El Gobierno dominicano insistió que el fideicomiso de Punta Catalina no implica su privatización y que, consecuentemente la Central Termoeléctrica es y seguirá siendo propiedad pública.
Este martes, el vocero del Gobierno, Homero Figueroa, sostuvo que la decisión de constituir un fideicomiso público se tomó por recomendación de la Comisión de Liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, el cual busca preservar y optimizar la inversión, administración, la operación y fuente de pago de las plantas.
Al dar una explicación sobre qué es el fideicomiso, indicó que esta figura esta compuesta por tres partes:
- Una persona física o jurídica que transfiere derechos de propiedad.
- Una persona jurídica autorizada por la ley a recibirlos y administrarlos.
- Una persona física o jurídica beneficiaria de la administración de los bienes.
"En el artículo 3 del decreto 538-21 se indica de forma clara e inequívoca que las tres partes constitutivas del fideicomiso público Central Termoeléctrica Punta Catalina son instituciones del Estado dominicano", dijo Figueroa y especificó que las tres instituciones son:
- La CDEEE, que a través de su órgano de gobierno la Comisión de Liquidación, transfiere todos los bienes y derechos.
- La Fiduciaria Reservas, S.A., recibe en calidad de administradora los bienes y derechos.
- El Ministerio de Hacienda, que será el beneficiario en favor de quien serán administrados los bienes y derechos cedidos al Fideicomiso.
“Como queda explicado, el Estado es quien cede, el Estado es quien recibe y el Estado es el que se beneficia. No puede entonces llamarse privatización a una operación sin empresas privadas. No puede entonces llamarse privatización a una operación en la que no hubo transacción de compra y venta”, enfatizó el vocero y director de Estrategia y Comunicación Gubernamental.
Agregó que el comité técnico será conformado por cinco personas nombradas por decreto, el cual operará como un órgano auxiliar ejecutivo, de acuerdo con las disposiciones del contrato constitutivo del fideicomiso y el marco legal vigente aplicable. "Estas designaciones serán de libre remoción", puntualizó.
El Gobierno dominicano garantiza a los ciudadanos que Punta Catalina es y seguirá siendo 100 % propiedad pública”, concluyó Figueroa.