El gobierno de Venezuela sigue haciendo fraudes, posteriormente al gran fraude cometido contra la democracia el 28 de julio pasado, y al disponer que sin haber terminado la votación y sin mostrar una sola acta de votación, el dictador Nicolás Maduro había ganado las elecciones.
Tanto en el proceso ante el Consejo Nacional Electoral, como los procesos ante la Fiscalía General y ante el Tribunal Suprema de Justicia, las autoridades de Venezuela demuestran que el fraude es un acto deliberado y burdamente montado para consolidar un régimen ilegítimo, que no cuenta ni ha contado con la voluntad de elección del pueblo y de los votantes de Venezuela.
Los dominicanos conocemos de fraudes electorales y los vivimos terriblemente entre 1966 y 1978, y nuevamente fuimos víctimas de fraudes electorales en 1990, en 1994, y posteriormente algunas escaramuzas se dieron, más sutiles, forzando la inclinación mediante el uso de los recursos y los organismos estatales, entrado el siglo XXI.
Los demócratas venezolanos y de muchos otros países fueron solidarios con los dominicanos, y ayudaron a crear redes de solidaridad con la limpieza y transparencia de los procesos electorales en el país. Nosotros, que hemos consolidado y régimen electoral saludable, debemos seguir reclamando transparencia y respeto a la voluntad popular en Venezuela.
Once países, incluyendo a la República Dominicana, acaban de hacer pública una comunicación sobre la sentencia del Tribunal Suprema de Justicia de Venezuela, declarando irregularmente a Nicolás Maduro como presidente electo de ese país.
Un nuevo fraude, ahora con un organismo de la justicia que se debía suponer independiente y no al servicio de la dictadura.
Las cancillerías de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, han rechazado de forma conjunta y categóricamente, el anuncio del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, sobre una supuesta verificación de los resultados del proceso electoral del 28 de julio, y que no tiene otro propósito que “validar” los resultados del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, sin mostrar una sola prueba de que las elecciones tienen semejanza con lo dicho por los líderes del Partido Socialista Unido de Venezuela.
Estos países, incluyendo a la Unión Europea, ya han dicho que no reconocerán a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, mientras no se publiquen las actas o se haga una auditoría independiente de las mismas.
“La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela alertó sobre la falta de independencia e imparcialidad de ambas instituciones, tanto del CNE como el TSJ”, han dicho los once países en su comunicado.
“Los países que suscriben reiteran que solo una auditoría imparcial e independiente de los votos, que evalúe todas las actas, permitirá garantizar el respeto a la voluntad popular soberana y la democracia en Venezuela”, es otro de los párrafos del comunicado.
Ademas de utilizar las instituciones estatales para validar el fraude, la dictadura de Maduro ha utilizado las fuerzas armadas y a grupos paramilitares para reprimir las protestas, apresar y torturar a ciudadanos que reclaman, con todo derecho, transparencia en la política de su país y el restablecimiento de la democracia.