El gobierno dominicano ha realizado un gran esfuerzo para que la comunidad internacional mantenga su compromiso con el apoyo a la democracia en Haití y para evitar una catástrofe humanitaria.
El pueblo dominicano es el único y real vecino que tiene el pueblo haitiano. Hay resabios y conflictos históricos que se mantienen, y que aún hoy pesan, de ambos lados, para contener un apoyo mutuo en temas de interés y beneficio común, como sería el multidestino en el sector turístico.
Sectores internos de Haití atizan con frecuencia el fogón del odio y el resentimiento antidominicano. Hay organizaciones que se han forjado al amparo de su antidominicanismo.
Del mismo modo, en nuestro país existen organizaciones antihaitianas que trabajan cada día para que el odio se mantenga, y crezca, y para que las autoridades adopten políticas antiinmigratorias y procedan a expulsar, sin ton ni son, a todos los migrantes haitianos del territorio dominicano.
En cada caso, Haití y República Dominicana, las autoridades han actuado con moderación y cuidando el intercambio comercial. La mano de obra haitiana ha abaratado los costos de la agroindustria, de la construcción y ha permitido mayores ganancias en el turismo y el determinados servicios que son ofrecidos por personal haitiano, que carece del derecho a la sindicalización y al que se le niegan otros derechos sociales y económicos, que sí los tienen migrantes cubanos, venezolanos, colombianos, brasileños y de las islas que se han establecido aquí, incluso con sus familias.
El gobierno dominicano debe cuidarse de los extremismos de los grupos antihaitianos. Estos grupos crean fake news frecuentemente, alteran las cifras oficiales, usan indumentarias militares y armas y actúan con frecuencia, frente a los migrantes haitianos, como si se tratase de autoridades.
Esos grupos exacerban los ánimos y realizan marchas supuestamente patrióticas para reclamar la expulsión de los haitianos. El Ministerio de Interior y Policía brinda apoyo a esos grupos. La pasada semana aprobó una autorización a un grupo antihaitiano, en Santiago, pero negó una autorización a grupos que defienden los derechos de los haitianos a la autodeterminación, en Santo Domingo.
Una primera decisión de las autoridades es garantizar el derecho de los haitianos a reclamar democracia en su país, acogiéndose a las normas de movilización en nuestro territorio. Así se movilizan y reclaman los dominicanos en cualquier lugar del mundo en que se encuentran.
Otra decisión es que el Censo Nacional de Población y Familia del 2022 permita recabar información sobre quiénes son los nacionales haitianos en República Dominicana, cuántos son, dónde viven, cuál es su status y cuáles son sus cualidades profesionales y laborales, y en qué sector de la economía pueden participar.
Esa información es básica. Los censos a los ciudadanos se realizan en todo el mundo e incluyen a los migrantes.
Los grupos antihaitianos rechazan el censo y tratan de boicotearlo, y mienten y han comenzado una distorsionada campaña para que el país no tenga los datos que necesita sobre los migrantes haitianos y de otras nacionalidades.
El gobierno tiene que evitar que los desaprensivos que buscar saciar su sed de sangre con haitianos pobres, que han migrado por la imposibilidad de vivir con algo de dignidad en su propio país -como lo han hecho muchos dominicanos- cometan agresiones de todo tipo contra estas personas. Ya vimos que en Puerto Plata, el fin de semana pasado, sin que hubiese una investigación, docenas de haitianos fueron agredidos y sus viviendas incendiadas, por la comisión de un crimen triple que aún no tiene explicación oficial.
La otra decisión debe ser reforzar el cuidado de la frontera, como ya se ha anunciado. Somos el único vecino con frontera con Haití, y cuando los haitianos no encuentren qué cometer, buscarán un hueco para penetrar al territorio dominicano. Ya lo hacen como pueden. Muchos son perseguidos, apresados y deportados a Haití. Pero retornan. Y buscan trabajo.
La población migrante con menos actos de violencia en el país es la haitiana, pese a la cantidad de personas que se encuentra en actividades productivas. Oficialmente no llegan a 500 mil, pero luego de dos terremotos, del asesinado del presidente Jovenel Moise y del recrudecimiento de la crisis político y económico, es probable que hayan entrado en nuestro territorio más haitianos que los que han sido deportados por la Dirección General de Migración.
La frontera con Haití no necesariamente es el punto más peligroso para el gobierno dominicano. Es muy probable que el odio y la existencia de grupos agresivos y desaprensivos, que se hacen llamar patrióticos y nacionalistas, sea el riesgo más alto que esté corriendo el gobierno del presidente Luis Abinader. Porque esos grupos están dispuestos a repetir el corte puesto en marcha por la dictadura de Trujillo en 1937, y además de quitar la vida a personas inocentes, harían un gravísimo daño a la imagen de todos los dominicanos.
Relacionado: