Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista, demandó explicaciones claras sobre la continuidad del contrato de semaforización del Gran Santo Domingo con la empresa Transcore, a pesar de haber sido anunciado su suspensión en octubre del año pasado.
En una nota de prensa, la organización exhortó al Gobierno a informar a la ciudadanía sobre las razones detrás de la ejecución del contrato, los pagos realizados y las razones por las que el sistema continúa bajo control de una empresa que ha sido cuestionada.
“El Gobierno debe ofrecer en las próximas horas una explicación clara sobre la continuidad del contrato para la semaforización del Gran Santo Domingo, a pesar de haber sido suspendido desde octubre del año pasado”, afirmó el movimiento en su comunicado.
El contrato, cuyo monto asciende a RD$1,300 millones, fue suspendido por la Dirección de Compras y Contrataciones tras detectar irregularidades en el proceso de licitación. Entre las anomalías encontradas se mencionó que la empresa Transcore fue constituida pocos meses antes del concurso y que su dueño oficial era un empleado del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la entidad responsable del proceso.
Participación Ciudadana también criticó los argumentos presentados por el vocero del Gobierno, Homero Figueroa, calificándolos de superficiales. Afirmó que la sociedad dominicana merece explicaciones detalladas sobre el uso de los fondos públicos.
La población está cansada de la indiferencia frente a contratos que involucran miles de millones de pesos y que tras el escándalo se olvidan en los medios, subrayó el Consejo Nacional de Participación Ciudadana en su comunicado.
La organización, filial de Transparencia Internacional en República Dominicana, también solicitó al Ministerio Público informar sobre el curso de las investigaciones iniciadas en 2023, relacionadas con el contrato. Participación Ciudadana subrayó la importancia de saber si existe un proceso abierto, dado que el contrato involucra una cifra significativa y un servicio que afecta la seguridad nacional.
Este reclamo llega en un momento en que la administración del presidente Luis Abinader ha firmado compromisos de ética y transparencia, mientras continúan surgiendo escándalos como este o la reciente suspensión de la licitación del pasaporte electrónico.