La Junta Central Electoral (JCE) entregó a los partidos una propuesta de “Compromiso por la Integridad Electoral”, el cual está pautado para firmarse en el día de hoy, aunque algunos partidos han solicitado prórrogas para preparar sus comentarios, como una forma de poner un freno a una campaña electoral que en los hechos hace tiempo arrancó, ante la cual se siente desprovista de medios para impedirlo, aunque algunos piensen que simplemente no ha tenido la voluntad de frenarla.
Lo cierto es que la Ley de partidos 33-18 fue diseñada por las pasadas autoridades para crear ese estado de cosas, pues no solo estableció una campaña larga, sino que introdujo una figura inexistente en otras legislaciones similares, la de la precampaña, y aunque se establecen ciertas restricciones a las actividades que pueden llevarse a cabo durante ese periodo, la declaratoria de inconstitucionalidad de algunos artículos de esta y la Ley de Régimen Electoral 15-19, y la realidad actual en la que pocas cosas son privadas, hacen que las limitaciones se desvanezcan, pues entre otras cosas cualquier actividad puede tener hoy día la difusión que antes solo se conseguía con un mitin, pues lo que suceda allí aunque sea una actividad supuestamente partidaria se hará público en las redes, y los medios de comunicación lo reproducirán.
Existe una justificada preocupación ante la intensidad de las actividades partidarias, sin embargo esto no es una sorpresa no solo porque hasta ahora ha sido la mala práctica en nuestro país, sino porque en las circunstancias actuales en las que las dos principales fuerzas opositoras son el anterior partido en el poder y el que surgió producto de su división, quienes gobernaron durante 16 años consecutivos y 20 salvo un periodo de intermedio, era fácil presumir que harán todo lo posible por volver al poder, y el actual partido oficial por su parte, hará todo lo posible por mantener la simpatía de la mayoría de los votantes.
En vista de nuestro historial y ante un escenario como ese, es de esperarse que la utilización de dinero para concitar las adhesiones que faciliten luego obtener los votos será una realidad, por eso el debate no debe concentrarse únicamente en evitar las actividades, lo que aun con un compromiso firmado será probablemente imposible de lograr a cabalidad, sino en limitar de forma racional el gasto en la precampaña y campaña, así como los aportes a estas, no solo en cuanto a los montos que puedan ser aportados, sino en quienes pueden hacerlo que según la ley son solamente personas físicas y no jurídicas, esto es sociedades, lo que se incumplió en las pasadas elecciones sin que hubiera sanción alguna, y más importante aún, en cuanto al origen de estos aportes, pues lamentablemente mientras los partidos no sean sujetos obligados de la ley de lavado de activos, mucho dinero sucio se lavará en apoyos electorales.
Por eso el compromiso más importante que debemos reclamar suscriban los partidos es el de aprobar las modificaciones a las leyes 33-18 y 15-19 presentadas por la JCE, hace más de un año, y que aunque fueron discutidas en la mesa de diálogo abierta por el Consejo Económico y Social siguen sin contar con la adhesión de los partidos mayoritarios, y por tanto, no están siendo impulsadas con la celeridad requerida por la Comisión Bicameral que las estudia en el Congreso, a pesar de que debieron haber sido ya aprobadas para poder ser aplicadas oportunamente en una contienda electoral que se sabe será agitada, y en la cual de no realizarse las reformas a tiempo, los partidos derrocharán nuevamente recursos, y se suscitarán todo tipo de situaciones reñidas con la moral o la ley sin que tengan las debidas consecuencias, pues las leyes vigentes no están hechas para sancionarlas, y ante la inexistencia de una procuraduría especializada de crímenes y delitos electorales y unos astronómicos topes de gastos permitidos a los precandidatos y candidatos, el dinero sucio y limpio, así como los recursos del Estado correrán por las calles, se usarán para conquistar votos y se harán todo tipo de actividades, pues el ecosistema sin reglas de las redes sociales es el espacio en el que la civilización del espectáculo promueve candidatos o intenta hundirlos, conquista simpatías, y realiza sus mayores concentraciones que ya no son los mítines presenciales sino los “live”, para lo cual como para todo, el dinero será la puerta de acceso, y por eso cerrar la llave del gasto es la mejor vía para frenar el preocupante ritmo de esta campaña a destiempo.