Este viernes 16 de agosto se instalará una nueva administración en el gobierno dominicano, encabezado por el mismo presidente, Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña y una buena parte de los ministros, directores generales y otros funcionarios del gobierno que empezó el 16 de agosto de 2020 y que ahora concluye.
El Partido Revolucionario Moderno (PRM) ganó en febrero las elecciones municipales, y gobierna la mayoría de los municipios y distritos municipales. En mayo ganó las elecciones presidenciales y las congresuales. El partido de gobierno y sus aliados tendrán la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados a partir de este viernes 16 de agosto.
Le ayudó al PRM su sólida unidad interna y la construcción de una amplia alianza electoral. Otro factor relevante de esta revalidación del gobierno del presidente Luis Abinader tiene mucho que ver con una gestión que pudo exhibir aciertos, sobre todo en el mantenimiento de la estabilidad económica y en el crecimiento, en la inversión en obras de infraestructuras en las diversas regiones, además de la consolidación institucional y los notables esfuerzos por reducir la corrupción y combatir la impunidad.
Y otro factor que jugó a favor de la coalición de gobierno fue la debilidad de la oposición, sobre todo por el fraccionamiento de los partidos tradicionales como de las opciones alternativas y el amplio abanico de la izquierda, desde la moderada hasta la tradicional izquierda revolucionaria. Los esfuerzos de mostrar una alianza opositora sólida no dieron frutos.
El presidente Abinader emprenderá este nuevo cuatrienio con la ventaja de contar con la mayoría congresual, y está comenzando con un paquete de reformas políticas e institucionales que conllevarán nuevos desafíos. Los primeros que deben de trabajar con seriedad estas reformas propuestas son los partidos, tanto los de la coalición de gobierno como los de la oposición.
La sociedad estará atenta a los debates sobre estas reformas dirigidas a impedir que la Constitución pueda ser reformada por el capricho y las ambiciones continuistas de cualquier gobernante y que busca reducir el tamaño desproporcionado en relación con el territorio y la población de la República Dominicana.
Además de la propuesta de reforma constitucional, que el presidente presentará este 16 de agosto, posteriormente serán sometidos proyectos de reformas para el código laboral, para la seguridad social y para el sistema fiscal, y deben servir, sobre todo, para reducir la inequidad y la pobreza. República Dominicana no puede continuar como un país de notable crecimiento concentrado en muy pocas manos.
Por eso estas tres reformas tienen que estar orientadas a obtener el mejor acuerdo posible, no el ideal. Nadie quiere pagar más impuestos ni ceder los que considera derechos adquiridos, pero tampoco se puede negar la necesidad de las reformas, acaso impostergables. Si se aprueban a tiempo se podría fortalecer el liderazgo del presidente Abinader. Y como el mandatario concluirá su carrera presidencial en 2028, los frutos positivos que puedan desprenderse de las reformas podrían apuntalar al PRM para las próximas competencias electorales contando con el liderazgo de Abinader.
El PRM y Luis Abinader tienen que resolver grandes desafíos. A primera vista el gobierno necesita una estrategia para enfrentar con claridad, y con alianzas sensatas, el problema de la pobreza y la desigualdad, que profundamente arropan a gran parte de la sociedad dominicana. Sabemos que no es un tema para resolver en ocho años, pero cada día hay más conciencia de que la pobreza y la mala calidad de la educación son los factores que jalonan con más fuerza al país hacia el pasado.
La otra cuestión que el gobierno tendrá que enfatizar es la lucha contra la corrupción, pero sobre todo la reforma profunda del Poder Judicial y del Ministerio Público, más allá de la Procuraduría General. En ambas instancias hay profesionales probos, íntegros, pero también se arrastran los fangos del pasado, y así resulta muy difícil enfrentar con decisión y a fondo el dañino delito de la corrupción. Aquí sólo se sancionan con penas fuertes a los pobres y a los pendejos.
La otra cuestión, que resulta evidente, es que el PRM como partido de gobierno tiene que equilibrar su presencia en el ámbito político y no condicionarse solo a que sus dirigentes sean funcionarios del gobierno, electos o designados.
Fue uno de los grandes problemas del PLD, que ahora parecen tentados a repetir los dirigentes del PRM. No basta con ganar elecciones y ocupar cargos en la administración pública. Un partido de gobierno debe mostrarse vivo, en permanente contacto con la sociedad y al mismo tiempo comportarse como el músculo político de su gobierno, dar la cara cada vez que sea necesario, además de ser intermediario entre la gente y los funcionarios públicos para solucionar los problemas y atender las necesidades de servicios.
Frente a las presiones por designaciones para posiciones con relevancia política, el gobierno tiene que evaluar la capacidad de los designados, sus posibilidades de suficiencia y, de manera especial, la alineación de los designados con las propuestas de cambios que el presidente ha diseñado y puesto sobre rieles.
Si esos factores no se consiguen, habría que esperar la debilidad del PRM y de su gobierno, una probable lucha interna de fraccionamiento y desgaste, mientras la oposición se frota las manos y hace lo necesario para desplazar a los perremeístas del poder.