La imagen de un presidente de Honduras amarrado como delincuente y jefe del narcotráfico mayor para ser extraditado a EEUU, similar a la figura de Manuel Antonio Noriega en 1989, nos regresa al problema del título de esta reflexión: ¿Es un régimen democrático formal, como los existentes en América Latina, o la apariencia formal de democracia controlada por bandas de cleptómanos organizados, realmente una “democracia”? ¿Cuál diferencia existe entre una cleptocracia y una democracia? El problema de la “agencia” en todo el mundo sigue siendo un problema de envergadura.
Hay familias que se apoderan de un Estado, como la propiedad privada de su clan, como la familia Al Saud en Arabia Saudita que terminó poniéndole el apellido de la familia real al país (saudita viene de Saud), como las familias Al Nahan en los Emiratos Árabes Unidos y la familia Al Sabad en Kuwait. Es la historia de las familias reales europeas, como los Borbones en España y Francia; los Augsburgo en Austria y los Romanov en Rusia antes de la revolución, entre otras familias “reales”, que se hacen dueños de la jefatura del Estado que no es decida por sus ciudadanos o súbitos, sino por por herencia y una fecundación de unos espermatozoides reales.
En países jóvenes como los americanos en general, también hemos tenido nuestras familias cleptómanas hereditarias como los Trujillo de nuestro país, los Somoza de Nicaragua, los Duvalier en Haití, y otras “dinastías” menores en la región. ¿Qué lleva a los gobernantes de estas tierras a convertirse en depredadores de todo lo público? En años recientes vimos como una familia humilde, los Medina, de Arroyo Cano, de la Provincia de San Juan de la Maguana, cada día salen nuevos casos de depredación y robo descarado del erario público y unos robos inimaginables. Es que al no existir un sistema económico que permita la acumulación de riqueza y de capital directamente de las actividades económicas –industrias, agricultura, banca…-, el más importante instrumento o vía para ello la acumulación rápida de capital es el asalto al Estado y su uso patrimonial.
¿Cómo poner fin a este sistema de castas cleptomanías, tanto de los empresarios como de los que ocupan el poder del Estado? Lo primero es poder tener un régimen constitucional decidido colectivamente mediante una Asamblea Constituyente y uno un pacto constitucional como un traje a la medida de los ocupantes del poder. He ahí una explicación de la razón de tantas reformas constitucionales en nuestro país como trajes para permanecer en el poder. No hay ninguna razón para que el pacto social creado por la constitución sea el resultado de mentes “clarificadas” y “expertos constitucionales”. Los debates de los llamados “padres fundadores de los Estados Unidos de América” en la Convención de Filadelfia fue una especial “convención constitucional” de delegados electos de las 13 colonias que fundaron la unión basada en largos debates sobre cómo acordar un pacto común.
Igualmente tenemos la Convención Nacional revolucionaria de Francia en 1789 que constituida en convención constituyente aprueba la primera constitución republicana de Francia y de la modernidad, y la portentosa Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, base jurídica del moderno sistema de derechos humanos contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Organización de las Naciones Unidas como pacto internacional de la post segunda guerra mundial. Nada de eso pasa en las cleptocracias de América Latina, de África, Medio Oriente o Asia. Por eso el control de las armas otorga la vía para modificar las relaciones de poder y deponer o poner a grupos en busca de la plusvalía social mediante el latrocinio de los bienes públicos.
Es una cleptocracia lo que debemos abatir. Por ello la lucha contra la corrupción es parte central de la lucha por un estado democrático vía una convención constituyente como está sucediendo actualmente en Chile. Es el mejor instrumento para alcanzar el desarrollo y la igualdad social.