La Cámara de Cuentas señala en su auditoría a la gestión de Diandino Peña en la Oficina Presidencial para el Reordenamiento del Transporte (Opret) que un funcionario de esa entidad fungió al mismo tiempo como intermediario para los contratos de los seguros para las obras del Metro de Santo Domingo.

La Cámara de Cuentas indica que en la revisión a 204 contratos de obras para las constructoras del Metro de Santo Domingo, descubrió que las pólizas de seguro presentadas por las constructoras tienen como intermediario entre las compañías aseguradoras y la Opret a Richard Enrique Sánchez Castillo, que se desempeñaba como auxiliar administrativo del Departamento Legal de la Opret, lo cual, según el informe de la investigación, generó conflictos de intereses en perjuicio del Estado dominicano.

Las pólizas de seguros para las obras de construcción incluyen desde la licitación hasta los posibles vicios ocultos de construcción que pudieran presentar, y el proceso debe estar representado por la compañía contratista sin intervención o mediación de personal de la entidad contratante, en este caso, la Opret.

Asimismo, los investigadores de la Cámara confirmaron que los contratos otorgados por la Opret a las empresas suplidoras durante el período de 2006 hasta el 2017 fueron notarizado por la Licenciada Beatriz Santaella Pichardo, que al mismo tiempo se desempeñaba como Subconsultora Jurídica del Ministerio de Obras Públicas, que es la fuente de recursos financieros de la Opret.

La Ley 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado dominicano dice en el Artículo 24, los siguiente:

“Los funcionarios públicos no podrán percibir ninguna remuneración con cargo del Estado, distinta a la propia de su puesto de trabajo, […] No podrán ejercer otras funciones que conlleven el pago de prestaciones o remuneraciones provenientes de otras fuentes, excepto las docentes”.

La funcionaria del Ministerio de Obras Públicas, según la investigación de los auditores, devengaba un salario de 80 mil pesos mensuales, además de las remuneraciones que recibía de parte de Opret por la legalización de los contratos, según los auditores de la Cámara.

Sin embargo, Edwin Rafael Feliz Brito, actual encargado del Departamento Legal de la Opret, justifica esa práctica cuando dice al Pleno de la Cámara de Cuentas que Ley 40-12 del Notario no contempla sanciones o prohibición alguna al ejercicio de la función notarial; y también se desliga de los hechos al referir que ese proceso no corresponde a su gestión y que se abstiene de dar respuestas sobre el particular.

"[…] por medio de la presente tenemos a bien comunicarle que no podemos opinar al respecto, en tanto no tenemos control de los límites de la asignación de Notario[… ]", indica Feliz Brito.