La transición de la dictadura trujillista a un modelo “democrático” en la República Dominicana abarcó los 12 años de la dictadura desarrollista balaguerista; los 8 años de la apertura democrática de los gobiernos del PRD –Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco- y los 10 años de gobierno bonapartista y neoliberal de la segunda fase de Joaquín Balaguer. Fueron los que consolidaron un modelo de dependencia basado en la devaluación monetaria, la mano de obra barata y la apertura neoliberal, que permitieron el desarrollo del nuevo modelo basado en las zonas francas de exportación, la expulsión de mano de obra nacional hacia grandes mercados internacionales mediante la emigración, fundamentalmente EEUU, España y Puerto Rico que han sido la base de las remesas como parte del modelo y finalmente, un turismo masivo barato del todo incluido y la construcción sustentada en la sobreexplotación de mano obra haitiana, en ambos sectores, además de la agricultura moderna capitalista, como el arroz, el banano, el café, el cacao y la tradicional producción de azúcar para el mercado local y el mercado preferencial de EEUU.
El restablecimiento del control neocolonial de los Estados Unidos del país después de la caída de la dictadura trujillista fue un proceso desigual –con el Consejo de Estado de 1962 entregando la soberanía militar –el MAAG-, el control de las finanzas del Estado, el control financiero mediante mecanismos como la PL 480 y los créditos CCC, entre otros sectores-, completado por el papel entreguista del Triunvirato surgido del Golpe de Estado a Juan Bosch en septiembre de 1963 llevado a cabo por la Central de Inteligencia de EEUU, que se completa en 1966 con la imposición del primer gobierno de Balaguer en un país bajo ocupación militar de EEUU y la nueva constitución antidemocrática de 1966, después de los épicos hechos de 1965: la revolución del 24 de abril, la irrupción del pueblo en la lucha desatada, y la grosera intervención militar de Estados Unidos con más de 45000 marines y un gran contingente aerotransportado, con la “legalización” de esta invasión por parte la OEA (“Fuerza Interamericana de Paz”) y las fuerzas más reaccionarias de las FFAA y la oligarquía nacional.
El descabezamiento de la dictadura de Trujillo se lleva a cabo con la complicidad y apoyo de los organismos de inteligencia de los Estados Unidos, la participación de magnates de la dictadura y de la oligarquía tradicional que Trujillo no había descabezado. El régimen de Trujillo había traspasado los límites de lo permitido para un gobierno surgido de una invasión norteamericana (1916-1924) y un control neocolonial de los principales aspectos de la producción azucarera del país y la economía primaria exportadora del postre (azúcar, café, cacao). Con la acumulación adquirida por el dictador y el Estado trujillista durante la II Guerra Mundial, se impusieron unas políticas aparentemente nacionalistas: compra del National City Bank y transformación en Banco de Reservas de la República Dominicana, como banco comercial del Estado; implementación de la llamada Reforma Financiera, con el engaño del repago de la deuda pública mediante el Tratado Trujillo-Hull; establecimiento del Banco Central de la República Dominicana y “desdolarazación” de la economía e introducción del peso dominicano en 1947.
Prosiguió con la compra de varios de los más importantes ingenios azucareros norteamericanos; incremento del gasto de capital del Estado, mediante la construcción de varias obras claves como el Palacio Nacional, la autopista Duarte, el aeropuerto de Cabo Caucedo, la autovía hasta Boca Chica, la llamada Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre en 1955-1956 entre otras; recompra y nacionalización del sector eléctrico mediante la fusión de varias empresas extranjera y municipales en la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) en 1955, lo que implicó una importante crisis para la finanzas públicas del gobierno.
Pero lo que copó la tolerancia de Washington fue una agresiva política exterior que llegó al atentado terrorista contra el presidente Rómulo Betancourt de Venezuela. Trujillo se había salido de control y en el marco de la guerra fría, y el triunfo de la revolución cubana en 1959, y la ola de simpatías en las juventudes dominicana y latinoamericana, había que terminar con el régimen. En un discurso a inicios de 1960, para “celebrar” los 30 años del régimen, el Presidente títere, Joaquín Balaguer, predijo el asesinato y caída del régimen delante del propio tirano. ¿Estaba al tanto Balaguer del complot contra Trujillo? Con la matanza de los expedicionarios de junio de 1959 y el fusilamiento a mansalva de gran parte de ellos, la formación de un movimiento clandestino de la juventud a posteriori y finalmente, el brutal asesinato de la tres hermanas Mirabal –Patria, María Teresa y Minerva-, los días del régimen estaban contados, a más de las sanciones impuestas por la OEA en respuesta del atentado a Betancourt.
