La demanda por difamación e injuria de los empresarios Abraham Hazoury y Jesús Barderas contra el escritor y periodista Miguel Angel Ordoñez, presentada ante la Cámara Penal de Primera Instancia del Distrito Nacional, solicita prisión por un período de seis meses, como condena penal, y el pago de una indemnización de 500 millones de pesos como reparación por daños civiles.
Ordóñez, quien vive en España, informó a Acento que no ha recibido la demanda, pero que la espera con interés, porque tiene deseos de comparecer y mostrar a los tribunales las pruebas que sustentan sus denuncias.
El documento legal entregado por los demandantes, preparado por los abogados Luis Miguel Pereyra y Gregorio García Villavizar, indica que Ordóñez ha violado los artículos 29, 31, 32, 33, 34 y 50 de la Ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento en la República Dominicana. Ordóñez es conocedor de esa ley, pues trabajó durante varios años como periodista en la República Dominicana, y continuamente comparece a programas de radio y televisión, tanto presencialmente como por la vía virtual, en donde ha enfocado sus cañones contra Jesús Barderas, Abraham Hazoury y sus respectivos asociados y familiares.
En la querella de los empresarios se ofrecen a la Cámara Penal fotografía del periodista y escritor español, se adicionan videos, facturas y otras pruebas materiales que dicen confirmar la comisión de los delitos que se les imputan, y requieren como paso previo que las autoridades procuren la ubicación del imputado, o que se realicen las diligencias para determinar dónde se hospedó en República Dominicana, su número de pasaporte, así como la dirección en España.
Además de que justifican que la demanda ha sido presentada en la jurisdicción correcta y en el tiempo hábil, los demandantes dice que Miguel Ángel Ordóñez, durante el 2022 “ha desatado y se ha exacerbado una profusa guerra mediática que procura esencialmente desacreditar los procesos de aprobación del denominado proyecto Aeropuerto Internacional de Bávaro, que está siendo promovido por el Grupo Abrisa y el Aeropuerto Internacional de Bávaro”, entidades presididas por el empresario Abraham Hazoury.
Destacan que Hazoury es un exitoso empresario que ha desarrollado múltiples empresas educativas, de salud, turísticas y aeroportuarias, en algunas de las cuales ha participado el empresario español Jesús Barderas, especialmente en la empresa Aeropuertos Siglo XXI, que obtuvo una licitación realizada por el Estado Dominicano entre 1998 y el año 2000. Dicen que lo que era caos y complejo se convirtió en una empresa de servicios de calidad internacional. Y que en el caso del proyecto AIB es una empresa 100 por ciento privada, con inversión dominicana y extranjera, que busca fomentar el aumento del flujo turístico en la zona de Miches, Macao y Uvero Alto. También sostiene que ese proyecto se encuentra a una distancia considerable del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, ubicado en la comunidad del mismo nombre.
Sostiene la acusación que luego de todos los permisos aprobados, en razón del cambio de gobierno en agosto del 2020, “se ha desplegado una doble ofensiva tendente a tratar de desacreditar el proyecto Aeropuerto Internacional de Bávaro, a sus promotores y a las autoridades salientes que intervinieron en su aprobación…”. En este punto dan cuenta de cada una de las decisiones contrarias y de reversas que diversas instancias del gobierno han adoptado para impedir el desarrollo del Aeropuerto Internacional de Bávaro.
Explican que al mismo tiempo ha ocurrido “el despliegue de una campaña mediática, patrocinada por los competidores (de Grupo Abrisa y AIB) para tratar de condicionar a la opinión pública sobre la supuesta inviabilidad técnica, medioambiental y jurídica del proyecto, cuando en realidad lo que subyace es el interés de un competidor por mantener una situación monopólica que riñe con el derecho a la libertad de empresa y con los principios de economía de mercado y libre competencia establecidos por nuestra Constitución”.
Explican que la campaña mediática ha incluido la contratación de periodistas y comunicadores para vender a la opinión pública la falsa especie de que la aprobación del AIB obedeció al tráfico de influencia de sus promotores y a la corrupción del gobierno saliente, “para lo cual los detractores actuantes han aprovechado la ola mediática que existe sobre la figura del ex presidente Danilo Medina, sus familiares y colaboradores, ignorando adrede que dicha aprobación fue el producto de un riguroso análisis técnico-aeronáutico, medioambiental y jurídico en el que intervinieron funcionarios del más alto nivel, los cuales estaban alejados de las rebatiñas políticas que impropiamente quieren atribuirle las personas contratadas con el encargo de denostar el proyecto”.
Sostienen que hasta mediados de enero del 2022 la campaña mediática estuvo siendo desplegadas por personajes locales que participan en los medios radiales y televisivos matutinos y en otros horarios, sin embargo en el caso de Miguel Ángel Ordóñez “es una variante en la estrategia mediática pagada”.
Afirman que Ordoñez tiene varias décadas alejado de la República Dominicana, y tuvo un despertar patriótico para escribir un libro de 300 páginas sobre una licitación de la administración de aeropuertos ocurrida hace 23 años.
Informa que el libro se ha comercializado en el país, y que “manos misteriosas” se han dedicado a enviar ejemplares de este libro de forma anónima a entidades estratégicas del sector turismo y otras instancias sociales y empresariales del país.
La demanda tiene 100 páginas, y ofrece un total de 34 pruebas materiales, además de pruebas testimoniales de María Elena Núñez, Cruz Apestegui Cardenal, Astrid Díaz Menicucchi, Lawrence Hazoury Toca, Jenny Vásquez, y Pedro Porfirio Urrutia Sangiovanni.
Sostienen que las violaciones cometidas por Miguel Angel Ordóñez son “una ofensa al honor y al buen nombre a través de un medio de prensa”.
Solicitan al tribunal hacer las diligencias para determinar la dirección del periodista y escritor en España, y piden prisión correccional de 6 meses como acción penal, además de 500 millones de pesos como indemnización por los daños y perjuicios sufridos por los que se dicen difamados.