Las críticas a la Procuraduría General de la República tras los recientes acuerdos del Ministerio Público con diversos acusados de corrupción y que involucran a exfuncionarios de alto nivel de la pasada gestión gubernamental, podría tener su origen en organización con sede en Washington D.C., Estados Unidos.
El pasado miércoles, el periódico Diario Libre dio a conocer la información de que Daniel Guerrero, un hijo del exministro de Hacienda Donald Guerrero, a través del Fondo de Liderazgo Hispano o Hispanic Leadership Fund, estaría difundiendo informaciones críticas sobre la observación de los derechos humanos en los casos de corrupción en República Dominicana, además del manejo judicial de dichos procesos.
Esta semana, Acento obtuvo un documento en el que se destaca las supuestas violaciones cometidas por el Ministerio Público durante el desarrollo del denominado caso Calamar, cuya figura principal es el exfuncionario de Hacienda, y cuyo contenido resumimos a continuación:
La persecución política a Donald Guerrero
Donald Guerrero, exministro de Hacienda de República Dominicana, ha sido objeto de una intensa campaña de acoso y encarcelamiento ilegal por parte de los fiscales del país durante más de tres años, según sus abogados y defensores de derechos humanos. Acusaciones de privación de libertad sin cargos, violaciones del debido proceso y uso de software espía patrocinado por el Estado han surgido, lo que viola tanto la Constitución dominicana como varias convenciones internacionales de derechos humanos.
Desde que dejó el cargo en agosto de 2020, Guerrero ha estado bajo investigación y encarcelamiento arbitrario, situación que sus defensores describen como plagada de irregularidades legales. Yeni Berenice Reynoso, directora de la Fiscalía para el Ministerio Público, es acusada de abusar de su autoridad, privando a Guerrero de su libertad y derechos legales, y condenándolo públicamente sin permitirle defenderse ante un tribunal imparcial.
En abril de 2023, Berenice obtuvo una medida coercitiva que resultó en una orden de prisión preventiva de 18 meses contra Guerrero, basada en alegaciones y testimonios considerados falsos y fraudulentos. Los abogados de Guerrero señalan que nunca se le ha mostrado el expediente del caso, obstruyendo su defensa legal y violando sus derechos constitucionales.
En octubre de 2023, la Corte de Apelaciones del Distrito Nacional anuló la sentencia de prisión preventiva de Guerrero. Los jueces criticaron a Berenice por justificar la continua privación de libertad con alegatos no documentados ni probados. Sin embargo, a petición de Berenice y del Ministerio Público, las libertades de Guerrero continúan restringidas sin justificación legal, y sigue enfrentando una campaña pública de descrédito sin cargos formales presentados.
Esta situación ha generado preocupación entre los defensores de derechos humanos, quienes afirman que las acciones contra Guerrero violan sus derechos bajo la Constitución de la República Dominicana, las Reglas Nelson Mandela de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU.