El movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, señaló este lunes que después de más de una década de espera, el país está ante la oportunidad de aprobar una Ley de Extinción de Dominio, normativa llamada a fortalecer la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción administrativa.
Participación Ciudadana entiende que esta ley constituye un paso de avance y nadie puede oponerse a la aprobación de una ley de extinción de dominio porque es un mandato constitucional.
En cuanto a la retroactividad, el movimiento cívico puntualizó que se pueden aplicar las reglas de las obligaciones en la adquisición de activos establecidas en el Código Civil, los requisitos de validez de este tipo de operación.
Por lo tanto, no será la Ley de Extinción de Dominio la que anule la adquisición de activos obtenidos ilícitamente, sino disposiciones legales que datan desde la fundación de la República.
El Consejo Nacional de la entidad apoya que la jurisdicción que conozca los casos sometidos a esta ley sea la de las cortes de apelación, ya que no hay necesidad de crear una jurisdicción separada. Las cámaras penales de las cortes de apelación de los distintos departamentos judiciales serían competentes para conocer y decidir en primer grado del juicio de extinción de dominio. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia será el competente para conocer los recursos de casación que se interpongan de conformidad con lo previsto en la ley.
Aunque no existe consenso entre los expertos constitucionalistas acerca de si esta ley es orgánica o no, Participación Ciudadana considera conveniente que se apruebe como ley orgánica, y de esa manera se evite una posible anulación por parte del Tribunal Constitucional, frustrando así los anhelos de una legislación tan necesaria como esta que, además, es un compromiso internacional asumido por el país.