La operación Calamar, caso que lleva la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA) en los tribunales dominicano, tiene a 34 personas imputadas y 12 empresas vinculadas.
A los señalados en este proceso judicial, el Ministerio Público los acusa de desfalcar al Estado dominicano por RD$41,185,964,839.76 durante el gobierno del ahora ex presidente Danilo Medina a través de pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, reconocimiento de deudas administrativas y en sobornos para la campaña política del 2020.
Debido a estos delitos, el órgano persecutor ha pactado "criterios de oportunidad" con algunos encartados, lo que implica que estos admiten y aceptan su responsabilidad y se comprometen a colaborar con la investigación. Todo ello, a cambio de una reducción de la pena.
El criterio de oportunidad está contemplado en el Código Procesal Penal en su artículo 370 numeral 6, donde especifica que “el Ministerio Público solicita la aplicación de un criterio de oportunidad si el imputado colabora eficazmente con la investigación y que este debe ser autorizado por sentencia del juez”.
Con estos acuerdos, el Ministerio Público pide a la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que los acoja como lo que son, en razón de que los procesados han mostrado arrepentimiento y admitido su participación en la comisión de los hechos punibles y se comprometen a cooperar con las autoridades.
En la actualidad, el tribunal tiene pautado dar inicio a la audiencia preliminar el lunes 26 de agosto a las 9:00 de la mañana.
¿Quién tiene criterio de oportunidad con el Ministerio Público?
Hasta el momento Giselle del Carmen Molano Frías, Baldemar Andriw Ovalle Sánchez, Belkis Antonia Tejeda Ramírez, Grupo DIBEFE, S.R.L. y Natalia Cesarina Beltre Torres, Camilo Andrés Peña Hernández, José Arturo Ureña Pérez y Ramón Emilio Jiménez Collie, son los que han pactado con la PEPCA.
A estos imputados se les acusa de Asociación de Malhechores y Estafa contra el Estado, tipificado en los artículos 265, 266 y 405, párrafo del Código Penal Dominicano; también de cometer soborno, delito que se encuentra en los artículos 3 y 5 de la Ley núm. 448- 06, de Soborno en el Comercio y la Inversión y de lavado de Activos, conforme a lo establecido en los artículos 3.1, 3.2, 9, 9.1, 9.2, de la ley núm. 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Mediante el criterio de oportunidad todos estos encartados se comprometieron a cooperar con las autoridades con la investigación del presente proceso y a testificar con respecto a la información que conocen y a los involucrados.
Descripción de lo que devolverán
Como forma de mostrar intención de cooperar para someter a los demás responsables de los delitos cometidos y de manifestar arrepentimiento, cada uno de estos señalados devolverá al Estado dominicano parte de los bienes adquiridos, que puede ser inmuebles o dinero.
Giselle del Carmen Molano Frías se comprometió con las autoridades, por ejemplo, a continuar cooperando en la investigación del proceso y a testificar. Se le acusa de manipular procesos de licitación para la adquisición de alimentos e insumos para los centros penitenciarios.
Ella admite ser parte del entramado societario junto a Rolando Rafael Sebelén Torres, con el objetivo de estafar al Estado y contribuir con el enriquecimiento ilícito del entonces procurador y hoy acusado en otro caso (Medusa): Jean Alain Rodríguez Sánchez.
En el acuerdo entre Baldemar Andriw Ovalle Sánchez y el Ministerio Público, a través de su defensa técnica autorizó que sea decomisado en favor del Estado dominicano la cantidad de treinta y dos millones de pesos dominicanos, los cuales han sido entregados mediante cheque certificado a nombre de la Procuraduría General de la República.
Los procesados Belkis Antonia Tejeda Ramírez, Grupo DIBEFE, S.R.L. y Natalia Cesarina Beltre Torres, por medio del criterio de oportunidad, autorizaron que les sea decomisado a favor del Estado dominicano dos inmuebles los cuales serán entregados mediante acta de entrega voluntaria a la Procuraduría General de la República.
El investigado Camilo Andrés Peña Hernández devolverá a su vez un millón setecientos ochenta mil pesos.
Fernando Crisostomo Herrera, conjuntamente con su defensa técnica, autoriza de manera voluntaria que sea decomisado en favor del Estado dominicano la cantidad de mil cien millones setecientos setenta mil setenta y ocho pesos dominicanos.
José Arturo Ureña Pérez, de manera voluntaria autorizó que sea decomisado en favor del Estado dominicano la cantidad de quinientos millones de pesos dominicanos y Ramón Emilio Jiménez Collie devolverá setecientos quince millones de pesos.