Es de manejo público que la inmigración ilegal de haitianos desde su territorio a República Dominicana se ha convertido en un negocio, para individuos de instituciones públicas que están llamados a regular y controlar la avalancha que llega al país de habitantes de la parte oeste de la Isla de Santo Domingo, fenómeno que desde hace varias décadas se ha ido convirtiendo en lo que podemos denominar en un problema histórico.
En una época no muy lejana, cuando a un militar lo trasladaban para la frontera se consideraba como un castigo, pero de un tiempo para acá eso se considera como un premio, en virtud de los retenes que se constituyen en forma reiteradas en “peajes”, cuyos beneficios son usufructuados por los mismos militares; pero también recientemente se han sorprendido militares trasladando en vehículos no oficiales a ilegales haitianos desde la frontera hacia el interior del país, una práctica que frecuentemente también es realizada por civiles con la complicidad en ocasiones de militares.
El director de Migración dominicano reconoció recientemente que hay militares involucrados en el negocio del admisión y traslado de ilegales, pero haciendo alusión, principalmente, sobre las redes de civiles que en diversos tipos de transporte, desde autobuses, camiones, camionetas, yipetas, carros y hasta motoconchos se dedican a trasladar los ilegales haitianos que llegan al país, práctica que también debe ser castigada.
Desde la dirección de Migración se ha informado en esta semana que desde principios de este mes de octubre se han “reconducido”, una nueva forma de llamar a la deportación, más de 23,000 ilegales haitianos. En el año 2023, según reporte de Migración, se deportaron más de 250,000 haitianos. En la actualidad, de forma conservadora, se señala que en el territorio dominicano viven más de quinientos mil haitianos indocumentados.
Pero lo que no ha salido a la luz, pero que sí se comenta en los barrios y comunidades rurales, donde habitan ilegales haitianos, es la cantidad que no son “reconducidos”, porque en el momento de su detención pagan tres mil pesos y mas por cabeza, para que se le libere y no se le conduzcan a los centros donde los ingresan y que de ahí posteriormente lo envían hacia la frontera con destino hacia su destino el territorio haitiano.
Nadie se opone a que se deporten extranjeros que están ilegales en el país, que en su mayoría son haitianos, el 82.7% de la población total de extranjeros. La República Dominicana como país soberano tiene derecho aplicar sus leyes migratorias y sacar del territorito nacional cualquier persona que se encuentre en estatus ilegal.
Lo que si se debe poner alerta es a que, producto del afán de lucro tanto de civiles, militares y policías, los programas de aplicación de las leyes migratorias y sobre todo con respecto a la inmigración de haitianos ilegales, sean violentadas por los mismos individuos con la complicidad de instituciones que son las llamadas a que se cumpla con las leyes, sobre todo en lo que respecta a la avalancha de haitianos que atenta contra la seguridad nacional, los servicios de salud, educación, para los dominicanos y sobre todo para los más vulnerables.
Mientras no se enfrente la corrupción y el tráfico ilegal de extranjeros, principalmente haitianos y se rompa con el negocio de soltar o devolver haitianos que son apresados en territorio nacional, los cuales vuelven a los lugares donde están viviendo en la el territorio de la República Dominicana, la política y metas propuestas por el gobierno con respecto a este tema, será un fracaso y mientras se contabilizan los que salen a la vez no se sigue contabilizando los que llegaron y se quedaron en base al soborno patrocinado por funcionarios de Migración y militares.