*Nota: Este es el segundo de dos reportajes realizados por la Unidad Investigativa de Género, una alianza entre el medio Todaspr.com y el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico.
Por Riamny Méndez Féliz, Suleika Polanco, Alicia Méndez Medina y Génesis Dávila Santiago | Todas y Centro de Periodismo Investigativo
Carolina Fon Frías fue violada por el médico Iván Rosa — ya sentenciado a 12 años de prisión —, y se atrevió a hacer su caso público en la televisión dominicana, a pesar del estigma, porque, a su juicio, no recibió la atención debida, ni en el sistema de salud ni en la justicia.
Fon Frías denunció el abuso en la Fiscalía, acudió a un hospital y cuenta que estuvo en el centro “desde las 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, pasando de una persona a otra como una pelota y saltaron todos los protocolos”. Al hablar con la Unidad Investigativa de Género, agregó que: “Al llegar a casa tuve que pedir la pastilla del día después a la farmacia, ni eso me dieron, tuve que hacer cita con mi ginecólogo y hacerme las pruebas, porque algunas pruebas no me las hicieron [en el sistema público]”.
La dificultad para acceder a las pruebas que contemplan los protocolos fue confirmada por defensoras de derechos humanos que han acompañado a mujeres y niñas a seguir la ruta crítica tras sufrir una violación en Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata, San Pedro, Barahona, Bahoruco y Santiago.
Sin embargo, la doctora Luz Fermín, encargada de Adolescentes del Servicio Nacional de Salud (SNS), institución encargada de los hospitales públicos, al ser entrevistada, dijo: “En nuestras emergencias hemos colocado el kit del VIH [antirretrovirales de prevención] y el de la pastilla del día después. Creo que lo tenemos en casi todas las emergencias”.
Aunque aclaró que “lo tenemos en casi todas nuestras emergencias a la sazón de la llegada de nuestro director ejecutivo, tengo que hablar de esta porque yo soy médico ginecólogo obstetra y es la primera vez que trabajo en la red pública amplia. Vengo de un hospital del primer nivel donde se tenía el kit, había hospitales que no lo tenían y hemos fortalecido para que los kits estén en las emergencias”, matizó.
Diez víctimas de violación, madres de niñas violadas, abogadas y defensoras de derechos humanos que las han acompañado en Santo Domingo, provincias del sur, del este y del Cibao, confirmaron a la Unidad Investigativa de Género que encontraron dificultades en hospitales públicos para acceder a las pastillas del día después o a las pruebas de laboratorio que se utilizan con el fin de detectar enfermedades de transmisión sexual, como establece el protocolo. Dijeron que las dificultades se deben tanto a falta de insumos al momento de acudir a los hospitales como de información.
Dificultades para encontrar información vía telefónica
Encontrar información para recibir la atención oportuna tras una violación es complicado incluso para mujeres que tienen acceso a internet, instrucción universitaria y recursos para movilizarse. A pesar de que, en teoría, las víctimas pueden entrar al sistema desde casi cualquier institución: hospitales, policía, fiscalía o escuelas, en varios centros de salud se les indica a las mujeres que deben, necesariamente, ir a la Fiscalía.
“El tema está en que el mismo desconocimiento del personal que atiende, es lo que dificulta todo. Una víctima de violencia puede entrar por cualquier vía al sistema de atención: puede entrar por una unidad de violencia, por una fiscalía, por una estación de policía, puede entrar por la escuela, porque una profesora o profesor se de cuenta dé lo que pasó, o una psicóloga y refiera. Pero eso de obligar a una mujer a que primero vaya a una fiscalía, eso no es posible”, afirma la médica investigadora Sheila Báez, experta en estudios de género.
Y agrega: “lo lógico es que la mujer violada o la niña o la adolescente llegue al sistema de salud y si se activa el protocolo en el sistema de salud, le tomen todas las muestras habidas y por haber, fotos, a ver si tiene moretones, rasguños, le hagan un examen vaginal, revisen el semen y todo eso se guarda, garantizando esa cadena de custodia de las pruebas”. Posteriormente el hospital debe activar los protocolos, incluyendo la atención en salud mental y la atención legal, respetando la integridad de la víctima.
Pero parte del personal de salud no está consciente de este protocolo. Enfermeras y médicas que prefirieron no dar su nombre confirmaron que no siempre las emergencias cuentan con los kits de atención a víctimas, ni con toda la información para referir y activar el protocolo de manera eficiente.
