El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acaba de publicar un informe regional sobre los costos directos e indirectos del crimen y la violencia en 22 países de ALC. Los costos directos incluyen las pérdidas en capital humano a causa de homicidios y/o incapacitación de las personas privadas de libertad, la atención hospitalaria de heridos, los gastos del sector público en policía, en administración de justicia y sistema penitenciario, y los gastos en los que incurren las empresas en seguridad.
Dentro del Caribe, los montos identificados promediaron un alarmante 3,83% del PIB. A pesar de que Chile y República Dominicana exhiben los costos directos más bajos, con niveles por debajo del 2,5% del PIB en 2022, los porcentajes superan el dinero asignado a rubros como investigación y desarrollo o asistencia social.
En todas las subregiones analizadas (Región Andina, Centroamérica, Cono Sur y el Caribe), el costo para el sector privado es el principal, con participaciones entre 42% y 54%.
La disminución general de la tasa de homicidios y delitos violentos en nuestro caso puede deberse a diversos factores, muchos de los cuales pueden no ser considerados legítimos, sin embargo, un porcentaje que se ha mantenido constante (con un aumento en los últimos 2 años) es el de la tasa de muertes violentas producto del uso de armas de fuego (65% de todas las muertes no naturales del país, para 2023).
Además de los costos indirectos clásicos de la violencia, como disminución de la actividad económica y la inversión, deserción escolar, daños a la salud mental (individual y colectiva), erosión de la confianza social, también se evidencian daños significativos en sectores cruciales como el turismo.
Está claro que hay una correlación negativa entre los indicadores de violencia y la llegada de turistas: el aumento de la violencia o un clima de percepción de inseguridad precede a una disminución del turismo internacional en los años siguientes. Sobre esto suelen alertar periódicamente los informes especiales de las embajadas acreditadas.
Así las cosas, una política pública urgente de seguridad en el país es la reducción y prevención de la violencia armada, en particular cuando hablamos de generar mayores ingresos y prosperidad social.