Desde el 2015, en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), operaba un entramado de recolección ilícita de fondos, involucrando a oficiales de alto rango y personal administrativo de estas instituciones.
Así lo reveló Vicente Girón Jiménez, quien explicó además que la red se valía de colaboradores que, bajo instrucciones específicas, recolectaban dinero entre el personal asignado a estas instituciones.
De acuerdo con el testimonio los sueldos de las personas nombradas en Cestur oscilaban entre los 25,000 y 70,000 pesos, pero estas debían devolver una porción significativa del dinero que recibían, quedándose con tan solo 2,000 o 3,000 pesos.
Vicente Girón Jiménez, quien es hermano de un imputado en caso Coral, al fungir como testigo por parte del Ministerio Público, informó que Juan Carlos Torres Robiou, exdirector de Cestur, y el coronel Rafael Núñez de Aza, presuntamente dirigían la operación.
Según el testigo a cargo en este proceso judicial, ambos decidían el presupuesto y las órdenes de recolección de dinero, las cuales eran ejecutadas por Raúl Alejandro Girón Jiménez, encargado de nómina de Cestur.
Detalló además que los fondos eran entregados tanto en efectivo como mediante transferencias bancarias. Entre los destinatarios de estas sumas se encuentran Raúl Girón, Rossy Guzmán y otros colaboradores de Núñez de Aza.
En esta etapa del proceso, donde el órgano persecutor está presentando los testigos del caso por parte del Ministerio Público, las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, restringieron la filmación y reproducción de las declaraciones.
Acusación
En este proceso judicial están acusados funcionarios de la pasada gestión, quienes habrían estafado al Estado por alrededor de 4,500 millones de pesos, enfrentando cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, falseamiento y omisión en la declaración jurada, y lavado de activos.
El supuesto entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Imputados
Figuran como imputados Juan Carlos Torres Robiou, el mayor general Adán Cáceres Silvestre, exresponsable del Cusep; la pastora evangélica Rossy Guzmán Sánchez, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
Están involucrados, además, los generales (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío (ARD) Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón.
En el caso también están acusados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.