El pleno de la Cámara de Cuentas habría incurrido en el cambio de actas de auditorías levantadas del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) en 2019, según el testimonio presentado este miércoles por la testigo del Ministerio Público en el caso Antipulpo, Enlly Santos, quien fue auditora externa de la institución de supervisión.
Ante las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde se lleva a cabo el juicio de fondo, la empleada de la Cámara de Cuentas explicó que el director de auditoría de esa institución, en la gestión de Hugo Álvarez, le prohibió hacer levantamiento de la nómina del Fonper "sin ninguna explicación".
Santos dijo que no aceptó la decisión hecha por el funcionario, por lo que manifestó inconformidad, y que debido a esa causa, en 2023, se acercó a los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), para informarles lo ocurrido.
Asimismo, las magistradas Claribel Nivar, Clara Sobeida Castillo y Yissell Soto, escucharon al exmiembro del consejo directivo del Fonper, Rafael Gómez Medina, quien indicó que durante la gestión de Fernando Rosa sólo se aprobaron los proyectos contenidos en el presupuesto y que las actividades operativas y financieras no eran parte de las funciones del Consejo.
En esta audiencia, la abogada Ingrid Hidalgo, quien representa a la imputada Lina Ercilia de la Cruz Vargas, quien es exconsultora Jurídica de la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE), trató de descalificar a Gómez Medina por estar vinculado al caso Calamar.
Entre sus alegatos, Hidalgo indicó que el testigo ha sido investigado en "dos procesos judiciales de corrupción calificados por el órgano acusador como los más grandes que son Antipulpo y Calamar".
De acuerdo con la abogada, Gómez Medina y el Ministerio Público llegaron a un acuerdo para que pase como testigo, en vez de señalado.
Además de Enlly Santos y Rafael Gómez Medina, han sido testigos Rafael Paz Familia, exmiembro del Consejo de Directores del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); Luz María Reyes, encargada del Departamento de Recursos Humanos en el Fonper; José Rijo Presbot, director general de Presupuesto y Vicente Ismael Estrella Contreras, abogado laboró en el Fonper entre el 2013-2020.
Los encartados en este caso son acusados de incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo y uso de documentos falsos, así como financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia y lavado de activos.
También, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.
Imputados en este caso
Figuran como encartados en este proceso judicial el exministro de Salud Pública, Lorenzo -Freddy- Hidalgo, actualmente se encuentran en juicio de fondo por este caso Carlos José Alarcón, Aquiles Cristofer, Antonio Florentino, Rigoberto Alcántara Batista, Fulvio Antonio Cabrera, José Idelfonso Correa y Libni Valenzuela.
También Francisco Brea, Víctor Encarnación Montero, Lina Ercilia Vargas, Pacristy Ramírez, Carlos Martín Montes de Oca y Paola Molina y su empresa.
Asimismo, Fernando Rosa y la empresa RyT, José Dolores Santana, Wacal Vernabel Méndez, Carmen Magali Medina Sánchez, Rafael Antonino Germosén Andújar, José Miguel Genao, la compañía Editorama y Juan Alexis Medina Sánchez, así como empresas de su propiedad.