Quizás porque está consciente de que el tiempo pasa más rápido de lo que a veces pensamos, el recientemente reelecto presidente Luis Abinader de inmediato comenzó a dar pasos para iniciar las consultas necesarias para llevar a cabo una serie de reformas que se entienden indispensables desde hace tiempo en opinión de expertos locales y organismos internacionales, y que por temor al costo político o por conveniencias particulares han sido postergadas.
Hay que admitir que algunas de estas reformas quisieron realizarse en este cuatrienio, y las autoridades sometieron algunas propuestas informal o formalmente, y se convocó al Consejo Económico y Social para discutirlas, pero ni las circunstancias de crisis por la pandemia y posteriormente por la invasión de Rusia a Ucrania hacían conveniente o posible impulsarlas, ni se contaba con las mayorías y apoyos necesarios para aprobarlas, o al menos para hacerlo sin que eso hubiera significado una merma significativa en la aprobación del gobierno, lo que hubiera puesto en juego la posibilidad de reelección.
Como de conformidad con nuestra Constitución el presidente iniciará el próximo 16 de agosto su segundo y último mandato, y aunque parecería innecesario hacerlo ha prometido que así será, lo que es significativo dada la histórica proclividad de nuestros gobernantes a mantenerse en el poder o al menos a intentarlo modificando a la medida de sus apetitos la misma; y más aún, también ha prometido reformarla para que no se siga repitiendo esa nefasta tendencia, y para establecer mayor rigor para su aprobación, incluyendo la necesidad de un referéndum aprobatorio, como debería ser el caso bajo el texto actual, pero que por conveniencia no se indicó expresamente en el artículo 272 constitucional, sino vagamente al expresarse que cuando “verse sobre derechos”.
Aparentemente liberado de esa concupiscente tendencia, y contando con las mayorías extraordinarias que el partido oficial obtuvo en ambas cámaras del Congreso que le permitirán aprobar reformas legislativas, incluso de leyes orgánicas y la propia Constitución, el presidente tendrá la cancha abierta para poder impulsar estas reformas, las que de ser realizadas en el sentido correcto, probablemente le granjearán disgustos y protestas coyunturales e interesadas, posiblemente atizadas por sus opositores, así como el recelo de algunos de los que aspiren a sucederle, pero constituirán su más importante legado.
Aunque ya el presidente ha avanzado los aspectos sobre los que versaría la anunciada reforma constitucional, y ha señalado algunas de las reformas que contempla realizar como la fiscal y la de seguridad social, es importante que por un lado asuma que reformar por el bien del país, significará siempre afectar muchos intereses con sus consabidos efectos, y que por otro lado comprenda que la única forma de poder hacerlo legítimamente es con una demostrable justificación de interés general y una tan firme voluntad de alcanzarlo, como real apertura para escuchar las distintas posiciones, para lo que se requiere que su equipo tenga la inteligencia y los conocimientos para hacer buenas propuestas que entrañen un cambio positivo, y la sabiduría para discernir lo bueno y lo malo de las opiniones al respecto.
Pero no solo se trata de grandes reformas legislativas, sino de emprender acciones para resolver problemas que ninguna ley ha podido solucionar, tales como el tránsito vehicular, el déficit de las distribuidoras de electricidad, la mala calidad de nuestra educación, el desorden y la falta de planificación de nuestras ciudades, con gobiernos locales que a duras penas pueden lidiar con la recolección de residuos sólidos, y que aunque tengan la voluntad de hacerlo, carecen de recursos para ejecutar lo que la ciudadanía espera de estos.
Ojalá que este tiempo de reformar sea correctamente aprovechado por quienes tienen que impulsar las transformaciones, sensatamente comprendido por los distintos sectores sociales, y racionalmente asumido por la ciudadanía, que muchas veces ha confundido pírricos beneficios o conveniencias de corto plazo, con el desarrollo y bienestar de mediano y largo plazo.