Con el fin de comprobar qué tan complicado es para una mujer en República Dominicana encontrar información oportuna y de calidad llamando a los diferentes servicios del Gobierno, la Unidad Investigativa de Género llamó al Servicio Nacional de Salud, a Salud Pública, a hospitales públicos, a la Fiscalía y al Ministerio de la Mujer. En ningún sitio se indicó con claridad que la mujer puede dirigirse a un hospital a recibir atención, aún si decidiera no realizar la denuncia.
En el SNS se preguntó: ¿A qué hospital de la zona oriental puede ir una mujer que fue violada a recibir asistencia, si no quiere pasar a denunciar por la Fiscalía? En la recepción no contaban con esa información, pasaron a diferentes extensiones y no se obtuvo respuesta.
En la línea de ayuda del Ministerio de la Mujer, *212, ante la misma pregunta, la persona que atendió la llamada explicó: “No tenemos esa información en el momento, pero lo más lógico sería que vaya a un hospital, pero no tenemos esa información, lamentablemente, disculpe los inconvenientes”. Y en el Ministerio de Salud Pública respondieron: “No sé decirle porque ya todas las oficinas están cerradas”. Eran las 4:00 de la tarde.
De su lado, en la Línea Vida de la Procuraduría indicaron: “Señora, lo que pasa es que por acá levantamos denuncias de violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, lo recomendable es que se haga la denuncia en la unidad de violencia de género y se hagan las investigaciones correspondientes y se pueda dar asistencia y de ahí se envié a un hospital donde se le pongan los antirretrovirales”. Ante la insistencia: “¿Y si la mujer no quiere denunciar ahora, sino recibir atención médica, qué puede hacer?” La persona que atendió la llamada reiteró: “Lo recomendable es que denuncie para que así se pueda apresar a quien cometió el hecho”. Si bien esta información es correcta desde la misión que desempeña el Ministerio Público, no se le aclara a la persona que también puede dirigirse a un hospital para iniciar el proceso, lo que puede afectar a algunas víctimas.
En el hospital provincial de San Juan de la Maguana y en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina también insistieron en que para empezar a recibir asistencia la víctima tenía que acudir a la Fiscalía o a la Policía para que un médico legista, es decir un médico forense que ayuda a determinar lesiones, pudiera atenderla y así activar el protocolo que posteriormente la llevaría al sistema de salud.
Otros hospitales públicos importantes, como el Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras, en Santo Domingo Este, y el Hospital Regional José María Cabral y Báez en Santiago, no tomaron la llamada ninguna de las seis veces que se intentó contactar a diferentes horas del día en todas las extensiones, incluyendo la de atención ciudadana.
La secretaria de la Mujer del Colegio Médico Dominicano (CMD), Reyna Ortiz Mora, opina que es necesario formar a todo el personal de salud, tenga o no relación con la emergencia o con el área de ginecología, porque las violaciones son un problema extendido y casi comparable (en su incidencia) con enfermedades como el dengue, que afectan a parte importante de la población.
“Es como endémico, gran parte de la población es víctima de eso, hay que reforzar (los conocimientos) de los médicos, del personal de los Centros de Atención Primaria, de los hospitales, para que sepan trabajar con ese tipo de pacientes”, sugirió Ortiz Mora.
Pero ni siquiera cuando se pregunta directamente a una de las Unidades Integrales de Atención a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales o a la Fiscalía la respuesta es satisfactoria. En la Unidad de Santo Domingo Este, ante la pregunta, “¿dónde puedo llevar a una mujer que ha sido violada hace poco?”, la persona de la recepción dijo: “tráela mañana, a las 8:00 de la mañana”. Eran las 4:00 de la tarde.
Médicas consultadas para este reportaje, como la ginecóloga Lilliam Fondeur, explican que la atención a las víctimas debe darse tan pronto como sea posible porque mientras más tiempo transcurra, más posibilidades hay de que se pierdan pruebas, como muestras de sangre o semen y más riesgo corre la salud de la mujer.
Katherine Cabrera, de la Confederación Nacional de Mujeres del Campo, ha acompañado a niñas de zonas rurales y a sus familias a la Fiscalía en busca de justicia. Destaca que, en su experiencia, no siempre se informa a los tutores que pueden acudir a un hospital a buscar asistencia médica y terapia psicológica. Por sentido común y cierta formación en temas de violencia de género, ella y sus compañeras insisten en que las víctimas reciban asistencia psicológica en alguna dependencia del Estado u organización sin fines de lucro y hacen las gestiones de lugar.
