En fecha del 13 de abril del presente año el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) solicitó a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) otorgar pensiones a abogados que se encuentran inhabilitados para ejercer la profesión.
A través de una carta, el presidente del CARD, Miguel Alberto Surun Hernández, explica que se trata de 84 togados y que, debido a la situación, le requiere a Juan Rosa, titular de la DGJP, prestar su colaboración de forma inmediata.
El pasado 8 de agosto, Surun Hernández pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) abrir una investigación penal contra tres funcionarios por supuestas irregularidades en el otorgamiento de pensiones por parte del Estado.
Los funcionarios son el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, y el director General de Jubilaciones y Pensiones, Juan Rosa, mismo a quien le había solicitado las pensiones para los miembros del derecho.
El presidente del CARD calificó como "dolosa" la atribución de miles de pensiones estatales, que, a su juicio, "se asignan sin cumplir con los procedimientos establecidos con el expreso propósito de favorecer a relacionados y activistas políticos, en perfecta salud y en edad productiva".