La jueza Esmirna Gisselle Méndez, presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, decidió este miércoles modificar la medida de coerción impuesta al exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), Juan Carlos Torres Robiou, quien está acusado en el caso Coral por presunta corrupción administrativa.
La magistrada ordenó el cese inmediato del arresto domiciliario y la suspensión del uso del grillete electrónico que pesaba sobre Torres Robiou.
La jueza dispuso una garantía económica de tres millones de pesos, que será cubierta a través de una compañía aseguradora. No obstante, se mantuvo la prohibición de salida del país para el imputado.
La jueza justificó la variación de la medida al considerar que la privación de libertad se había extendido por un tiempo irrazonable, lo que llevó a la revaluación de las condiciones impuestas.
Este caso es parte del proceso judicial en el que se investiga supuestos actos de corrupción dentro del ámbito de seguridad estatal en la República Dominicana.
En ese sentido, Ingrid Hidalgo, representante legal de Torres Robiou, resaltó que las pruebas del Ministerio Público no demostrarán nada, a razón de que su defendido no tiene nada que ver con las acusaciones que le imputa el órgano persecutor.
En este proceso judicial están acusados funcionarios de la pasada gestión, quienes habrían estafado al Estado por alrededor de 4,500 millones de pesos, enfrentando cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, falseamiento y omisión en la declaración jurada, y lavado de activos.
El supuesto entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Además de Juan Carlos Torres Robiou figuran como imputados el mayor general Adán Cáceres Silvestre, exresponsable del Cusep; la pastora evangélica Rossy Guzmán Sánchez, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
Están involucrados, además, los generales (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío (ARD) Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón.
En el caso también están acusados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.