Piensa que incluso entre las personas que acompañan a víctimas hay desconocimiento sobre las atenciones que se deben recibir en los hospitales tras una violación, porque “eso” se sabe, pero (casi) no se habla, sobre todo cuando el violador, como ocurre en parte importante de los casos, es de la propia familia o del entorno de la víctima. En julio de 2023, los medios de comunicación dominicanos informaron que el Tribunal Colegiado de San Cristóbal condenó a 20 años de prisión a un hombre que violó y embarazó a sus dos hijas menores de edad.
Como lo hizo con las agencias gubernamentales de República Dominicana, la Unidad Investigativa de Género se comunicó con el principal centro hospitalario de Puerto Rico, Centro Médico, y con la línea confidencial de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) para conocer su respuesta a víctimas migrantes de agresión sexual.
Desde el Centro Médico respondieron que la persona debería ir al hospital a que se le realicen los exámenes pertinentes e ir a la Policía. Cuando se le preguntó qué hacer en caso de no querer denunciar, la persona al otro lado de la línea insistió en que debía ir a la Policía. “Debe llegar a la sala de emergencias y acá le hacemos el protocolo, pero tiene que hacer una querella a la Policía… Comoquiera tiene que hacer la querella, aunque no quiera denunciar”.
Por su parte, la OPM respondió que sin importar el estatus migratorio, la persona puede recibir ayuda y ofreció los números del Centro de la Mujer Dominicana (CMD), una entidad sin fines de lucro que apoya a personas migrantes; y del Centro de Apoyo para Víctimas del Crimen.
A su vez, comentó que, si la agresión fue “reciente”, la persona podía trasladarse a un hospital. Aunque se le explicó que la ayuda que se buscaba era para personas que no deseaban denunciar, el personal de OPM dijo: “Debe hacer una querella, reportarse al cuartel más cercano que tenga [y], si tiene la información de la persona brindarla, y reportarla”.
Aun así, aclararon que si se trataba de personas que “no confían en el sistema” la mejor vía era ir al Centro de la Mujer Dominicana. Finalizaron la llamada indicando que la OPM no toma acción a menos que la persona lo desee.
Según la trabajadora social Noelia Delgado Rodríguez, las mujeres migrantes están más vulnerabilizadas por el sistema, no solo por la arriesgada travesía hacia Puerto Rico, sino también por el costo de vivienda del país que muchas veces les obliga a vivir con más personas en una misma casa. “Sabemos que, cuando hay hacinamiento en los hogares, aumenta la predisposición de ser víctima de agresión sexual”, subrayó.
Un estudio realizado en Australia y publicado en 2019 reveló que la niñez tiene una vulnerabilidad mayor en contextos de hacinamiento y que cuando había muchas personas viviendo en un mismo hogar, las denuncias de agresiones sexuales contra la niñez aumentaban entre 23% y 46%. Otro estudio realizado en Ghana y publicado en 2016 encontró que cuanto mayor hacinamiento, más aumentaba la probabilidad de las niñas y mujeres de sufrir violencia sexual en comunidades empobrecidas.
Delgado Rodríguez indicó que, en muchas ocasiones, las víctimas sienten temor por denunciar porque su agresor ejerce algún tipo de poder sobre ella, ya sea porque es su empleador o porque le ayudó en la travesía hasta Puerto Rico, entre otras causas..
Por otro lado, la psicóloga social comunitaria Ilia Vázquez Gascot detalló que los servicios que pueden recibir las víctimas migrantes de violencia sexual dependerán de la prioridad de estas en ese momento.
La psicóloga especificó que, en Puerto Rico, existen tres vías para recibir ayuda. La primera es asistir a una sala de emergencias donde se le deben administrar medicamentos antivirales para evitar enfermedades y contraceptivos para prevenir un embarazo. “Y es que le den el medicamento allí, no que le den una receta”, subrayó.
