Esta es la cifra: 0.37 por cada 100,000 habitantes son víctimas de explotación sexual comercial (ESC) a nivel global, una problemática social, económica y política que vulnera la integridad física y arrebata los derechos humanos de las víctimas y sus familiares.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es aún más específica: este negocio ilegal puede movilizar más de US$ 150,000 millones, pero es combatido por los gobiernos, autoridades migratorias y judiciales en atención a la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional, de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En República Dominicana, la Ley 137-03 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas establece que el turismo sexual es una actividad de viajes que incluye cualquier forma de explotación sexual.
Hace hincapié en las ofertas sexuales que se promocionan a través de las diferentes formas de comunicación, como redes sociales, plataformas de internet y medios de comunicación tradicionales.
Ante esto, la vicepresidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (Asonahores), Aguie Lendor, indicó que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) está trabajando con los aeropuertos de Las Américas y Punta Cana, además de los hoteles del Este de República Dominicana, que por estas dos zonas se registraron el 81.5 % de las llegadas de pasajeros durante enero y agosto del 2024, en un proyecto de capacitación.
Reconocer y actuar
“Estos actores están sumando y trabajando en hacer la campaña interna con sus empleados para que puedan reconocer y actuar ante una detección contra la trata y tráfico de personas y la explotación sexual comercial en el ámbito turístico”, expresó a ACENTO.
Su pensamiento es acorde a las estadísticas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que señalan que el 11 % de las víctimas con fines de explotación sexual fueron rescatadas en los hoteles, solo detrás de bares (14 %) y apartamentos (18 %).
“Creo que hay una posición seria de no ser parte de esta cadena”, afirmó Aguie Lendor y aclaró que obviamente esta mala práctica no es única de Quisqueya, sino una situación que no conoce de fronteras, países y llegadas de turistas nivel global.
Esto, debido a que ONU Turismo señala que cada año se realizan más de 1,000 millones de viajes por diferentes motivos,
Participación Ciudadana recordó que el país fue clasificado el año 2022 como “origen, tránsito y destino” de este flagelo, cuyas víctimas en un 53 % de los casos fueron menores de 18 años.
Víctimas y victimarios son solo una parte de las miles de personas que se movilizan por vacaciones, trabajos o para visitar amigos, conocidos o allegados a un nuevo país, cultura o sociedad.
En los primeros ocho meses del 2024, arribaron 6,625,201 pasajeros a través de los aeropuertos dominicanos, un crecimiento de 7.25 % respecto el mismo período que el 2023, cuando el Ministerio de Turismo, el Banco Central y la Dirección General de Migración reportaron 6,177,287 personas.
“Nosotros -añadió Aguie Lendor- estamos sumando a la lucha y se comenzará a profundizar en los próximos meses con mayor capacitación; comenzamos a crear protocolos internos para los hoteles y los aeropuertos, y ellos sepan qué hacer”.
La vicepresidente de Asonahores señaló que la población ocupada en el renglón hoteles, bares y restaurantes (403,233) debe aprender a detectar y ejecutar protocolos que no alerten al tratante hasta rescatar a la posible víctima.
“Es una situación delicada donde tanto los empleados como las autoridades deben estar conscientes y tener un protocolo para actuar, así que estamos trabajando en comunicación, capacitación y preparación”, reveló.
De hecho, el Observatorio del Poder Judicial establece que la educación es primordial para prevenir la captación de nuevas víctimas de cualquier delito, especialmente entre los grupos más vulnerables.
“Las organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas y medios de comunicación tienen la responsabilidad de informar y educar a las personas sobre los riesgos y las señales de alerta de la trata de personas”, citó Lendora.
Denisse Pichardo, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Caminante, es más contundente: los 10,760,028 habitantes de República Dominicana deben prestar atención a los diferentes problemas que atañen a los adolescentes, quienes conforman el 33 % de la población nacional.
Los representantes en el país del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Carlos Carrera y Fabiana Gorenstein, alertaron de que existe una cierta tolerancia o normalización a la violencia contra la niñez y la adolescencia.
“Superar este cuadro requiere esfuerzos de todos para la sensibilización e ir eliminando progresivamente las formas de violencia hacia la niñez y la adolescencia de nuestra cultura”, explicaron.
