Democracia, nivel del Estado y regulación

“Un gobierno necesita tener el poder para hacer cosas, pero ese poder debe limitarse de alguna forma para que no se descontrole y domine a toda la sociedad. Alguien tiene que vigilar a los vigilantes, observar con ojo atento aquellos en cuyas manos se deposita la autoridad para que no abusen ni puedan abusar jamás de ella”. (Moisés Naim: La Revancha de los Poderosos).

Cuando alguien me pregunta como mido la calidad de la democracia, suelo responder, por el grado de compromiso ético político de la elite política en el manejo del Estado. Por la visión a mediano y largo plazo que la clase política tenga, independientemente de las preferencias partidarias, con la sociedad y con la continuidad en el manejo del Estado, merced a una agenda pautada en un contrato social.

Podemos tener una democracia defectuosa, de papel y esta solamente es trascendida, con contenido, en la medida que la elite política tenga frente al Estado la comprensión de su dinámica, de su relación para con la sociedad y de la asunción de como este órgano valida sus diferentes instrumentos de poder para hacer avanzar la sociedad. La calidad democrática es el peso de la hilaridad frente al nivel de comprensión y consciencia del Estado. Vale decir, se puede vivir, en esencia, en una “democracia” sin sustancializar el Estado, por la ausencia de una elite gobernante, de unas falencias inauditas del rol del Estado para el conjunto de la sociedad, de su grado de autonomía y relación dialéctica entre la infraestructura y la superestructura, esto es, el conjunto de aparatos jurídicos políticos

Una sociedad y con ella, una democracia, solo puede avanzar si los instrumentos de dominación: la base legal, coerción y persuasión, cohabitan como fuerzas centrífugas y centrípetas que perpetuamente convergen a un equilibrio diseñado previamente. La legitimidad cobra cuerpo y sentido, cuando los actores sociales y políticos se sienten representados en las percepciones, expectativas y resultados reales.

En una democracia donde el Estado, vía sus leyes, no opere con control, regulación, supervisión, peso, contrapeso, se recrea como un Estado anomio. Empero, el grado de disrupción, del abismo entre las leyes existentes y el desconocimiento de las mismas, sobre todo, por los que dirigen y han dirigido el Estado, acusa cuasi una demencia senil en detrimento del cuerpo social. ¡Que peligroso es ver toda una jauría política aullando en contra de la legalidad de unas normas que ellos mismos elaboraron!

Una democracia sin Estado es allí donde la elite política dominante, en los diferentes niveles, se siente por encima de las fórmulas jurídicas establecidas. No deben aprovecharse de los espacios públicos más allá de lo que les confieren las leyes. Se constituyen en los arquetipos que fluyen de arriba hacia abajo, a lo largo de todo el tejido institucional. Allí, donde los actores políticos comprenden el poder como un medio que hace florecer la sociedad. No como un entramado para “encontrar”, desde el poder, la riqueza, la fama y la influencia.

Tenemos una democracia sin demócratas en el concierto vivo de la legitimidad: servir como funcionario es el más alto honor que un ciudadano puede exhibir frente a su patria, cuando lo hace con dignidad, entereza y templanza. Sin embargo, en pleno Siglo XXI, en su tercera década, los actores políticos, la partitocracia nuestra, no ha asimilado uno de los primeros ingredientes de la democracia: la competencia y la alternabilidad. Como nos dijera el insigne maestro Giovanni Sartori “más que ningún otro factor, es la competencia entre partidos con recursos equilibrados (políticos, humanos, económicos), lo que genera la democracia”.

La regulación, el control, el peso y contrapeso, de los distintos poderes públicos y sociales es lo que decantan, lo que Jurgen Habermas llamó “Verdad y Justificación”, la validez ontológica de los juicios y las normas, la relación entre teoría y praxis. Para Platón, esboza Habermas, “no hay nada más práctico que la propia teoría”. ¿A que nos está conduciendo la falta de respeto al cumplimiento de las leyes, sobre todo de parte de una casta política y qué referente guarda al conjunto de la sociedad? Moisés Naim en su interesante obra La Revancha de los Poderosos, nos habla del socavamiento a la democracia, pero enfatiza en las 3 p “Los autócratas 3 p son dirigentes políticos que llegan al poder mediante unas elecciones razonablemente democráticas y luego se proponen desmantelar los contrapesos a su poder ejecutivo mediante el populismo, la polarización y la posverdad…”.

En nuestro país, ahora mismo, nos encontramos frente a un desconocimiento por parte de algunos partidos del órgano electoral, amparado en el Artículo 212 de la Constitución, cuya finalidad principal será organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebración de elecciones y de mecanismos de participación popular establecidas…”. El Artículo 211 llama a la Junta a la responsabilidad de “garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones”.

