En una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños Guzmán, coloca como prioridad de la agenda legislativa la cuestión de la seguridad ciudadana y la modificación de la Ley Orgánica del Ministerio de Interior y Policía.
Respaldamos la decisión de FINJUS de privilegiar la cuestión de la seguridad ciudadana, y en consecuencia la reforma de la Policía Nacional.
El presidente Luis Abinader comenzó un proceso de empoderamiento de la sociedad para la reforma de la Policía Nacional y el mejoramiento de la seguridad ciudadana. Colocó precisamente al vicepresidente ejecutivo de FINJUS como coordinador y responsable del seguimiento del proceso de reforma de la Policía Nacional, conjuntamente con el Ministerio de Interior y Policía, la propia Policía Nacional, y varios distinguidos ciudadanos y servidores públicos.
Los frutos del trabajo de la comisión fueron entregados al presidente de la República. El presidente insistió en reforma la entidad responsable de garantizar la seguridad, asignó responsabilidad a Roberto Santana Sánchez, asesor honorífico del Poder Ejecutivo, de coordinar la revisión del currículo de formación de los agentes policiales, conjuntamente con el director de la Policía, Alberto Then, y con el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez.
Lo que ha dicho Finjus a Alfredo Pacheco es lo siguiente, colocando como primer punto de la agenda legislativa la reforma de la Policía y el tema de la seguridad ciudadana:
I. Seguridad ciudadana
La seguridad ciudadana ha sido señalada de manera reiterada como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía en los más recientes estudios y encuestas realizadas como el Índice de Competitividad Global y el Barómetro de las Américas 2021, considerándose la inseguridad como el problema más importante que enfrenta el país a juicio de la población dominicana.
Lo anterior amerita que el Estado y en particular, el Poder Legislativo, se aboquen a la tarea de desarrollar una política de seguridad ciudadana integral, lo cual requiere, a modo de componente clave, la aprobación de iniciativas tales como la Ley Orgánica del Ministerio de Interior y Policía y la reforma al Código Penal correspondiendo esta última a todo lo relativo al fortalecimiento del sistema de justicia.
La Policía Nacional es una entidad compleja, con deficiencias y méritos. Con agentes que resultan una vergüenza y con técnicos y especialistas que se encuentran entre los mejores en la investigación y solución de los temas del crimen organizado.
Con la dirección del director actual de la Policía, mayor general Eduardo Alberto Then, se ha sentido el cambio favorable de un aumento de la seguridad ciudadana, y con una demostrada disposición para realizar los cambios necesarios en la entidad bajo su mando, asumiendo en particular la necesidad de un cambio en la forma y los métodos de formación de los agentes del orden que se relacionan con la ciudadana, a la que deben ofrecer protección.
La autoridad policial debe estar al servicio del ciudadano. El país necesita una policía con agentes confiables, en los que los ciudadanos puedan confiar, en los que los ciudadanos encuentren respeto y ofrezcan también respeto, como ocurre en muchos países y en grandes ciudades conocidas por los ciudadanos dominicanos, como Nueva York, donde un agente de la Policía es una persona respetada y confiable.
Falta mucho, es cierto, pero hay que adaptar las leyes y los códigos, como solicita FINJUS, para que la legislación sea también un punto de apoyo en la reforma. El país necesita agentes policiales educados, respetuosos, que conozcan y respeten los derechos de los ciudadanos, garantizados por la Constitución de la República, y que no asuman que ellos están en la calle para atropellar a los ciudadanos, y hacer notar su autoridad, como portadores de un uniforme y de armas entregadas por el Estado para golpear, asesinar y aplastar a los ciudadanos.
Es el momento de hacer ese cambio. Es lo que el presidente ha prometido y es lo que la comisión presidencial ha socializado en todos los encuentros que se han realizado en los municipios, y a través de la creación de las mesas ciudadanas de seguridad en cada municipio del país.