El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) pidió este martes a la Procuraduría General de la República (PGR) abrir una investigación penal contra tres funcionarios por supuestas irregularidades en el otorgamiento de pensiones por parte del Estado.
Los funcionarios son el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, y el director General de Jubilaciones y Pensiones, Juan Rosa.
Al hacer su denuncia ante periodistas, el presidente del CARD, Miguel Surun Hernández, calificó de "dolosa" la atribución de miles de pensiones estatales, que, a su juicio, "se asignan sin cumplir con los procedimientos establecidos con el expreso propósito de favorecer a relacionados y activistas políticos, en perfecta salud y en edad productiva".
El Gobierno ha otorgado pensiones, en muchos casos, "a personas que nunca han laborado para el sector público y a personas muy por debajo de 60 años de edad y en plena salud, con montos que en muchos casos rondan los 100,000 pesos mensuales", dijo.
Mientras esto ocurre, afirmó el abogado, "servidores públicos que dedicaron su vida al Estado dominicano languidecen con pensiones de 10,000 pesos mensuales".
Ciertamente la ley sobre pensiones contempla este beneficio a personas que no han prestado servicios al Estado, bajo la condición de que padezcan de incapacidad laboral por enfermedad severas y vejez, pero "nunca en favor de activistas políticos jóvenes y aptos para trabajar" como ocurre actualmente, afirmó.