Asimismo, explicó que a la sala de emergencias se debe asistir con 72 horas desde que ocurrió el evento para que, si la persona desea luego hacer una querella, se le recoja muestra forense como evidencia de la agresión. “No importa que sea una persona inmigrante con una situación irregular”, dijo para luego comentar que la Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito del Departamento de Justicia tiene un programa para sufragar los costos del examen sin tomar en cuenta la ciudadanía. “Esto lo que significa es que el mismo hospital podría facturarle directamente al Departamento de Justicia el haber realizado esa evaluación médica”, y añadió que, para acceder a la ayuda, no se requiere una querella.
La segunda vía es ir a la Policía a realizar una querella. Vázquez Gascot resaltó que, como se trata de una víctima de un delito, aunque no se tenga un estatus migratorio regular, la persona está cobijada por unos derechos y no puede ser deportada. De igual forma, resaltó que la víctima puede ir a una comandancia o a un tribunal a solicitar una orden de protección sin que exista una querella si siente que su vida o seguridad están en riesgo. La tercera alternativa es acudir a una organización de base comunitaria y de ayuda a víctimas de violencia.
La revictimización y la resistencia
En diciembre de 2021, tras ser drogada y violada por el médico Iván Rosa, Carolina fue a la Unidad de La Romana, en el este del país. Y ahí empezó su calvario.
Según su testimonio, el portero utilizó la mala práctica de sacar información confidencial a la víctima con el fin de pasarla a los abogados que buscan captar clientela, y suelen merodear cerca de fiscalías y juzgados.
“Mi situación con el sistema empezó desde la seguridad. El chico, muy astutamente, me dijo 'arma blanca, cortopunzante o arma de fuego', y yo dije ‘violación'. Él quería saber cuál era mi denuncia. Después supe para qué él quería eso, porque fue una abogada, se me sentó al lado y me preguntó ‘¿tú eres la que violaron?' y me ofreció sus servicios. Y la única persona con la que había hablado era el de seguridad, porque ni siquiera en mi casa lo sabían, había hablado con una persona en Santo Domingo y con mi abogado en Santiago”, narra.
En las afueras de la unidad de Santo Domingo Este también merodean abogados, que reciben constantes llamadas telefónicas y a ellos se acercan familiares de victimarios y de víctimas en busca de auxilio.
La segunda revictimización de Carolina ocurrió al narrar su violación para formalizar la denuncia. Cuenta que: “Al final vino una persona, me atendió, estaba escribiendo lo que ella quería, ahí entraron otras personas para escuchar, notabas que era para escuchar. Para mí fue chocante, frustrante, pensé, ¿dónde queda la dignidad? Estaba actuando por inercia, y ella me interrumpía, abría los ojos, levantaba las cejas, hacía sonidos, yo me irrité y le dije que escribiera lo que ella quisiera”.
Entonces tuvo que terminar de contar su historia a otra persona, porque la primera salió a almorzar. Y empezó otra parte del calvario: “Me cuestiona que si soy abogada porque le estaba pidiendo lo que me decía mi abogado, como la solicitud de las cámaras, examen médico, lo que él entendía que había que hacer, y ella dijo que eso no era así, que ese abogado no era fiscal. Cuando le dije quién era mi abogado, reaccionaron de una vez, ahí me dicen que me va a ver una forense para la evaluación”.
Y con la forense, llega la tercera revictimización. Carolina relata: “Esa persona se atrevió a decir que cómo es que si me violaron, no tenía rasguños, me cuestionó todo lo que le dije. Ya yo estaba muy sensible, pero no quería hablar porque tenía tanto adentro que no sabía cómo me iba a salir, ya era media tarde, yo llegué a las 10:00 de la mañana. Para examinarme, la forense me dice que me suba en una camilla sucia, rota, en un cuartito que no tiene nada, y unos guantes, empieza a decir que no veía nada, que todo estaba bien, que cómo era que no me dolía y me hacía duro”.
Y continúa: “Dijo [la forense] que no me podía dar un reporte, porque hacía falta un líquido azul para ver desgarros, me estaba discutiendo que no tenía desgarros, que eso se veía, que no tenía cómo tomar fotos. Entonces yo iba a llorar, y le digo ‘¿para qué usted me abre las piernas, me mete la mano?’ Y le dije también: 'lo necesito [el reporte] y mi abogado me lo está pidiendo, y si no me lo busca, él va a venir a buscarlo, y ella me dijo '¿quién es tu abogado?', cuando le dije, ahí reaccionó”.
