Propietarios de una finca en Baní, provincia Peravia, demandaron al Ministerio de Obras Públicas el pago por compensación por la extracción sin autorización previa de material de su territorio, el cual fue utilizado por consorcio Odebrecht-Rizek para la construcción de carreteras, arena azul, piedras para la elaboración de muros de gaviones y otros materiales.
En conversación con ACENTO, Yasel Lara y su esposo, Lisandro Ramos, explicaron que las empresas extrajeron entre tres y cinco millones de metros cúbicos de materiales de una mina que existía en la finca, entre los años 2012 y 2016.
El material, detallan, fue empleado en la construcción de la carretera Cruce Piedra Blanca-Juan Adrián-Rancho Arriba, de 29 kilómetros.
Señalan que los propietarios de la finca, los señores Heriberto Lara y Santa Margarita Baez – padres de Yasel Lara – otorgaron al Ministerio de Obras Públicas una autorización para que el personal de las empresas a cargo del proyecto y las maquinarias pudieran pernoctar en el terreno.
Sin embargo, al poco tiempo, inició la extracción del material sin que fuera notificado o permitido por los dueños de la propiedad con fines agrícolas, ubicada en el kilómetro seis de la carretera de Ocoa.
"El 90 % del material utilizado en dicho tramo fue extraído de la propiedad de mi suegro", afirma Ramos.
El Ministerio de Medio Ambiente emitió una certificación a favor de la familia Lara-Baez en el que se establece que "no tiene constancia de haber emitido permiso para explotación de la finca del señor Heriberto Lara".
Años de lucha
En 2017, la familia Lara-Baez procedió legalmente contra el consorcio Odebrecht-Rizek por US$ 45 millones, sin embargo, hasta la fecha, el proceso no ha avanzado.
"Siempre que estaban por dictar el fallo, lo que hacían era reenviar", afirma Yasel Lara, quien detalla que han buscado llegar a un acuerdo amistoso de indemnización a través del Ministerio de Obras Públicas, debido, especialmente, a la avanzada edad de sus padres.
"Hemos depositado cuatro instancias a diferentes departamentos del Ministerio de Obras Públicas, con la intención de negociar", indica la pareja. En todo caso, agregan, las instancias han sido con copia al ministro Deligne Ascención Burgos. "Nunca nos atendieron".
Los demandantes indican que, a pesar de que el pago fue autorizado por el presidente de la República, el mismo no ha progresado dentro de Obras Públicas.
Agrega que tras la visita a Palenque del presidente Luis Abinader en agosto pasado, su familia tuvo oportunidad de conversar con el mandatario, a quien le explicaron la situación, asegurándoles que el problema quedaría resuelto.
Un paso adelante, pero…
Tras la promesa del presidente Abinader, la pareja confirma que fueron contactados por el personal del Ministerio de Obras Públicas, en el que se confirmaba que se había recibido la orden para que la familia fuera indemnizada por los daños causados a su propiedad, por lo que fueron citados en la sede de la entidad.
Allí fueron recibidos por el licenciado Alejandro Ramírez de la Cruz, director general de Administración del MOPC, quien habría informado que a pesar de tener la autorización del mandatario, se requería respuesta por vía legal de la empresa constructora Rizek.
El caso, entonces, quedó en manos del departamento jurídico de Obras Públicas, el cual encabeza Domingo Santana, quien, sostienen no ha podido darles información concreta sobre la solicitud de respuesta de la empresa constructora.
Tras días de averiguaciones, confirmaron que la petición de respuesta a la compañía que, junto con la empresa brasileña Odebrecht se había encargado de la construcción de la carretera Cruce Piedra Blanca-Juan Adrián-Rancho Arriba, no se había ejecutado.
"Parecía que sería solo ejecutar una orden del presidente, pero ahora nadie es responsable", lamentan.
Acento conversó con personal del Ministerio de Obras Públicas respecto a la petición de la familia Lara-Baez, los cuales se limitaron a informar que serían contactados en los días próximos.