A 12 años de la última reforma fiscal, la Ley 253-12 “Fortalecimiento de la capacidad recaudatoria del Estado para la sostenibilidad fiscal y desarrollo sostenible” que elevó de 16 % a 18 % la tasa del Itbis, por ejemplo, República Dominicana se enfrenta a una nueva reforma tributaria.

De hecho, su implementación y ejecución tiene que estar orientada al desarrollo social y económico, aumentar los ingresos estatales y reducir el déficit fiscal. 

Para el vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees), Miguel Collado Di Franco, romper el círculo fiscal dominicano es limitar el crecimiento del gasto público, alcanzar el superávit fiscal en un lapso de cuatro años y reducir el endeudamiento público.

La promulgación de la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo de República Dominicana 2030 (Ley 1-12), estableció que se debía ejecutar una reforma fiscal en 2015.

El ítem 3.1.1.2, Artículo 36, establece que el Gobierno debe garantizar la sostenibilidad macroeconómica, a cargo de las autoridades monetarias que “debían impulsar una reforma fiscal integral, basada en la transparencia tributaria y orientada a financiar a largo plazo la sostenibilidad de las finanzas del sector público”.

Para este 2024, la Dirección General de Presupuesto (Digepres) estimó RD$ 1 billón 418,686.5 millones en concepto de gastos, mientras que los ingresos se situaban en RD$ 1 billón 187,374.1 millones, para un déficit de RD$ 231,312.3 millones.

Las remuneraciones a empleados públicos (RD$ 336,017 millones), pago de intereses de la deuda (RD$ 263,817 millones) y otras transferencias y subsidios (RD$ 261,538 millones), son las tres principales clasificaciones económicas del gasto, según la Ley General del Presupuesto 2024.

Ante esto, Collado Di Franco explicó que la transformación tributaria que reduzca incentivos ayudará a disminuir los niveles de informalidad, la evasión fiscal y elusión, además de actividades económicas como ahorro, inversión, producción y consumo.

“Menores tasas y una ampliación de bases impositivas de los principales tributos como el Itbis, que pasaría de 18 % a 10 %, y el impuesto sobre la renta, lo que conllevará, además, de nivelar la carga tributaria para su mejor distribución”, explicó.

El vicepresidente del Crees indicó que una reforma tributaria debe considerar la simplificación del sistema tributario, lo que facilitaría la gestión y mecanismos de control para la administración. Dijo que esta transformación tributaria tendría efectos sobre el ahorro, la inversión y el consumo, y repercutirá positivamente en la economía nacional.

“El déficit del sector eléctrico debe ser despolitizado para que pueda funcionar con eficiencia, y que las distribuidoras deben ser colocadas en manos del sector privado, con una licitación con miras a ser internacional o nacional, porque tenemos casos de éxitos en el país en la zona Este”, comentó.

Además, República Dominicana se enfrenta a una economía no regulada. Datos del Banco Central (BCRD) destacan que 2,404,955 de la población económicamente activa está en la informalidad. O sea, 51 % de los 4,712,615 empleos existentes al cierre del 2023.

El experto en economía aclaró que la “madre de todas las reformas sería esta transformación tributaria”, que ayudaría a las siguientes reformas laboral y eléctrica, y a simplificar los trámites burocráticos para invertir en República Dominicana.