Pero empezó el cuarto calvario: el sistema de salud pública. De la Fiscalía, la acompañaron a su casa, a buscar la ropa interior, que era prueba importante del delito, la llevaron a una dependencia de Salud Pública para tomarle la muestra de semen. Dice que la legista lo hizo de forma precaria, porque no había materiales en ese momento, armando un hisopo con madera y algodón. Le tomaron la muestra, pero no recibió la atención médica requerida, le dijeron que volviese al otro día.
“Nadie me vio en Salud Pública ese día, porque ya a esa hora el personal se va, no había nadie, ellas me dejaron un nombre y un teléfono para que fuera al otro día. Con el tiempo supe que tenían que hacer un documento, un trámite, que nunca tuve. Me fui para mi casa, se supone que tenían que darme la pastilla del día después, no me la dieron, entonces la compré por mi cuenta, me la tomé”, cuenta.
Explica que al otro día acudió a una dependencia de Salud Pública. Y ahí, inicia otro momento de la revictimización, con la persona que la recibió. “Me dice que le cuente todo, me mandan a un salón con cuatro o cinco personas, y todo el mundo hablaba, tuve que hablar delante de todo el mundo, pensaba que era normal. Todo eso era para darme los antirretrovirales. Después me mandan donde la persona que me va a dar las indicaciones de los exámenes, voy al laboratorio, me marcan VIH. Ahí me dice mi abogado: ‘¿te hicieron los exámenes ya?’. Le digo que me indicaron VIH, y él me aclara que deben hacerme pruebas de otras ITS [infecciones de transmisión sexual]”.
Según su testimonio, ella buscó en internet desde su celular las pruebas de infecciones de transmisión sexual que se deben hacer cuando hay violación, pidió que se las hagan en el laboratorio, y le dicen que sí, pero al final entiende que no se las realizaron.
“No lo hizo, porque cuando me tocó ir a buscar los resultados no los tenían, no estaban en el libro, ella va y le dice a otra persona, y ya vienen con ellos marcados en el libro, que se les habían olvidado, ellos no me lo hicieron”. Al final, como no obtuvo esos resultados, siguió el proceso médico con su ginecólogo, en consulta privada.
Como su caso tardaba meses sin que el Ministerio Público accionara, denunció su situación en los medios de comunicación y así empezó el proceso que llevó a una sentencia que todavía puede ser apelada. Al momento de finalizar este reportaje el agresor estaba en prisión domiciliaria, según Carolina.
Tras contar su caso, veinte mujeres se solidarizaron con Fon Frías. Afirmaron que también habían sufrido abusos a manos del médico.
Lograr algo de justicia ha sido un largo camino de desencuentros con el Ministerio Público, el sistema de Salud Pública, la Justicia y con los estigmas sociales alrededor de la violación en República Dominicana.
Alrededor de 25 mujeres crearon un grupo de apoyo para animarse, informarse sobre los procesos de violencia y cubrir así, la falta de información y los vacíos que encontraban al lidiar con la Policía, el Ministerio Público, en los hospitales e incluso con sus propios abogados. “Nos animamos, nos decimos si hay que buscar un papel, si falta algo, cómo fue en nuestro caso, y nos entendemos, porque a veces tenemos diferentes estados de ánimo, no queremos hablar”, dice Fon Frías, a quien esos pequeños gestos de apoyo la han ayudado a seguir adelante.
¿Dónde buscar ayuda en República Dominicana?
Las denuncias se pueden hacer en la Línea Vida, llamando al 809-200-1202. En la medida de lo posible, se recomienda acudir a las unidades especializadas en violencia de género; si no hay en su provincia o municipio, puede acudir a cualquier Fiscalía.
El Ministerio de la Mujer tiene servicios de asistencia psicológica y legal, además de una línea telefónica de atención a víctimas *212.
Hay ONGs que ofrecen apoyo gratuito o a bajo costo a víctimas de violencia machista, incluyendo la violación sexual, entre estas el Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas en el teléfono (809) 533 1813 o por WhatsApp (849) 340 1813.
¿Dónde buscar ayuda en Puerto Rico?
Entre las opciones para buscar orientación o apoyo tras un abuso o violación sexual en Puerto Rico, se encuentran: Tu paz cuenta, de Taller Salud (787-697-1120); la línea del Municipio de San Juan 939-CONTIGO (939-266-8446); Línea de Ayuda de Proyecto Matria: 787-489-0022; línea de orientación y ayuda del Centro de Salud Justicia (787-337-3737). Todas operan las 24 horas, los siete días de la semana.