en las reformas y de fomentar una nueva forma de hacer política.