Nos preguntamos, ¿por qué en la mayoría de los países de América Latina el órgano electoral lleva a cabalidad las funciones que les confiere las leyes y las constituciones de esos países, muchos de ellos con economías más pequeñas que la nuestra? Daniel Zovatto, en el libro de Regulación Jurídica de los Partidos políticos en América Latina, nos resalta “las instituciones importan, pero que su incidencia en el funcionamiento de la democracia es relativa y que su relevancia real, así como su mejor diseño, dependen del contexto”. Mientras en otras sociedades hay un acercamiento entre lo ideal y lo real, entre la base legal y la cultura política, entre las expectativas y la realidad, “la comparación que mide lo observado y la distancia que lo separa del estado deseable”, en República Dominicana parecería que no tienen stop.

Ciertamente, la sociedad ha permitido, como si ella no evolucionara, que la partitocracia dirija toda la vida en sociedad, como si fueran la mayor jerarquía en la escala social y de símbolos y signos de la estratificación social, en una sociedad de mercado. El poder político hoy, en tanto herencia del pasado: amo y señor, se ha reproducido como ideología de sustentación normativa (praxis) donde no debe serlo. 31 años más 22, conforman 53 años de poder que se recrean 27 años después como si la vida no pasara.

Todavía en esta época, lo que le consagra la Constitución a la Junta: Libertad, Transparencia, Equidad y Objetividad en las elecciones, no se lleva a cabo. La competencia con equidad brilla por su ausencia. Lo que ocurre en los 18 países evaluados es que los órganos de control y el régimen de sanciones se llevan con firmeza, autoridad, legitimidad y legalidad. Como nos señala Daniel Zovatto, se requiere contar con autoridades independientes y profesionales capaces de regular y controlar. Abunda “En efecto, el cumplimiento de la ley exige una autoridad fuerte, investida con suficientes atribuciones para supervisar, verificar, investigar y, de ser necesario, instaurar procedimientos legales”.

En nuestro país, es la profunda ceguera de la clase dominante frente a instituciones que tienen que ver con factores vitales, claves de la democracia. En los últimos 20 años, forjamos, quizás o sin quizás, la sociedad más tolerante ante la cultura del atajo, del fraude, de la permisividad a las conductas indelicadas y al relativismo ético y a la difuminación del dilema: la ética personal, política y profesional. Somos, en el escenario político, uno de los países con mayor debilidad institucional y donde los partidos políticos tienen y ostentan la más baja disposición a cumplir con las leyes. Ocupamos el primer lugar en la inobservancia del régimen de sanciones que disponen las leyes, sobre todo: 33-18 y 20-23 (Partidos políticos y Régimen electoral). Veamos, como ilustración, el cuadro del Régimen de sanciones de financiamiento de la política en 18 países elaborado por Zovatto:

Las prohibiciones del tiempo de las campañas, la distinción entre campaña política y campaña electoral, el acceso a los medios y su equidad: público y privado, la publicidad, las vallas, y su cantidad, el aprovechamiento de las inauguraciones de parte de los funcionarios, la fiscalización de los gastos de los partidos políticos, las encuestas durante el proceso electoral, la representación política de las mujeres, todo está regulado y las consecuencias por violarlas implican niveles altos de sanciones, hasta llegar a la pérdida de candidaturas y de personalidad jurídica de las instituciones políticas; México, Chile, Costa Rica, Uruguay y Panamá constituyen ejemplos elocuentes.

Ismael Crespo Martínez y F. Ramón Villaplana Jiménez nos hablan de la campaña electoral: Posibilidades, límites y perspectivas, en el libro Derecho electoral latinoamericano. Señalan “Desde la perspectiva de las teorías de la democracia representativa, las campañas electorales se definen como comportamientos políticos organizados que tienen lugar durante un proceso electoral y cuyo fin es asegurar la elección de los puestos de representación política. Son, por tanto, el conjunto de operaciones proselitistas, técnicas y de propaganda que se desarrollan en un plazo taxativamente fijado en una norma legal, destinada a lograr la elección de un candidato o partido político determinado. Pero las campañas electorales son también competiciones en torno a valores e ideas”. Veamos el cuadro de Temporalización de las campañas electorales, diseñado por los autores precedentes:

Tenemos que hacer un esfuerzo para asumir los “predicadores básicos” de un sistema democrático, según Adam Przeworski en su libro La Crisis de la democracia “Elecciones competitivas, derechos liberales de asociación y de libre expresión e imperio de la ley (estado de derecho)”. Es el gran desafío para los que están en la vida política y para el conjunto de la sociedad para poder construir una sociedad más viable.