Para lograrlo, explican que se debe promover acciones permanentes que mantengan a la población informada y sensibilizada sobre los riesgos de abuso o explotación sexual a los menores de edad, de manera tripartita, es decir, una colaboración entre el Estado, los empresarios y la sociedad civil.
Asimismo, se alinea la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes República Dominicana (Citim) que señala que la sensibilización y capacitación son los principales objetivos en el programa 2022-2026 contra la trata de personas en áreas de seguridad ciudadana y controles migratorios.
Mayor foco en los casos de denuncias y el otorgamiento de penas
Ángeles González tenía ocho años cuando las autoridades dominicanas la identificaron como víctima de explotación sexual comercial (ESC). Ella era comercializada por su madre para obtener dinero para alimentos y bebidas.
Isabela Feliz, de 14 años, fue reclutada para hacer tríos sexuales con adultos, y luego difundir el material gráfico en páginas pornográficas.
La estudiante Luna Marie, también de 14 años, fue captada por los perpetradores para ser explotada sexualmente.
Estos son algunos nombres que forman parte de las 46 niñas, niños y adolescentes menores de 18 años que fueron víctimas de ESC durante el 2023. Estos casos representan dos tercios de las 76 personas víctimas identificadas por organismos estatales por este flagelo.
Para ese período, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) reportó 438 investigaciones por trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. De estos, siete casos estuvieron a cargo de la Dirección General de Migración por casos en puertos fronterizos y aeropuertos y 55 casos en investigación por trata realizadas por el Ministerio Público.
República Dominicana, a través del Código Penal (1884), penaliza el proxenetismo, al actor que persigue favorecerse financieramente y a terceros involucrados en la prostitución y explotación sexual. Además, de contar con la Ley 137-03 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.
Pichardo comentó que el rol de las asociaciones sin fines de lucro busca proteger, apoyar y sacar adelante a niñas y adolescentes víctimas de trata y explotación sexuales comercial.
“A veces uno se cansa de denunciar y ve que los casos se quedan engavetados en el sistema judicial”, comentó. Pese a esta situación, la Procuraduría General de la República (PGR) contabilizó entre enero-septiembre del 2024 15 adolescentes rescatadas, de las que ocho fueron víctimas de ESC.
Asimismo, el Congreso Nacional aprobó el proyecto de ley que modifica el artículo 3 y agrega el ítem 3.1 a la Ley 137-03, donde indica que la infracción de trata que se realice en perjuicio de un menor de edad, persona incapacitada o vulnerable será sancionada con 20 a 30 años de prisión y multas de 300 salarios mínimos del sector público, que a octubre del 2024.
La catedrática Arabelis Mejía valoró que el país ya haya adoptado medidas para fortalecer la lucha contra la trata de personas, entre las que destacó la creación de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico y la Trata (PET), la elaboración de los protocolos de identificación, referencia y atención a víctimas y sobrevivientes, especialmente mujeres y personas menores de edad, y la penalización del delito que ya registra algunas sentencias condenatorias.
Sin embargo, la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, resaltó la urgencia de continuar y masificar las acciones de prevención y protección de los derechos a las víctimas. “La trata de personas afecta a millones en todo el mundo especialmente a mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes”, recordó.
Un turismo que crece en estadísticas debe ser sostenible e integral
En 2023, según la ONU Turismo, los ingresos generados por el turismo alcanzaron US$ 1.4 billones, mientras que las exportaciones se estimaron en US$ 1.6 billones. La contribución directa del turismo al producto interno bruto (PIB) global fue de US$ 3.3 billones, representando el 3 % del total.
Para 2024, se prevé que las movilizaciones por ocio regresen a los niveles de 2019, con 1,400 millones de viajeros. En República Dominicana, las autoridades estiman recibir 11.5 millones de visitantes, tanto cruceristas como no residentes.
David Llibre, presidente de Asonahores, afirmó que el país está comprometido a implementar medidas de alerta en hoteles, aeropuertos y puertos para salvaguardar a los dominicanos y turistas de esta realidad. Además, se llevarán a cabo jornadas de sensibilización para el personal de migración y empleados de hoteles.
La Ley de Estrategia Nacional 1-12 subraya la importancia de ordenar los flujos migratorios de acuerdo con las necesidades del desarrollo nacional. En particular, el artículo 2.3.7.4 establece que el Estado debe fortalecer los mecanismos de prevención y sanción contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, con enfoque en la atención de las víctimas, especialmente los menores de edad.