Una Junta Central Electoral sin garras para aplicar sanciones a los partidos políticos es un serio desafío democrático y una derrota para la institucionalidad y la transparencia.
El país ha tenido avances institucionales y en transparencia en los últimos tres años, que la sociedad debe tratar de conservar. Entre esos avances se destaca la elección de un tribunal electoral independiente, con credibilidad, en una ruptura con las designaciones negociadas de miembros de partidos en el organismo responsable de organizar las elecciones nacionales.
La JCE ha cometido el error de no aplicar sanciones a los partidos políticos que deliberadamente han violado las leyes y sus disposiciones. Lo que quiere la JCE es buscar una conciliación, un acuerdo, una adecuación de los dirigentes políticos, y esto sencillamente no es posible.
En materia política y electoral la autorregulación no es posible. La JCE fue designada para organizar las elecciones, y hacer cumplir las normas existentes, de modo que no haya favoritismo o ventajas y desventajas para los que participen del proceso electoral.
Esconder las garras, no mostrarlas, no hacer cumplir la ley y el orden es un tremendo error de la JCE. La campaña a destiempo ha sido una violación deliberada y premeditada de algunos partidos y sus candidatos. Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, por ejemplo, han socavado la institucionalidad y la credibilidad de la JCE, y le han quitado prestigio y reconocimiento. Han provocado a la autoridad electoral y en aras de evitar conflictos esa autoridad se ha pasmado en la aplicación de sanciones.
Lamentablemente la JCE pierde a partir de ahora la posibilidad de exigir el cumplimiento de la ley y el cronograma electoral establecido.
Con su asentimiento o su indiferencia ante las violaciones legales cometidas por quienes hacen campaña abierta en esta etapa de campaña interna de los partidos, la JCE quedará desautorizada, será un árbitro sin firmeza.
Habrá una cumbre el martes, y allí nuevamente los partidos irán a desafiar la autoridad de los miembros del tribunal. Por más que Ramón Jáquez Liranzo y su equipo quieran tratar de convencer a los partidos para cumplir con las leyes y las disposiciones administrativas del órgano que encabeza, los partidos seguirán desafiante. Ya saben que la JCE no tiene voluntad, fuerza legal ni moral para aplicar sanciones.
Situaciones como esas ocurren cuando hay partidos que se saben débiles, electoralmente, y quisieran que las autoridades adopten posiciones que les justifiquen una posición radical, para aislarse del proceso y llamar a las autoridades -como ya lo han hecho- que están bajo el control del gobierno.