Los doce años que van de la imposición fraudulenta del gobierno de Balaguer en 1966 hasta su derrota por un PRD comprometido con el colaboracionismo con el imperio en 1978 –los llamados “liberales de Washington” de Peña Gómez-, la dictadura balaguerista asesinó a cientos de activistas políticos de izquierda, sindicalistas, jóvenes activistas de los barrios, a periodistas críticos, a figuras de primer orden como el Coronel Francisco Alberto Caamaño, fusilado por órdenes expresas del mismo Balaguer en 1973, entre otros. También fueron asesinados importantes dirigentes del movimiento popular como Maximiliano Gómez, Amaury German Aristi, Amin Abel Hasbún y más de tres mil combatientes de la revolución de abril de 1965 y militantes del movimiento obrero, sindical, estudiantil y de izquierda. Los doce años fueron años de crimen y negación de libertades democráticas, elecciones fraudulentas y asesinato de periodistas, pero también de una gran acumulación de capital de una burguesía parasitaria del Estado, en base al modelo de excepción de impuestos y protección del mercado interno.
En 1978 Balaguer es desplazado por un amplio movimiento de rechazo a la represión, la corrupción y los abusos a los derechos humanos, y es electo un hacendado conservador por el Partido Revolucionario Dominicano, Antonio Guzmán Fernández, que redujo el peso de los militares en la política y abrió el país a las libertades formales de la democracia liberal. En el cuatrienio de Guzman Fernández se crearon las bases para la crisis terminal del modelo primario exportador, se incurre en un desorden de las finanzas públicas que llevan al siguiente gobierno perredeísta de Salvador Jorge Blanco, a iniciar las reformas neoliberales contenidas desde 1989 en llamado “decálogo del Consenso de Washington”, reformas impuestas por el FMI, el BM, el BID y el Tesoro de EEUU. La crisis desatada por la aplicación de esas medidas neoliberales entre 1984 y 1986 provocó el levantamiento popular de abril de 1984, la primera gran poblada contra el neoliberalismo del FMI y compartes en América Latina. Jorge Blanco devalúa el peso dominicano y abre las bases del nuevo modelo neoliberal dependiente de turismo barato, remesas y zonas francas, y primacía interna del sector financiero.
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En 1986 vuelve al poder el sempiterno aspirante a la presidencia Joaquín Balaguer, ciego y octogenario, y comienza a combinar sus viejos paradigmas de la inversión pública masiva con un proceso de desestabilización macroeconómica que lleva la inflación a casi 100% en 1990 y devalúa el peso dominicano de 3 por un dólar a 12.50 por un dólar. Las bases de esa desestabilización macroeconómica fue, fundamentalmente, los subsidios cambiarios a los derivados del petróleo y el default en la deuda pública pero obligando al Banco Central a pagar los vencimientos de los bancos comerciales y los multilaterales. El impacto en el crecimiento de la pobreza fue enorme, y en agosto de 1990, luego de muchas presiones de los organismos internacionales y de la oligarquía dominicana, y un fraude electoral colosal a Juan Bosch, adopta un programa llamado Nueva Politica Económica, que reduce la inversión pública de 11% del PIB a menos de 3% y en corto tiempo logra reducir la inflación en base a un programa de reformas neoliberales en la apertura del mercado mediante un cambio en la escala arancelaria, un nuevo Código arancelario, un nuevo Código de trabajo, un nuevo Código tributario y una reforma financiera que libera las tasas de interés y los requerimientos de los bancos comerciales. Igualmente renegocia la deuda con la banca comercial internacional en base al modelo mexicano del Plan Brady, la deuda con el Club de París y pone al día los atrasos con el FMI, el BID y el BM.
Esa suma de los 12 años de Balaguer, de los 8 años del PRD y los 10 segunda fase de Balaguer, implantan un modelo económico alejado de la protección al mercado interno, el ahorro interno y la inversión pública, para adentrarnos a la apertura a las inversiones extranjeras desreguladas, la “disciplina presupuestaria” y la prevalencia del sector financiero, como el caso del modelo neoliberal de la seguridad social que adopta el gobierno perredeísta de Hipólito Mejía en 2001. El modelo neoliberal del Consenso de Washington, finalmente se implanta en el país y transforma la economía y la distribución del ingreso en bases a un modelo regresivo, en el cual el crecimiento se concentra en pocas manos y aumenta relativamente la pobreza. Dicho modelo se completó en la última fase de la década de los 90 con la privatización de las empresas públicas en particular la CDE, CORDE y el CEA.