"Es completamente falso e infundado afirmar que Punta Catalina se está privatizando o cediendo a algún grupo empresarial o a personas particulares", afirmó el Ministerio de Energía y Minas.

Así salió al paso a la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), cuyo presidente declaró: "el fideicomiso que entrega al sector privado la operación y manejo financiero de la Central Termoeléctrica es el mayor despojo de los bienes del Estado que a su vez son los bienes del pueblo dominicano".

“Bajo el subterfugio del fideicomiso y Alianza Público-Privada, le ha sido entregada la Central Punta Catalina al sector privado, en un total abandono de la función de fiscalización y representación del Congreso Nacional. Corresponderá al Tribunal Constitucional, hacer su tarea”, dijo Julio César De la Rosa Tiburcio, presidente de la organización de la sociedad civil.

La cartera de Estado aclaró que, "debido a que por ley un ministerio no puede ser propietario de una empresa ni realizar operaciones comerciales y, consciente de la conveniencia de que la Central Punta Catalina participe de manera independiente en el mercado eléctrico nacional produciendo y vendiendo energía, el Gobierno ha decidido constituir la central en un Fideicomiso Público".

Pero la administración financiera "recaerá en el banco estatal Banreservas por medio de la fiduciaria del mismo nombre", remarcó.

"¿Es eso una privatización? ¿Significa eso ceder o regalar a privados el activo Punta Catalina? Punta Catalina no ha sido puesta en venta por el Gobierno, ni hay planes ni propósitos de hacerlo", subrayó.

Licitación para contratar una firma

No obstante, un comunicado ministerial reveló que, "para garantizar que la operación técnica de la central sea rigurosamente profesional y eficiente, el gobierno contratará mediante licitación una firma que se hará cargo  de la operación y mantenimiento de las dos plantas eléctricas".

Añade que ell monto de US$ 2,340.54 millones indicados como valor de Punta Catalina en el contrato del fideicomiso se dice es “conforme a lo establecido en el contrato EPC y en el Acuerdo para la Resolución Definitiva de Disputas Existentes y Finalización del Proyecto (…)”, firmado el tres (3) de marzo del año 2020 por el gobierno de Danilo Medina.

"Ese valor -prosigue- es un simple número de referencia que tendrá que ser confirmado o descartado por los resultados de la auditoría financiera sobre costos de construcción y seriedad de las inversiones; auditoría que se iniciará este mismo mes a cargo de una prestigiosa firma auditora independiente".

En conclusión, dice el Ministerio, "ese número es referencia, no es definitivo, ni como valor del activo ni como monto final de inversión en la construcción de la obra. La auditoría podría decir la última palabra al respecto".

Finalmente se logró definir una auditora

A través de la CDEEE y el Ministerio de Energía y Minas se había lanzado, desde diciembre del 2020, tres procesos públicos de licitación para contratar una firma auditora para Punta Catalina, pero los tres fueron declarados desiertos.

Solo recientemente, dijo, "finalmente se logró la clasificación de una empresa para dicha auditoría. Los resultados de esa investigación serán hechos públicos en corto plazo".

Paralelamente, informa que "desde hace más de dos meses la firma norteamericana Sargent and Lundi está realizando una auditoría técnica sobre construcción y funcionalidad de Punta Catalina y ya ha entregado el primer informe parcial de dicha investigación. La investigación durará seis meses y sus resultados también serán publicados".

En síntesis, este gobierno está investigando, "por diferentes flancos ,todo lo relativo a la adjudicación del contrato de EPC y al proceso de construcción de Punta Catalina y es nuestro compromiso publicar sus resultados, entre otras acciones, y aportarlos también en su momento a la propia Fiduciaria Banreservas".