El coordinador de la Mesa de Diálogo por el Autismo, periodista Fernando Quiroz, advirtió que este 4 de febrero venció el plazo de 120 días estipulado para la entrada en vigencia del reglamento de la ley destinada a abordar la condición del trastorno autista en la República Dominicana.
"Es necesario saber cuáles son las acciones inmediatas que se adoptarán, conforme a la ley, ante la desesperación de miles de familias que enfrentan la discriminación diaria y carecen de los recursos económicos para atender a sus hijos con autismo", dijo Quiroz, quien es propulsor de la normativa, motivado por su hijo Fernando Gabriel Quiroz Flaviá.
La Ley 34-23 de Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) fue promulgada por el presidente Abinader el 5 de junio del año pasado y contempla su entrada en vigor a los 120 días a partir de su promulgación y publicación.
Sin embargo, han pasado más de ocho meses desde su aprobación en el Congreso Nacional y aún no se han dado a conocer las acciones específicas que se implementarán para su cumplimiento.
Quiroz resalta que es imperativo abordar de manera urgente aspectos críticos como la cobertura y atención en evaluación, diagnósticos, terapias y centros educativos, dada la carga financiera que esto representa para las familias afectadas.
En una petición a las autoridades, el periodista solicita información detallada y tranquilidad para las familias afectadas, quienes se encuentran en un estado de incertidumbre ante la falta de claridad sobre el proceso en curso.
Aseguró que con frecuencia recibe llamadas de madres, principalmente solteras, expresando sufrimiento porque los colegios les reclaman sacar a sus hijos del colegio por falta de pago, falta de recursos para evaluaciones o terapias básicas y hasta para alimentación y transporte.
El Ministerio de Educación (MINERD), el CONADIS, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Trabajo son algunas de las instituciones responsables de garantizar el acceso, atención y apoyo a las personas con TEA.
La ley también establece la coordinación con la Oficina Nacional de Estadística (ONE) para la realización de estudios estadísticos que evalúen el impacto de la aplicación de la presente ley.