De las 5 mil 329 sentencias emitidas el año pasado por el Tribunal Superior Electoral (TSE), la inmensa mayoría (4 mil 807) corresponden a rectificaciones de Actas del Estado Civil y solo un puñado aluden a sentencias contenciosas electorales (232) y decisiones de cambio, supresión y añadidura de nombre (290).
Así lo detalló el presidente del TSE, Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, en su discurso de rendición de cuenta, que precisó que las rectificaciones de actas impactaron a 6 mil 667 personas (3 mil 476 mujeres y 3 mil 191 hombres).
Explicó que durante el año que recién finaliza fueron depositado 408 expedientes contenciosos electorales y 435 solicitudes de cambio, supresión y añadidura de nombre.
También destacó que 3 mil 561 personas recibieron capacitación en materia de justicia electoral y que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) le otorgó al TSE la calificación de 100 en transparencia por noveno mes consecutivo.
Adicionalmente, la Contraloría General de la República, a través de la Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), otorgó al TSE la calificación de 80.45%.
TSE ESTABLECE JURISPRUDENCIA
El TSE informó que estableció jurisprudencia mediante al juzgar la impugnación de un acto de la administración electoral dictado por la Junta Central Electoral, caso en el que se atacó el orden de los partidos políticos en la boleta electoral.
También que la notificación al delegado de partido político tenga los mismos efectos que comunicar cualquier acto al partido mismo.
Sobre los deberes de los miembros de los partidos políticos sentenció respecto a la contribución económica de los afiliados como un deber económico esencial para respaldar el funcionamiento y actividades de la organización política.
Además, entre otras sentencias del mismo tenor, el Tribunal indicó que la exigencia de aporte económico a aspirantes a candidaturas es una facultad otorgada a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos.
El Tribunal destacó que esta jurisdicción electoral tiene un papel fundamental en el sistema democrático, incluyendo los partidos políticos, por tanto, proteger los derechos políticos de la militancia en los procesos internos, es esencial para preservar la democracia.