La Empresa de Distribución Eléctrica del Norte (Edenorte) realizó pagos irregulares a tres compañías suplidoras por un monto de RD$ 214, 586,140, incumpliendo con los contratos originales, como se evidencia en la auditoría realizada por la Contraloría General de la República (CGR) en el periodo 2020-2021.
En el gobierno anterior, la empresa distribuidora de energía ejecutó tres contratos con igual número de compañías para la renta de 144 vehículos y equipos pesados, sin embargo, la empresa estatal duplicó la cantidad sin modificar los términos, lo cual violó la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones en el Estado.
En marzo de 2018 se firmaron los contratos con las sociedades comerciales Ambi Comercial, SRL, Automare, SRL y Mideca Importaciones, SRL, por un monto global de RD$ 455, 910, 597, pero finalmente se terminó pagando la cantidad de RD$ 670, 496, 738; con una discrepancia de RD$ 214, 586, 140 que viola lo convenido entre las partes.
Los alquileres de vehículos fueron acordados con una duración de tres años (2018-2021), no obstante, las autoridades de Edenorte continuaron aplicando el contrato a pesar de haberse vencido, precisa la investigación oficial.
La compañía Aromare, SRL, firmó un contrato para alquilar de 75 vehículos, pero en Edenorte figura con 120, igual sucedió con Ambi Comercial, que su contrato fue para la renta de 43 vehículos y aparecen con 90; así mismo, Medica Importaciones, SRL, le rentó a la entidad oficial 26 vehículos, sin embargo, los registros muestran 53, según indica la Contraloría.
La auditoría detalla que los contratos fueron alterados al recibir y pagar por una flotilla mayor a la establecida en los acuerdos, lo cual contraviene la Ley 340-06.
Por otro lado, la Dirección de Compras y Contrataciones les aclara a las autoridades de Edenorte que, para poder continuar con los alquileres de vehículos, deben realizar un nuevo proceso de licitación pública que cumpla con los requisitos establecidos en la normativa.
En la auditoría, la Contraloría consideró que el contrato con Automare, SRL fue ilegal debido a que uno de sus inversores, el señor Enrique Giovanni Ramírez, ejercía como asesor del Poder Ejecutivo con un salario de RD$ 120,000, que percibió hasta el mes de diciembre de 2020.
Antes de la fecha del acuerdo, Giovanni Ramírez ocupaba el cargo de director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (2009-2014), donde devengó un salario de RD$ 500,000 mensuales.
El Artículo 14, numeral 3 de la referida legislación, establece lo siguiente: “No podrán ser ofertantes no contratar con el Estado los funcionarios públicos con injerencia o poder de decisión en cualquier etapa del procedimiento de contratación administrativa”.