Durante el seminario Conmemoración del vigésimo aniversario del Código Procesal Penal, la procuradora adjunta y directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, reveló que en el último año más de 60 mil personas acudieron al Ministerio Público para denunciar casos de violencia de género.
Estas cifras ponen de manifiesto la magnitud de un problema que sigue siendo un desafío para el sistema judicial dominicano.
Reynoso subrayó la importancia de tomar decisiones basadas en la objetividad, destacando que no siempre las denuncias reflejan la realidad de los hechos. Además, enfatizó la necesidad de articular una política integral que coordine eficazmente a los diversos actores del sistema de justicia, respetando las funciones específicas de cada institución.
El Ministerio Público tiene una función específica de persecución, pero debemos reconocer que no siempre tenemos la razón. Sin embargo, trabajamos con la mayor objetividad posible, expresó Reynoso, haciendo un llamado a fortalecer la confianza en el sistema judicial.
En su intervención, la funcionaria también abordó las críticas recurrentes sobre la supuesta inclinación de los fiscales a imponer penas severas y recurrir a la prisión preventiva.
“Es cierto que se dice que a los fiscales nos gusta solicitar penas altas, pero esa es una parte esencial de nuestro rol dentro del sistema de justicia. Sin embargo, esto siempre se hace con base en las pruebas y en los principios legales que nos rigen”, puntualizó.
Reynoso destacó que en los últimos cuatro años el Ministerio Público ha trabajado en reducir los tiempos de respuesta en los procesos judiciales, además de implementar políticas orientadas a la búsqueda de soluciones alternas y acuerdos en casos que así lo permitan. Estas medidas, afirmó, buscan garantizar un balance entre eficiencia y justicia.
La procuradora también resaltó la valentía y el compromiso como pilares fundamentales del ejercicio judicial. “Una persona con temor no puede desempeñarse en el sistema de justicia. Es nuestra responsabilidad presentar pruebas sólidas y defender nuestras acusaciones”, afirmó, aludiendo a la importancia de la preparación y la integridad en el trabajo de los fiscales.
La directora de Persecución insistió en que la solución a estos problemas pasa por fortalecer la colaboración interinstitucional y continuar avanzando en la implementación de políticas públicas que garanticen una justicia efectiva, objetiva y humana.