Hace más de un siglo, las sociedades en los países ricos (hoy la OCDE) destinaban el 90% de sus ingresos a satisfacer necesidades privadas y el otro 10% a las necesidades públicas (carga fiscal); y de esta parte mucho se dedicaba a invadir o conquistar territorios y pueblos. Para mediados de la década de 1980 ya la situación había cambiado, con cerca de 50 por ciento destinado a necesidades públicas.
En las últimas cuatro décadas vino la llamada revolución neoliberal, cuyo signo distintivo era volver más a lo privado y reducir el tamaño del Estado. Los gobiernos de centroizquierda que habían impulsado el cambio anterior comenzaron a caer como fichas de dominó, y sustituidos por corrientes de derecha cuyo postulado fundamental era bajar los impuestos. Y aún en aquellos países en que siguieron existiendo fuertes partidos de izquierda, se fueron derechizando a medida que se imponía el llamado Consenso de Washington.
Y efectivamente bajaron los impuestos. Pero a nadie en el mundo se le ocurrió que podría volverse a una carga fiscal de 10%. A lo más que se llegó fue a bajar la parte pública al rango de 35 a 45% del PIB. Y ahora hay una fuerte corriente que plantea volver a subirla, porque el capitalismo se hizo demasiado injusto, y eso es inadmisible para el mundo civilizado.
¿Por qué ocurrió eso? La razón no fue casi nada de origen ideológico ni de sensibilidad social. Es fundamentalmente de carácter tecnológico y demográfico.
Si bien las diferencias entre izquierda y derecha se fueron haciendo tenues, no significa que no existen. El principal punto de discordia entre derecha e izquierda lo sigue siendo el dilema de si más mercado o más Estado, fuera de los llamados derechos de nueva generación, como el respeto a la mujer, el derecho a vivir sin racismo, sin homofobia, sin desigualdad y respetando el medio ambiente.
Antes se asimilaba la izquierda con la misión de destruir el capitalismo, pero ahora nadie cree eso, salvo dirigentes disparatados como los de Venezuela o Nicaragua, que creen (o hacen creer) que ser izquierdista es expropiar propiedades privadas, imponer dictaduras o proclamarse antiimperialistas.
El factor tecnológico. En el último siglo, la forma como se satisfacen las necesidades privadas ha cambiado dramáticamente. Entre los medios que la gente usaba antes para comunicarse, para transportarse, cómo producía sus alimentos, sus enseres del hogar, vestimentas, entretenimiento, etc. y ahora hay una diferencia del cielo y la tierra. La tecnología los hizo mucho más fácil de hacer, masivo y asequible. En resumen, todo lo privado se ha abaratado relativamente.
La forma de producir los caminos, acueductos e infraestructura pública también ha cambiado, pero no tanto. Y la forma como se patrullan y se limpian las calles, se guarda la seguridad y el orden, se persiguen y juzgan los delitos, se educa a los niños y se protege a los enfermos se siguen haciendo con pocas diferencias a cómo se hacían en nuestros antepasados.
Dado que la tecnología ha abaratado lo privado, pero no tanto lo público, se produciría una gran incongruencia si se sigue destinado igual proporción que antes del ingreso de la sociedad a lo privado y a lo público.
Si así se hiciera ocasionaría tres fenómenos: 1) un incremento desmesurado de los beneficios e ingresos de todo el que se dedique a producir bienes privados en contraste con empobrecimiento y falta de aliciente para producir bienes públicos; 2) menor provisión de servicios y deterioro de la calidad de todo lo que sea público y 3) una inadmisible injusticia social que terminaría provocando inestabilidad, rebeliones e ingobernabilidad.
La forma de contrarrestar eso es tomando una porción creciente del PIB para destinarlo a lo público, pero como nadie va a hacer eso voluntariamente, la sociedad ha dotado al Estado de poder para hacerlo coercitivamente. Porque ahora se necesita más para la educación, salud, policía y justicia. Y eso, sin contar que han venido surgiendo mayores responsabilidades públicas, temas que antes no existían o no eran de gran preocupación colectiva, como el cambio climático o el crimen organizado.
El factor demográfico. El gradual envejecimiento de la población implica también más responsabilidades públicas. Las sociedades en que prevalece la población joven requieren mucho gasto en educación, vivienda y transporte. Pero solo el primero de ellos se considera netamente un bien público, mientras que vivienda y transporte se suelen satisfacer privadamente.
A medida que la población envejece hay mucho más gente en edad pasiva, a la que hay que mantener mediante pensiones, e infinitamente más ancianos a quienes proveerles alimentación y salud. Esto eleva necesariamente los gastos en salud y en la seguridad social.
Y esto, que por ahí viene zumbando un nuevo sector de servicios públicos que está absorbiendo enormes presupuestos en los países desarrollados: el cuidado de niños, ancianos y personas en discapacidad, porque cada vez hay menos posibilidades de que miembros del hogar se queden a atenderlos.
Ahora pocos países logran construir un sistema educativo de calidad con apenas un 4% del PIB. El promedio de América Latina es 5.3% y el de los países de la OECD ronda casi el seis, con muchos países que se acercan al ocho por ciento (a veces la comparación internacional se dificulta por la definición de gobierno, pues en muchos países la función educativa la cumplen parcialmente los municipios, provincias o estados). Y la seguridad social suele absorber más del 20%, sin contar los crecientes requerimientos para salud, policía, agua, ambiente e infraestructura.
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