Desde inicios del mes de octubre se le ha ordenado a la policía, los militares y los agentes de migración de la República Dominicana alcanzar metas elevadas en materia de repatriaciones, tal como se hace en la industria o los negocios. La “ejecución inmediata” de la orden de repatriación masiva ha tenido un efecto positivo en cuanto a resultados. Ha habido un cumplimiento “exitoso” en cuanto al número de deportaciones fijadas como objetivo.
Sin embargo, como en tantos otros países del mundo, la consecución de un propósito como este ha conllevado, como contrapartida, un alto costo en términos de institucionalidad. Los reportes son múltiples y concordantes. La captura de las personas que serán víctimas de las deportaciones masivas se hace a menudo de manera ilegal y sin seguir el debido proceso: en horas indebidas, llevando a mujeres embarazadas y a menores, a personas con documentos, a haitianos y dominicanos afrodescendientes.
Para llevarnos a la situación actual fueron necesarios años de preparación. Como parte importante de esta espiral tenemos la sentencia 168-13, que desnacionalizó retroactivamente a cuatro generaciones de dominicanos de origen haitiano mediante una interpretación amañada de la constitución y el surgimiento (¿resurgimiento?) y crecimiento de grupos neofascistas, racistas, anti haitianos que se distinguen por sus discursos de odio.
Esta evolución ha permitido un proceso gradual de deterioro de los derechos humanos que se inicia con la negación y privación de derechos y concluye con la deportación masiva e indiscriminada de un grupo étnico.
Esta lógica de “números” puede llevar a un torbellino imposible de controlar. Considerar seres humanos como cifras es de triste recuerdo. Cuando una maquinaria se vuelve loca, se rompen los frenos legales y mentales y ello puede conducir al conglomerado a una crisis de valores generalizada, a la deshumanización de las víctimas y de sus verdugos, poniendo en jaque los valores de tolerancia y respeto que deben caracterizar toda sociedad democrática y civilizada.
La deshumanización facilita los atropellos, porque exonera a los perpetradores de la carga moral de hacer desaparecer a un «otro», diabolizado de antemano por un aparato propagandístico, en nuestro caso las “bocinas”. Es la puerta de entrada a los procesos de discriminación, marginación y exterminio. En la deshumanización se encuentra la justificación.
Sabemos que durante la época nazi la deshumanización fue sistematizada, burocratizada y gestionada al punto que los que formaban parte de su maquinaria simplemente seguían la rueda de la destrucción sin pensar en su significado, en lo que eso significa e implica.
Durante las dictaduras latinoamericanas de hace medio siglo, miembros de partidos de izquierda fueron considerados por las juntas militares como «cánceres» a erradicar; los tutsis de Ruanda eran “cucarachas” que los hutus debían eliminar.
Los y las defensores de los derechos y de la dignidad humana deben llamar la atención de manera contundente de todos los sectores de la vida nacional para poner un alto rápido a la criminalización creciente de los migrantes haitianos y de la población afrodescendiente.
Un país donde se producen cacerías de personas de un determinado fenotipo racial, violando todo tipo de normas y protocolos, no es la imagen de la República Dominicana por la que tantos han luchado y que queremos dejar a nuestros hijos e hijas.